martes 27/10/20

Ingreso Vital y pandemia

Hace treinta años, tras la Huelga General del 14-D de 1988, los sindicatos nos metimos en el debate del salario social en toda España. En nuestra Propuesta Sindical Prioritaria planteábamos una herramienta que constituyera la última red de protección social frente a las crisis cíclicas del capitalismo y para ayudar a todas esas personas que de forma transitoria, o permanente, eran arrojadas fuera del mercado laboral y de cualquier tipo de acceso a ingresos regulares. Condenados a la marginación, la exclusión social y la pobreza.

No fue fácil, porque incluso en la izquierda había quienes ponían serias objeciones, considerando que la puesta en marcha de las Pensiones No Contributivas (PNC) eran más que suficientes para dar por cerrado el círculo de la protección social. Aún recuerdo las presiones que sufrió Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid para no poner en marcha el Ingreso Madrileño de Integración (IMI), porque era mejor enseñar a pescar que dar peces, algo que desmontaron luego estudiosos como Mario Gaviria, asesor del gobierno madrileño desde la Universidad de Navarra, en aquel magnífico libro La Caña y el pez, estudio sobre los Salarios Sociales en todas las Comunidades Autónomas bajo unas u otras denominaciones

Los empresarioshan considerado de forma recurrente que cualquier cantidad entregada a las familias sin ingresos desincentivaría la necesidad de buscar un empleo, argumento que siguen enarbolando aunque haya sido desmentido por la propia realidad. Si alguien puede trabajar buscará un empleo y un salario, en lugar de conformarse con ser perceptores de 400, 500, o 600 euros mensuales.

En cuanto a la derecha política ha defendido siempre los argumentos de las organizaciones empresariales y se ha dedicado a desacreditar las rentas, o ingresos mínimos, catalogándolos de paguitas, limosnas, subsidios. Pese a ello, gobiernos autonómicos, de izquierdas o de derechas, han dedicado esfuerzos presupuestarios y legislativos para poner en marcha sistemas de rentas mínimas en todas las Comunidades Autónomas.

La pandemia ha hecho que la mayoría de las fuerzas políticas, los sindicatos y hasta algunos empresarios, los más atentos a la evolución de las tendencias en otros países y escuchado propuestas como las emanadas de Silicon Valley (el laboratorio de la Inteligencia Artificial del mundo), consideren que el mantenimiento de un sistema capitalista mínimamente cohesionado y con capacidad de consumo, hace necesario que quienes carecen de todo tipo de ingresos encuentren vías de supervivencia, alimentación y consumo.

La desescalada va a dejar a muchas personas y familias a los pies de los caballos de la pobreza, la marginación, la exclusión social, el hambre

La llegada de la pandemia ha arrojado al desempleo, a la inactividad económica, al cierre de negocios a millones de españoles. La desescalada, por muy rápido que se produzca y por segura que sea, va a dejar a muchas personas y familias a los pies de los caballos de la pobreza, la marginación, la exclusión social, el hambre.

Por eso las medidas de fortalecimiento de los servicios públicos y de la protección social son imprescindibles. El reforzamiento del sistema sanitario público, para salvar vidas. El desarrollo de la enseñanza pública para atender a las nuevas necesidades y demandas que va a exigir un sistema educativo que va a tener que formar al alumnado en condiciones nuevas y distintas. Asegurar el futuro de las pensiones públicas.

Proteger a las personas que pierden el trabajo, tanto económicamente como en sus posibilidades de acceder a nuevas oportunidades. Fortalecer nuestros servicios sociales y su capacidad de atender a las personas que necesitan asistencia y ayuda de las administraciones, por ser mayores dependientes, por ser infancia en situaciones de pobreza y exclusión, por ser familias marginadas, por cualquier circunstancia como esta pandemia que golpea a personas, familias, barrios enteros, al conjunto de la sociedad.

Las Rentas Mínimas autonómicas, fruto del diálogo social entre gobiernos autonómicos como el de Joaquín Leguina, o luego el de Gallardón, con sindicatos y empresarios, son hoy la última red para compartir esfuerzos que permitan romper romper el cerco de la pobreza y facilitar la integración y la inclusión laboral y social de las personas.

El Ingreso Mínimo Vital aborda el mismo reto desde el Estado Central. Puede ser un paso adelante hacia la mejor coordinación y la suma de recursos de todas las administraciones y para atender una demanda extraordinaria como la que ha generado el Coronavirus, o podemos intentar suplir unos recursos con otros, con escasos resultados reales.

El Salario Social, Renta Mínima, Renta Básica, o Ingreso Mínimo (hay diferencias conceptuales, pero haremos mal en perdernos en estériles debates sobre ellas), ha venido para quedarse y más nos vale que el Estado trabaje con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, para asegurar, en el marco del diálogo social, que la última red funciona, protege a las familias y a las personas sin empleo, sin ingresos, sin recursos, evitando el enquistamiento de la pobreza.

Ese debe ser uno de los componentes de la nueva realidad, la nueva normalidad, que rompa la lógica del abandono y el aumento delas desigualdades que nos conduce al desastre como sociedad y a la desaparición como especie.

Ingreso Vital y pandemia