Abro cada día los periódicos para encontrarme con titulares como los siguientes:
- La mitad de los cursos de formación eran un timo
- El dinero de los cursos de formación en Madrid se gastó en mordidas, putas y cocaína.
Y así, poco más o menos día tras día. Cualquiera que desayune así cada mañana debe pensar que la mitad de la formación en España es fraude y corrupción. Puede pensar, de la misma guisa, que la formación se imparte en burdeles, o que los cursos versan sobre materias que tienen que ver con la cocaína.
Es el problema de un país en el que la política ha sido sustituida por las asambleas tertulianas, cuanto más crispadas mejor. Lo más importante es el titular escandaloso y llamativo y no tanto las propuestas y soluciones.
Deteriorar la imagen de la formación para el empleo, forma parte del itinerario obligado para proceder a convertirla en negocio sometido a las leyes del mercado. Lo hemos visto en cualquier servicio público, ya sea la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda social y llevamos años viéndolo en la formación de los trabajadores y trabajadoras.
No quiero decir que no haya muchas cosas que mejorar en el subsistema de formación para el empleo, ni que no haya casos de corrupción, como los hay en otras muchas cosas en nuestro país. Quiero decir que los cerca de 1900 millones que empresas y trabajadores pagamos anualmente a la Seguridad Social, en forma de cuota de formación para el empleo, son un goloso manjar para las apetencias de buitres dispuestos a obtener beneficios en un nuevo caladero.
No es lo mismo reformar y mejorar un sistema construido a los largo de más de 20 años, que ponerlo al servicio del negocio privado. Porque los centros públicos (Universidades, Centros de FP, o de Educación de Adultos) siguen siendo los grandes olvidados del sistema.
Así las cosas, el Gobierno tiene muy fácil aprobar una nueva regulación no acordada de la formación para el empleo. En un año electoral y con escándalos de la formación en algunas Comunidades Autónomas como Andalucía o Madrid, muchos medios de comunicación aplaudirían la iniciativa de expulsar del sistema de formación a los empresarios y sindicatos. Pero eso no significaría poner en marcha soluciones reales a los problemas de la formación.
Conviene en este momento llamar la atención sobre los dos titulares a los que me he referido al principio. En el primero de ellos el medio de comunicación pretende atizar al Gobierno de Andalucía por el fraude de los cursos de formación. El segundo titular cuestiona a algunos empresarios de la cúpula de CEIM que mantenían un sucio negocio con un presunto delincuente, cuyo apellido ha dado nombre al “caso Anieri”. El Gobierno de Madrid pagaba esas subvenciones, pero eso no se airea tanto.
Ninguno de los dos titulares tiene que ver con los cursos programados por sindicatos o empresarios en el marco de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. De hecho, la Formación programada por el Estado desde la Fundación Tripartita puede mejorar su gestión, pero no propicia fraudes, irregularidades, ni grandes casos de corrupción. Sin embargo, es la Fundación Tripartita la que es presentada sistemáticamente como responsable de todos los desmanes existentes.
Estos titulares hacen referencia a recursos transferidos por el Estado a las Comunidades Autónomas sin que existan criterios compartidos de ejecución y sin información adecuada y suficiente sobre lo que se hace y como se hace. Esta descoordinación da lugar a que haya comunidades que lo hacen bien y otras que no lo hacen tan bien. Y en cualquier caso, cada uno lo hace a su aire, sin coordinación en la gestión. Estamos hablando de más de 1000 millones de euros al año, transferidos desde la cuota de formación a las Comunidades Autónomas.
Digamos pues, que una reforma seria de la Formación para el Empleo, debería respetar las competencias de ejecución de cada Comunidad, asegurando el destino finalista de los fondos de formación, pero creando instrumentos que refuercen la información y compartiendo criterios en la ejecución, para evitar, cuando menos, irregularidades, duplicidades y disfunciones administrativas. Asegurando la participación de los empresarios y sindicatos, reconocida por el Tribunal Constitucional, pero muy irregular cuando no inexistente en determinadas Comunidades Autónomas.
Las Comunidades Autónomas forman sobre todo a personas desempleadas, pero también a ocupadas. Formar a estas personas, sin valorar la información, la propuesta, el análisis, la evaluación, el conocimiento de las necesidades, trasladadas por los empresarios y representantes de los trabajadores, en el ámbito y en el marco que determine cada Comunidad Autónoma, sería un profundo error, que seguiría manteniendo los problemas.
Mas información compartida, más coordinación entre Estado y Comunidades Autónomas, más relación entre Ministerio de Educación y Ministerio de Empleo y más participación de empresarios y sindicatos en el conjunto de las Comunidades, serían los elementos esenciales de una reforma real que solucione problemas y no sólo busque titulares electoralistas.
Dejo para mi siguiente artículo un análisis de la formación que se bonifican empresas y la formación de oferta que programa el Estado, con la participación de la Fundación tripartita.