No había comenzado el coronavirus y la Comisión Europea alertaba de que la participación de las rentas salariales de los trabajadores y trabajadoras perdía cada vez mayor peso en el reparto del Producto Interior Bruto (PIB) de sus países. No es que ocurriera en toda Europa, pero en dos tercios de los países de la UE los trabajadores reciben una parte menor del PIB que hace 10 años, cuando estábamos comenzando a sentir los efectos de la crisis.
Es cierto que esa disminución de la participación de las rentas de los trabajadores en la riqueza nacional no es igual en todos los estados de la Unión Europea. En general las mayores disminuciones de la riqueza de las renta del trabajo se produce en países como Irlanda, Croacia, Chipre, Grecia, España, Portugal, o Malta. Como podemos observar, países del Sur, aunque también se observan retrocesos más moderados en Bélgica, Dinamarca, o Finlandia, mientras que otros países como Italia, Francia, Austria, o Suecia, quedan casi igual que estaban.
En estos momentos la derogación de la reforma laboral no es un capricho, sino una necesidad
En España el retroceso fue de 4´3 puntos, los salarios representaban el 53´5 por ciento en 2019, cuando hace diez años representaban un 57´8 por ciento. Un dato que se corresponde con el hecho de que los datos de pobreza en España no retroceden, hasta el punto de que 10 millones de personas, un 21´5 por ciento de la población española vive en la pobreza.
Mientras tanto algunos informes sobre riqueza global aseguran que España es el octavo país del planeta en el que más crece el número de millonarios. La crisis desencadenada en 2008 ha demostrado de nuevo que la recuperación y el crecimiento económico no traen necesariamente consigo la reducción de la pobreza de un país y aún menos al mismo ritmo en el que se produce el crecimiento de la riqueza.
Son los propios gobernantes, casi independientemente de su signo político, los que asumen que la recuperación económica y social viene de la mano de la acumulación de capitales que luego son invertidos y que terminan produciendo empleo y un reparto más equilibrado de la riqueza. La pobreza aumenta durante los periodos de crisis, pero la recuperación no siempre trae de la mano la disminución de la misma.
La crisis de 2008 ha agravado esta situación. En España, la reforma laboral, especialmente la de 2012 ha producido inmediatamente mayor temporalidad, un escenario de precariedad laboral y una devaluación de los salarios que han terminado perdiendo peso en el reparto de la riqueza nacional.
En estos momentos la derogación de la reforma laboral no es un capricho, sino una necesidad. Llama la atención que la patronal española y sus voceros se escandalicen ante las reclamaciones sindicales para proceder a la derogación de los efectos más perjudiciales de la reforma laboral, mientras exigen rebajas de impuestos y derivación masiva de los recursos disponibles para apuntalar empresas y sectores indiscriminadamente. La nueva normalidad para ellos parece suponer la reconstrucción de las viejas prácticas del beneficio fácil, rápido, con mínimas inversiones y riesgo nulo.
Pero si ésta era una situación muy generalizada antes de la entrada en escena del COVID19, la pandemia ha puesto encima de la mesa la necesidad urgente de crecimiento de los salarios mínimos establecidos en cada país y la creación de sistemas que aseguren unos ingresos mínimos para que ninguna persona, ninguna familia, carezca de los recursos esenciales para asegurar su suficiencia económica.
Es urgente dar cumplimiento al compromiso de establecer salarios mínimos equiparables al 60 por ciento del salario medio de cada país y a los propios acuerdos interconfederales para que los salarios de los convenios se sitúen en los 1000 euros como mínimo. La Comisión Europea, en boca de su presidenta Ursula von der Leyen se ha comprometido a trabajar para construir una economía al servicio de las personas.
Nadie puede pensar que más de una década después del inicio de la crisis de 2008 y después del estado de alarma en el que nos ha situado la pandemia, precedida por los efectos cada vez más evidentes del cambio climático, las soluciones puedan venir del simple mantenimiento de un sistema de producción y un modelo de sociedad que ha dado todas las muestras de agotamiento y capacidad de conducirnos no tanto a la destrucción del planeta, como a la desaparición de la especie humana.
Las organizaciones sindicales europeas, agrupadas en la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC-CES), venían insistiendo tras la crisis en el necesario fortalecimiento de la libertad sindical y los derechos de negociación colectiva y afiliación. Hoy, tras el brutal golpe de la pandemia en nuestras vidas, nuestros empleos, nuestras formas de convivencia, el fortalecimiento del diálogo social y la búsqueda de salidas justas y equilibradas de esta crisis no pueden ser sustituidas por la imposición.
Simple y llanamente tenemos que construir un mundo nuevo sobre la base del acuerdo justo entre cuantos vivimos en el planeta. Egoístas, parásitos y vividores, échense a un lado, absténganse, que como decía Luis Pastor, los tiempos están cambiando, ¡agárrense que aquí vamos!