Spoiler: el Ayuntamiento de Móstoles deja en la puta calle a 92 familias que tenían concedidas viviendas para vender el suelo municipal a empresas privadas presuntamente vulnerando flagrantemente la ley.
Que loco esto de empezar por el final, pero no podía arriesgarme a que con toda la chapa legal que les voy a soltar no se enteraran del enésimo escándalo del consistorio mostoleño si no llegasen ustedes al final de mis líneas, dicho esto, les cuento el último chanchullo del ayuntamiento “más progresista” de la historia del sur de Madrid.
Voces del Sur publicaba el otro día información acerca de un caso de presunta vulneración de la ley y un –otro- posible caso de corrupción “legalizada”, lo de posible es para que no me metan mano, al final del articulo podrán sacar ustedes solas sus propias conclusiones, un tuit de Miguel Ángel Ortega, daba un poco más de forma a la información mostrada por el diario digital sureño, procurare explicarme en un lenguaje algo coloquial más entendible, mostrando cronológicamente la última de los sociatas, sostenidos por los mucho progresistas.
“En Móstoles (Madrid), siendo las 11:30 horas del día 3 de noviembre de 2011, ante mí, el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Móstoles, por delegación del Sr. Secretario y a petición del Instituto Municipal de Suelo de Móstoles, S.A., a efectos de dar fe pública del acto, se procede, en el Pabellón Polideportivo Joan Miró de este término municipal, a la celebración de acto público de Sorteo de asignación de 92 viviendas, plazas de aparcamiento y trasteros correspondiente a la Promoción 53 del IMS, conforme a las directrices que a seguido se detallan”, así, literalmente, es como comenzaba el acta de sorteo de asignación provisional de 92 viviendas en el año 2011, 92 viviendas para 92 familias con nombres y apellidos, el primer sorteo fue con dormitorios para personas con discapacidad, para darle un poco más de contexto a la aberración cometida por los del puño y la rosa.
Año 2021, el suelo público mostoleño es subastado a empresas privadas, dejando el sorteo realizado en el 2011 sin validez alguna, y aquí es donde presuntamente comienzan las irregularidades, la mesa de contratación es presidida por María Luisa Ruiz González, a 64.175 € al año, que aparece como Concejala delegada del PSOE en la propia web del ayuntamiento, cosa que presuntamente vulnera la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en donde se deja clarinete que, no puede presidir una mesa de contratación la persona titular de un órgano administrativo que, en relación con determinados contratos, tenga delegadas las competencias que el ordenamiento atribuye al órgano de contratación, asunto que ya tiene abundante jurisprudencia, por ejemplo en el Dictamen 31/21 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado del Ministerio de Hacienda.
Pero vamos a adentrarnos un poco más en el meollo, que tiene tela el asunto, “Movimiento Cooperativo Parla 2020, S.COOP. MAD”, quien gana la subasta, es dada de alta en el Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, solo 13 días antes del concurso, menuda experiencia muestran estos como para llevarse el premio gordo, y es que los criterios seguidos por la mesa de contratación dependen exclusivamente de un juicio de valor, en el acta firmada por Sonia Castellanos Benavides, directora del Departamento Económico-Financiero del IMS se lee, y cito literalmente, “la documentación presentada para exponer la solvencia de la sociedad es bastante reducida y se trata de una cooperativa que se acaba de crear”, aun así y con todo se le concede la tercera mejor puntuación. Hay que resaltar también que el estudio económico-financiero presentado por la novata cooperativa coincide al 100% con los ingresos totales, se presentan como una sociedad sin ánimo de lucro que no va a obtener beneficio alguno, si de aquí a que se realizase la obra en cuestión subiera un solo céntimo el saco de cemento, la cooperativa perdería dinero, Robin Hood se tendrían que haber llamado los samaritanos estos, cómplices de, recordemos, dejar a 92 familias sin casa cuando ya la tenían concedida, llama la atención como se llega hasta un total de 1.253.069 de euros de diferencia con Pryconsa, fíjense, seguro que este nombre si les suena, aunque solo sea por eso, creo que algo más de confianza a la hora de darles puntos al tuntún, ofrecen.
El millón y pico de pavos de diferencia citado en el anterior párrafo, podría ser entendible a ojo de quien quisiera ahorrar, pero es un disparo en el pie para el propio IMS de Móstoles teniendo en cuenta que éste se encuentra en situación de quiebra, actualmente se ha acordado investigar cómo es posible que la empresa de vivienda, que depende del Ayuntamiento, llegue a tal situación de insolvencia que tengan estos que presentarse en concurso de acreedores, y aquí es donde la matan, es la propia Marisa Ruiz, quien presuntamente vulnera la ley de contratación presidiendo la mesa, quien concede la subasta a la cooperativa registrada en Leganés, quien desvela la nefasta situación en la que se encuentra el IMS, que a día de hoy tiene unas pérdidas acumuladas de más de 24 millones de euros y una deuda de más de 45 millones, quien la entienda, que la compre, que diría mi abuela.
Y es que a los que les gusta perdonar deudas en la ITV, asunto que trataré próximamente, les mola desahuciar a familias, parece que lo de beneficiar a quien no se les conoce ni en su casa a la hora de comer aun dejando en bragas a órganos que pertenecen a su propia competencia, les importa más bien poco, como son estos “progresistas”.