Se ha iniciado la tramitación parlamentaria del Real Decreto Ley de Reforma de la Formación para el Empleo. Desde nuestro punto de vista hay algunos temas que suscitan un rechazo muy amplio ante algunas propuestas del Gobierno. Lejos de reformar y dar solución a problemas existentes, las medidas del Gobierno comprometen el futuro del sistema de formación para el empleo.
Uno de esos temas es el del cheque-formación. Los cheques-servicio son reflejo de la obsesión de muchos gobiernos de derechas por abrir las puertas de los recursos públicos al negocio privado. En el caso del cheque de formación, los recursos de la cuota de formación pasan directamente a los proveedores de un servicio público, obviando la utilización de los cuantiosos y excelentes recursos públicos en centros de formación profesional, o universidades.
Un organismo, dependiente de la Unión Europea y responsable de las políticas de formación, como CEDEFOP, alerta sobre el hecho de que el cheque de formación fomenta las desigualdades, al actuar como instrumento de acceso selectivo a la formación. Además, experiencias en otros países europeos han demostrado que son las personas con más altos niveles educativos y las grandes empresas, las que más se benefician del cheque-formación. El problema de España se encuentra, por contra, en los altos porcentajes de baja cualificación y no lo contrario, por lo cual el cheque-formación es más una opción ideológica y de negocio, que una forma útil para afrontar el problema real.
Si a todo ello le añadimos la experiencia inglesa, en la que, durante su primer año de implantación, el cheque de formación alentó un fraude de 95 millones de libras esterlinas, a cargo de proveedores de formación sin escrúpulos, lo cual condujo a finalizar prematuramente su implantación, el riesgo de implantar esta medida en nuestro país es evidente.
Para la derecha gobernante, esgrimiendo sus concepciones ultraliberales, el cheque formación es un instrumento de libertad individual, lo cual, sin embargo, no es cierto. Las personas no nos comportamos como empresarios que elegimos la mejor inversión al elegir nuestra formación. Sin servicios públicos de orientación, suficientes y cercanos, infradotados en medios y personal, no es fácil elegir la formación más adaptada a las necesidades individuales y a las mejores posibilidades de empleo.
Otro de los temas en los que no podemos estar de acuerdo, es el de la utilización de la reforma de la formación para financiar empleo precario y de baja calidad a cargo de las cuotas de formación para el empleo. El 60 por ciento de los jóvenes contratados en 2014 con este tipo de contrato, terminaron siendo formados como “camareros” y “dependientes de comercio”. Sólo el 2 por ciento de ellos vieron convertido su contrato en indefinido.
Estamos ante un contrato “de formación y aprendizaje” que ni forma, ni integra laboralmente a nuestros jóvenes. Un contrato más de fomento de la temporalidad y la precariedad laboral, en el que se han gastado 200 millones de euros en 2014. Seguir fomentando este tipo de contrato a través de la utilización de recursos procedentes de la cuota de formación constituye un error de bulto.
El Gobierno debería aprovechar la tramitación parlamentaria para corregir estos errores, huyendo de concepciones ideológicas y atendiendo a los problemas reales de la formación para el empleo en nuestro país. No hacerlo así, sólo contribuirá a sustituir unos problemas por otros, sin solución de continuidad y perdiendo una oportunidad para racionalizar la utilización de unos recursos siempre escasos que deben de servir para garantizar el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras, ocupados o en desempleo, a una formación profesional a lo largo de toda la vida. Que deben servir para mejorar la calidad de nuestros productos y servicios, la productividad de nuestras empresas y no para el fomento del beneficio privado a costa de los recursos públicos.