viernes. 29.03.2024

Desastres de la educación española en 2016

Es cansino, pero muy eficaz, ese machacón bombardeo que sitúa a la formación y la educación como instrumentos al servicio de la economía.

Es cansino, pero muy eficaz, ese machacón bombardeo que sitúa a la formación y la educación como instrumentos al servicio de la economía. Alentar insistentemente este enfoque sesgado pretende hacernos olvidar, más temprano que tarde, que la educación y la formación son derechos constitucionales y que la “competitividad” de las empresas no puede prevalecer sobre las necesidades individuales y sociales.

Para alimentar aún más estas tendencias intencionadas se promueven estudios y encuestas que concluyen sistemáticamente que existen serios desajustes entre las aptitudes que demandan las empresas y la falta de personas la formación necesaria.  Se airean datos como que hay 59.000 vacantes de puestos de trabajo sin cubrir a finales de 2015, por falta de cualificación.

Pero claro, estos creadores de tendencia obvian dos circunstancias que no hay que olvidar: contamos con la generación de jóvenes en paro más cualificada de la historia y con 4.800.000 personas paradas en estas mismas fechas. Así visto, el planteamiento de la falta de personas cualificadas suena hasta ridículo.

Vivimos en un país poco valorado internacionalmente desde el punto de vista educativo.  Los niveles de fracaso y abandono escolar son demasiado altos. De otra parte, el famoso informe de pago, el llamado informe PISA, nos sitúa también bastante mal. La respuesta del PP, inducida por la soberbia de ministro Wert, ha consistido en atacar con brutalidad el eje vertebrador de la educación española, la escuela pública.

Si la LOMCE ha destrozado el consenso educativo, el Ministerio de Educación ha ido reduciendo la inversión en programas que compensan desigualdades, hasta un 24% entre 2009 y 2015. El número de docentes ha caído en 30.000 personas menos, mientras el alumnado crecía un 17%. Sin embargo los centros concertados han observado la tendencia contraria.  Más inversiones pese a que el alumnado en los mismos sólo ha crecido un 5%.

Las alumnas y alumnos son segregados, clasificados, dirigidos durante la educación infantil y la enseñanza obligatoria. Al final la desigualdad se consagra dirigiendo a las alumnas y alumnos con mayores dificultades hacia una artificialmente devaluada Formación Profesional. Ese procedimiento perverso consigue mantener la mala imagen de la formación profesional que es, sin embargo, prioritaria y preferente como opción en muchos países de Europa.

El gobierno del PP ha propiciado la caída de efectivos en el profesorado, el aumento del mínimo de alumnas y alumnos por profesor, o profesora, la elevada rotación de las plantillas. La única preocupación de la reforma de Wert y la aprobación sin acuerdos de su LOMCE, consiste en actuar sobre la formación del profesorado para que cumplan los objetivos de la nueva ley y mejorar así nuestra posición en el informe PISA, un informe devaluado y sesgado, que se elabora en función de los interesas económicos de la OCDE.

Se desprecian así, criterios y orientación de otros organismos mundiales, como la UNESCO, que prestan atención no solo a los contenidos, sino a la capacidad de las nuevas generaciones, para vivir en sociedades  complejas, lo cual exige un profesorado preparado para el diálogo y el consenso. Para preparar a las nuevas generaciones para analizar, diseccionar, juzgar y actuar sobre la realidad, desde diferentes puntos de vista.

Es verdad que mejorar la cualificación general es importante. Pero prestando atención, especialmente, a las personas desempleadas. Sólo se ha ejecutado el 60% del presupuesto para formación de personas desempleadas, mientras que sólo el 5% de ellas han recibido formación.

Una posible línea de actuación podría pasar por el impulso a la formación dual tanto desde el Ministerio de Educación, como el de Empleo. Sin embargo, más allá de las declaraciones rimbombantes, no existen evaluaciones de calidad, cantidad, e impacto de ese tipo de formación en nuestro país.

Además de que la implantación de programas autodenominados de “formación dual” en la educación y a través de los contratos de formación, deja mucho que desear y tiene muy poco que ver con el modelo alemán, o de otros países europeos. Hay recursos, se aplican bonificaciones y ayudas a las empresas, crecen los contratos de formación, pero la realidad es muy poca formación y muy baja y mala contratación.

Por último, en lugar de implicar a las universidades en estos retos de cualificación y empleo, se las embarca en la expansión de la oferta formativa descontrolada de másters, cursos, títulos propios, de cuestionable calidad en algunos casos.

En lugar de racionalizar y coordinar cada vez mejor la Universidad con la sociedad y la realidad de las empresas, se alienta la constitución de nuevas universidades privadas y la desregulación de la duración del primer ciclo, situándolo en 3ó 4 años, en lugar de buscar una mayor racionalización de la formación universitaria.

El panorama en la educación no es, ni mucho menos, prometedor. Y, sin embargo, cada vez aparece como más necesario un pacto de Estado, en esta materia, de la inmensa mayoría de los partidos políticos y del conjunto de la sociedad, que sustituya la imposición de las políticas por la capacidad de diálogo y negociación.

El horizonte de un nuevo gobierno que surja del aparentemente inevitable “ponte bien y estate quieto” de una nueva foto electoral, parece aún lejano, e incierto y, en el mientras tanto, las inercias de los recortes (también educativos), por más en funciones que las consideremos, siguen triunfando. Sembrando problemas y recogiendo malestares y contestación. Impidiendo acuerdos y soluciones negociados. Pero decididamente, en este país, cuando se trata de ir a la batalla, el fervor es imbatible. Otra cosa es cómo volvemos de la misma. Otra cosa es contabilizar los desastres de la guerra. Pero eso ya, que lo haga un tal Francisco de Goya, que se le da bien dibujar.

Desastres de la educación española en 2016