La Fundación 1º de Mayo ha publicado un estudio sobre el "Trabajo no Declarado en España", elaborado por Fernando de la Rocha que no puedo pasar por alto y que merece una atenta lectura. Para animar a la misma os traslado algunos de sus datos y conclusiones más relevantes.
Según la OCDE, la media de economía sumergida en sus 21 países miembros podría situarse en torno al 14 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Una media que en el caso de España se elevaría al 19,8 por ciento de nuestro PIB, situándonos, por detrás de Grecia (25,2 por ciento), e Italia (22,2 por ciento), a la cabeza de la economía sumergida y el trabajo no declarado en Europa.
Los técnicos de Hacienda, presentan estimaciones aún más alarmantes, en torno al 23 por ciento del PIB. El volumen de empleo irregular podría situarse, con estos datos, por encima de los 4,3 millones de trabajadores, aunque una parte de ellos podrían compatibilizar un empleo regular con actividad en la economía sumergida.
Sectores como el de la Construcción, la Hostelería y la Restauración, la agricultura, el trabajo doméstico en hogares que emplean personas, la educación en escuelas infantiles, escuelas de verano, las actividades extraescolares. El comercio al por menor, los servicios sociales de atención a personas, la sanidad privada. Los servicios de todo tipo a las empresas, el transporte de mercancías por carretera y determinadas actividades de asistencia técnica en diferentes administraciones públicas, son sectores que pueden tener mayor incidencia de la economía sumergida y el trabajo irregular.
Inmigrantes, jóvenes, mujeres, son las principales víctimas de estas situaciones.
El trabajo no declarado es una preocupación en Europa. Diferentes Estados han adoptado medidas para afrontar el problema. También España ha puesto en marcha un Plan de Medidas para regularizar el empleo sumergido.
Un plan sobre el que las organizaciones sindicales hemos planteado corregir sus aspectos más negativos. Para empezar la inexistencia de un diagnóstico previo del empleo irregular en España.
El Plan se centra en los empresarios y no en los trabajadores, con lo cual obvia sectores enteros como el trabajo doméstico o los autónomos. No incluye medidas contra la explotación laboral, o el control de las condiciones de trabajo. No incluye garantías de calidad de la contratación, ni los mecanismos fiscales y recaudatorios.
Tampoco establece mecanismos de seguimiento y evaluación. Ni tan siquiera de seguimiento de los contratos realizados.
No se revisan las medidas de infracción y sanción, ni el necesario reforzamiento de la Inspección de Trabajo.
El plan sería así más voluntarista que realista. Más un mecanismo para cubrir el expediente ante la Unión Europea, que una solución real a un problema que lastra nuestra economía.
Una vez más lo urgente, aún más en tiempos de crisis, hace olvidar lo necesario.
Necesitamos, sin embargo, urgentemente, actuar contra la economía sumergida y el empleo irregular, de forma integral, abordando todas las dimensiones del problema. Coordinando a las Administraciones implicadas. Con participación de sindicatos y empresarios. Marcando objetivos temporales y dotándolo de recursos humanos y materiales.
Una vez más, frente a los argumentos de flexibilización y mayor liberalización, se necesita una “transición justa” que haga emerger el empleo no declarado e irregular, para transformarlo en empleo regular y decente.
Esperemos que la crisis no justifique una vez más el aplazamiento de las necesidades reales, sin atender a las cuales, la salida será ficticia y, tan sólo el prolegómeno de nuevos pelotazos y burbujas, que irremisiblemente terminaremos pagando los trabajadores y la ciudadanía.