jueves 6/8/20

La vivienda y el coronavirus, derecho o negocio

Justo antes de que diera comienzo la pandemia los sindicatos CCOO y UGT presentaron una Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda. No sólo preocupan a los trabajadores de este país la subida salarial, la seguridad en el empleo, la brutal precariedad que se apodera de la vida laboral, o la posibilidad de tener simplemente una vida digna. La vivienda es un problema generalizado que condiciona nuestra vida diaria y nuestro futuro.

Ha sido España, desde tiempo inmemorial, país de especuladores caóticos pero bien organizados, que han sabido hacer negocio de todo, incluidas las necesidades más acuciantes de las personas. Cuentan que fue la reina regente María Cristina (esta familia de los Borbones siempre ha estado muy atenta a la economía y a la aparición de nuevas oportunidades de negocio), la que reunió un buen día a los empresarios madrileños para orientarles, que se ve que andaban un poco perdidos,

-Puesto que Madrid no tiene industria, hagamos industria del suelo.

Parece ser que esa fue la ingeniosa consigna que transmitió la regente y que luego ha sido seguida por otros muchos empresarios a lo largo y ancho de las Españas, con tanto éxito que no ha importado el regionalismo, o el nacionalismo, de cada cual. Todos se han aplicado a la fórmula monárquica de éxito seguro.

Era cierto que Euskadi tenía minas, fundiciones, puertos y creaba bancos que abrían sedes en la calle de Alcalá. Como lo hacía Cataluña, que no perdía comba con sus industrias textiles y sus habilidades comerciales históricas, su  puerto de Barcelona. Tan pronto ponían y quitaban ministros en Madrid, como secundaban aventuras nacionalistas, o pedían la inmediata presencia del ejército en las Ramblas para aplastar las revueltas obreras. También en otras periferias la actividad portuaria y comercial producía buenos beneficios y un capital que permitía invertir en nuevas industrias y en desarrollo territorial.

Los empresarios, comisionistas y clientelas políticas, del rey abajo todos, se llevaban la tajada mayor y los trabajadores de toda España, como hoy lo hacen los de otros países, acudían como maquetos, o como charnegos a los nuevos escenarios de desarrollo económico y recogían lo que buenamente, o a la fuerza, quedaba disponible tras el saqueo de los triunfadores.

El problema de la vivienda forma parte de los rescoldos modernos de los tradicionales males de España. Herencia de la cuestión agraria y la cuestión social nunca bien resueltas

El problema de la vivienda forma parte de los rescoldos modernos de los tradicionales males de España. Herencia de la cuestión agraria y la cuestión social nunca bien resueltas. España es uno de los países europeos que, pese a sus problemas de desigualdad y desequilibrios sociales, menos recursos dedican a protección social y política del derecho a la vivienda.  El 0'1% del Producto Interior Bruto (PIB) dicen los sindicatos. Para hacernos una idea, países como el Reino Unido dedican el 1’2%, Francia el 0´8%, igual que Finlandia, mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en el 0´6%.

Desde el año 2013, el de mayor impacto de la crisis económica, el precio de la vivienda subió más del 30% en España y un 55% en capitales de la especulación como Madrid. La especulación del suelo, de la vivienda nueva y usada, no parece tener remedio en España. Forma parte esencial de la cultura de acumulación de capital.

Muchas familias, muchos jóvenes, son expulsados a la periferia de las grandes ciudades, hacia los nuevos desarrollos urbanísticos construidos alrededor de un centro comercial despampanante, o viven de alquiler hasta que pueden meterse en la compra de una vivienda. Más de la mitad de los jóvenes y el 30% de quienes tienen entre 30 y 45 años viven de alquiler, pero en el total de hogares el alquiler sólo representa el 17´5%. Es lógico, cuesta tanto alquilar como ir pagando al banco las mensualidades de una hipoteca.

Ante esta situación, no parece descabellado volver a plantear medidas que permitan el acceso a la vivienda, entendido como necesidad y derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el propio artículo 47 de la Constitución Española.

Ahora que se habla tanto de constitucionalismo convendría recordar que la Constitución es un pacto social de convivencia acordado y aprobado por el pueblo. Si la Constitución no se cumple el pacto se rompe y las grandes banderas al viento no son nunca remedio suficiente para esconder la triste realidad.

Medidas como la limitación temporal de los precios máximos del alquiler en determinadas zonas tensionadas por la especulación, programas de alquiler seguro y asequible, ayudas a la rehabilitación de vivienda con destino a alquiler concediendo beneficios fiscales, controlar las actuaciones de fondos buitre y de las SOCIMI en las compras de inmuebles y su alquiler, evitar que la turistificación incremente abusivamente los precios de alquileres de forma desregulada y expulsando a la población hacia otras áreas urbanas.

No me parecen medidas descabelladas. Más bien creo que son actuaciones razonables contra la usura y el enriquecimiento indecente de unos pocos. Como no me parece mal que nos tomemos en serio seguir el ejemplo de numerosos países avanzados de la Unión Europea, desarrollando Planes para impulsar parques públicos de viviendas de alquiler social , evitando que suelo público sea vendido, revendido, intercambiado y malversado para beneficio exclusivo de intereses privados.

Operaciones especulativas como la de Chamartín, o el Paseo de la Dirección, cuestionadas desde el principio por el movimiento vecinal, por más que hayan sido aprobadas por gobiernos que se reclamaban de progreso, como el de Carmena en Madrid y ahora bendecidos por la Comunidad de Madrid aprovechando el tiempo de la pandemia, deberían ser revertidos y no volver a alentarse nunca más.

Como todo, este problema de la vivienda, aún siendo ancestral, endogámico, enquistado y atávico, forma parte inherente de la cultura de negocio española, pero tiene solución. Es posible cambiar la lógica y pensar en el derecho de las persona en lugar de en el negocio de los especuladores.

Veremos en qué queda la iniciativa sindical, tapada por la pandemia, pero los gobiernos municipales, autonómicos y del Estado no deberían dar una vez más la callada por respuesta, ni dejar el asunto sobre la mesa de gobierno, en el paquete de los problemas que no tienen solución, o en el de aquellos que ya se solucionarán, si acaso, con el tiempo.

La vivienda y el coronavirus, derecho o negocio