Al contrario de lo ocurrido con la crisis financiera de nuevo tipo desencadenada en 2008, en esta ocasión los gobiernos han renunciado a los recortes de recursos públicos y rescates crueles y se han empeñado en regar dinero sobre los pueblos golpeados por la pandemia de una forma desconocida desde hace muchas décadas.
Basta prestar atención y comprobar cómo hace una docena de años los ultraliberales de moda se liaron la manta a la cabeza y dejaron abandonada a su suerte a millones de personas, sembrando nuestras vidas de precariedad y empleos basura. Pero no, esta vez no, con la pandemia no.
Esta vez las medidas de protección se han multiplicado. Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han venido a taponar los efectos brutales de la paralización, o de las restricciones temporales, de actividades económicas afectadas por el confinamiento. Medidas a las que han venido a sumarse otras como la aprobación de un subsidio extraordinario para personas paradas que han agotado su periodo de prestación.
Nuevas políticas como la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), las ayudas directas extraordinarias para solucionar los problemas transitorios de pequeñas y medianas empresas, la atención a problemas específicos de trabajadores y trabajadoras autónomos, o del mundo de los artistas y del espectáculo.
Los tiempos duros no han hecho más que comenzar y el papel de las organizaciones sindicales va a ser esencial para forzar a gobiernos y organizaciones empresariales a prestar atención a las personas y a un nuevo modelo productivo
En todas estas iniciativas el gobierno de coalición ha contado con el apoyo y la ayuda de los sindicatos. Habrá quien piense que actúan en connivencia con el gobierno de progreso, pero lo cierto es que esos mismos sindicatos hubieran apoyado medidas sensatas de cualquier gobierno, a la vista de las circunstancias excepcionales que estamos atravesando.
Es cierto que las circunstancias excepcionales han obligado a adoptar medidas excepcionales, a veces improvisadas, equivocadas en algunos momentos, que han suscitado polémicas internas entre los miembros del Consejo de Ministros, que se han retrasado en su aplicación, pero que nadie en su sano juicio se atrevería a tirar por tierra sin tomar en consideración que son muy pocas las ocasiones en las que una sociedad y un gobierno han tenido que afrontar situaciones tan complicadas, inesperadas, sobrevenidas.
Y ahí han estado los sindicatos a pie firme, negociando en todo momento que las medidas alcanzasen a cuantas personas podían perder el empleo, o su pequeña actividad económica. Y sin embargo esos mismos sindicatos saben que no hemos hecho sino comenzar una larga andadura, complicada y dura, para recuperar actividad económica, pero sentando bases sólidas, sostenibles, respetuosas con el medio ambiente y con las personas. Eso sólo es posible asegurando transiciones justas hacia nuevos modelos económicos y sociales más justos y equilibrados.
Los sindicatos saben que los ERTE pueden terminar transformados en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que supongan pérdidas definitivas de empleo en nuestro país. Nos hemos gastado 24.000 millones de euros a lo largo de 2020 para sostener esos empleos y no es cosa de dejar que se terminen perdiendo.
Ha comenzado a ocurrir. Algunas empresas comienzan a tomar decisiones sobre recortes de plantillas. 600 personas en Douglas, 200 en Viajes Carrefour, 275 en la Universidad Europea, 150 en Tubacex y otras muchas empresas que suman miles de previsiones de pérdidas de puestos de trabajo.
Los trabajadores han visto reducir su poder adquisitivo al pasar a cobrar un 70% de sus ingresos con los ERTE y ahora pueden ver laminados sus puestos de trabajo por un ERE. La Ministra de Trabajo acaba de enunciar que los ERTE pervivirán mientras la pandemia siga golpeando nuestras vidas, lo cual no es contradictorio con la necesidad de controlar el fraude que los inspectores de trabajo han detectado en algunos miles de empresas.
Los tiempos duros no han hecho más que comenzar y el papel de las organizaciones sindicales va a ser esencial para forzar a gobiernos y organizaciones empresariales a prestar atención a las personas y a un nuevo modelo productivo y no sólo al sostenimiento de las grandes empresas que gobiernan las organizaciones empresariales.
Se avecinan tiempos en los que habrá que lidiar con resistencias, tiempos en los que se pueden agudizar los conflictos, las contradicciones, las protestas, el descontento. Un modelo económico y de valores sociales ultraliberales se encuentra al borde del colapso y deberá ser la izquierda política, social, sindical la que encuentre respuestas a unas situaciones nuevas, complejas, pero de las cuales depende nuestro futuro.