El Gobierno vuelve a lanzar una ofensiva educativa en las universidades, proponiendo tres nuevos decretos que ponen patas arriba el sistema universitario español. Nuevas iniciativas que, una vez más, huyen de la más mínima voluntad de consenso con las fuerzas políticas, sociales, ni con la propia comunidad universitaria.
El rechazo ha sido inmediato en el marco de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, se ha plasmado en una moratoria a la modificación planteada por el Ministro de Educación y realizar antes una evaluación de los títulos recién implantados antes de estudiar un nuevo cambio en dichos títulos.
Hacen un tremendo daño estas fugas hacia delante de nuestros responsables políticos, acompañadas de repentinos frenazos acompañados de recortes, inoportunos e inaceptables, tanto en sus tiempos como en sus formas. El propio Consejo de Estado se lo ha hecho notar al ministro Wert, con escaso éxito.
Conviene conocer que España se sitúa en las medias de población universitaria de países de la OCDE. Incluso un poco por encima de la media de la Unión Europea. Nuestro problema como país se encuentra más bien en la polarización entre una juventud bien cualificada y un alto porcentaje de jóvenes que no continúa, o abandona, sus estudios.
Pero esto le importa poco a un Gobierno que parece dar por bueno que la salida de la crisis debe producirse en un marco de aceptación de una desigualdad creciente. Por eso el ministro Wert parece obsesionado por favorecer el negocio universitario privado y el privilegio de unos pocos. Cuando dice que la educación es la riqueza del siglo XXI, todo el mundo entiende que se refiere a esta conversión de la educación en negocio.
Frente a la Declaración de Bolonia y la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (2007) que fija, con carácter general, 240 créditos para los grados y 60 para los másteres, el ministro se descuelga con una flexibilización de entre 180 y 240 créditos para los grados y entre 60 y 120 para los másteres.
Dice que se trata de facilitar la movilidad de los estudiantes, cuando esa movilidad tiene ya buenos resultados tanto en movilidad interior, como en programa Erasmus y en estudiantes de otros países en universidades españolas.
De hecho somos el país con más participantes que salen a estudiar en otro país y el que más estudiantes recibe de otros países. De hecho, 39.545 jóvenes salieron en el curso 2011-2012 a estudiar a otros países y 39.300 vinieron a estudiar a nuestro país. Es falso, por lo tanto que existan obstáculos para la movilidad, que haya que remover.
El Consejo de Estado alerta al imprudente ministro Wert que si sigue adelante va a encontrarse con tres ordenaciones simultáneas en la universidad. La anterior a Bolonia, la actual, y sus nuevos ordenamientos, en las mismas universidades. Una inestabilidad que ni es eficaz, ni beneficia a la calidad de la educación, cuando se realiza en un año electoral y sin buscar consenso político, ni social, alguno.
Entonces, ¿por qué Wert sigue adelante? Por el negocio en ciernes. Las universidades privadas reciben sólo al 14% del alumnado que estudia en grado universitario y el 27% de los que estudian un máster. Es decir su mayor negocio está en los máster. Mientras el precio total medio del crédito de estudios de grado es de 18,45 euros en el caso de los estudios de master el precio es de entre 26 y 40 euros. Wert trata de impulsar el mayor negocio de las universidades privadas aumentando el número de créditos en los másteres.
Este decretazo, junto al que pretende regular la creación de nuevas universidades, viene a plantear la pura ortodoxia ultraliberal: primero el negocio y los beneficios y luego la calidad en materia educativa. Una ortodoxia que lleva a eliminar cualquier limitación en la creación de universidades, al margen de aplicar otros criterios que tomen en consideración el mapa actual, la sobreoferta en determinadas ramas, o especialidades, ni tan siquiera el interés público.
El Gobierno no debería olvidar que España tiene un porcentaje de población con formación universitaria superior a la media de los países de la OCDE. Debería sopesar que este país ha cumplido ya el objetivo de la Estrategia Europea 2020, en cuanto a población con estudios universitarios. Lo que no cumplimos son los niveles medios de educación y las tasas de abandono escolar.
Si Wert quiere reformar algo, debería recorrer esta otra senda, mejorando la orientación de nuestros jóvenes, e incrementando la oferta de formación profesional de grado medio y superior. Pero no parece que vayan por ahí las intenciones del Ministro, más empeñado en convertir la educación en negocio, que en utilizarla como un instrumento imprescindible en un momento de crisis y cambio social.