@jgonzalezok / Brasil sigue inmerso en una crisis de dimensiones desconocidas, por causa de la pandemia, que ya sobrepasa el millón de contagiados. Pero la tormenta política que afecta al gobierno, y que sacude incluso al sistema democrático, no es menor. El presidente Jair Bolsonaro, en ejercicio desde enero de 2019, está llevando al país a una gravísima crisis institucional.
Todavía parece estar lejos la posibilidad de un juicio político en el Congreso, aunque ya se acumulan 48 pedidos sobre la mesa del presidente de la Cámara; también está verde la posibilidad de que el Tribunal Supremo decida anular su mandato -y el del vicepresidente-, como exigen varias denuncias argumentando delitos electorales. Pero su posición política está cada vez más debilitada. Está recogiendo los frutos de sus enfrentamientos con los otros poderes del Estado y su apoyo a grupos de extrema derecha que atacan públicamente al sistema democrático; grupos que piden la clausura del Congreso y del Supremo Tribunal Federal, que también defienden públicamente la pasada dictadura y que sueñan con un golpe militar que mantenga a Bolsonaro al frente del país.
Estos últimos días, el presidente y su familia recibieron el golpe más letal, con la detención de Fabrízio Queiroz, un ex policía a las órdenes del senador Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente. Oficialmente, su guardaespaldas y conductor, pero en realidad sería el articulador de un esquema de corrupción, cuando el primogénito del presidente era diputado en la Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro.
El hijo de Bolsonaro está siendo investigado por liderar una organización criminal y, en concreto, por los siguientes delitos:
En primer lugar, apropiarse de parte de los salarios de sus asesores en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, un esquema conocido en Brasil como “rachadinha”. Contrataba colaboradores con cargo a la Asamblea, que no hacían ningún tipo de trabajo -nunca aparecieron por su supuesto lugar de trabajo-, a cambio de devolver parte de su sueldo.
Consecuencia de este esquema, se investigan los cuantiosos pagos en efectivo efectuados por el asesor ahora preso, de gastos personales de Flavio Bolsonaro.
Se sigue la pista de numerosas transferencias bancarias efectuadas por el mismo personaje a favor del hijo del presidente. Operaciones consideradas sospechosas por el Coaf (Consejo de Control de Actividades Financieras), por posible lavado de dinero. En algunos casos, fueron depósitos con valores idénticos, efectuados en intervalos de tiempo de pocos minutos.
También están bajo sospecha las actividades inmobiliarias de Flavio Bolsonaro. Desde 2003, cuando asumió su primer mandato como diputado estadual, adquirió 19 inmuebles.
Se considera que los recursos invertidos en una tienda de chocolates en un centro comercial de Río de Janeiro, no serían compatibles con la renta de Flavio Bolsonaro. Y hay una gran diferencia entre la facturación auditada por la administración del shopping y el valor efectivamente recibido en las cuentas bancarias.
Fabrízio Queiroz, que fue detenido el pasado viernes, día 19, es un amigo de muchos años de la familia Bolsonaro, incluyendo al presidente. Está relacionado con las milicias o grupos paramilitares que actúan fundamentalmente en las favelas de Río y São Paulo. Adriano Nóbrega, íntimo amigo de Queiroz, conocido miliciano que fue muerto en febrero cuando era buscado por la policía, formaba parte del esquema criminal que investiga la Justicia. En concreto, se sospecha que parte del dinero desviado serviría para financiar dicha milicia.
La casa donde Quiroz fue encontrado después de un año de huir de la Justicia, pertenece al abogado Frederick Wassef, que es abogado también del propio primer mandatario y visitante habitual del Palacio de la Alvorada, en Brasilia, la residencia oficial de los presidentes. En septiembre pasado, Wassef negaba ser el abogado de Queiroz y afirmaba desconocer su paradero.
Pero el presidente Bolsonaro, cuya principal preocupación es proteger a sus hijos -Flavio es el más comprometido, pero también están en problemas Carlos y Eduardo-, tuvo que atender estos días otros frentes de tormenta. El mismo día de la detención de Queiroz dimitió cesó a su ministro de Educación, Abraham Weintraub, integrante del sector más radical e ideologizado de su gobierno. Fue sorprendido en un Consejo de Ministros, cuya grabación fue divulgada por la Justicia, diciendo: “Yo, por mí, metía a todos esos vagabundos en la cárcel. Comenzando por el Supremo Tribunal Federal”. A pesar de ser ministro de Educación, fueron numerosos los casos de faltas de ortografía en sus redes sociales. Y puso en apuro a la diplomacia del país al burlarse de China. Su permanencia en el puesto era insostenible, pero Bolsonaro lo recompensó enviándolo a Washington a un puesto en el Banco Mundial.
Un día antes de la detención de Queiroz y la salida del ministro, los miembros del Supremo Tribunal Federal decidieron seguir con la investigación sobre las fakenews, con la sospecha de que activistas, empresarios y políticos aliados a Bolsonaro están detrás de una red destinada a amenazar y distribuir noticias falsas contra los propios miembros del tribunal y también contra opositores políticos.
En manos del mismo tribunal está la investigación sobre el financiamiento y organización de las protestas antidemocráticas. El presidente viene reaccionando con amenazas más o menos veladas: “Nosotros, militares de las Fuerzas Armadas, porque yo también soy militar, somos los verdaderos responsables por la democracia en este país. Jamás cumpliríamos órdenes absurdas, y tampoco aceptaríamos jamás un juzgamiento político para destituir a un presidente democráticamente electo”. En otro momento, afirmó: “Está llegando la hora de colocar todo en su debido lugar”.
Con el Tribunal Supremo tras sus pasos y minoría en el Congreso, Bolsonaro intenta formar una base aliada que le permita la supervivencia. Para eso lo que en Brasil se conoce como el “centrão”, un grupo heterogéneo de fuerzas políticas con disposición para ayudar al mejor postor, a cambio de puestos en el gobierno y organismos oficiales. De momento, Bolsonaro está consiguiendo aumentar su tropa, pero estos diputados son volubles, como demuestra la experiencia reciente. Apoyan al gobierno de turno hasta que dejan de hacerlo. Si no, que le pregunten a Dilma Rousseff, que tenía mayoría en el Congreso hasta 15 días antes de su vergonzoso impeachment.