No es de recibo que una de cada cinco personas en España sea pobre, mientras que, en plena crisis, el número de ricos aumenta
Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, me remitió una invitación para asistir, en el Consejo Económico y Social, a la presentación del Informe sobre Desigualdad en España, en su tercera edición, que cuenta en esta ocasión con la colaboración de las Fundaciones Largo Caballero y 1º de Mayo.
Más allá de los datos que aparecen en el Informe, accesible en la página web de la Fundación. Más allá de sus análisis sobre la estructura de rentas en nuestro país, las diferencias territoriales, de empleo, edad, sexo, o nivel formativo. Por encima de las consideraciones sobre el papel de los sistemas de protección social y su debilitamiento durante la crisis, quisiera detenerme en unas cuantas conclusiones, muchas de las cuales han sido destacadas a lo largo de la presentación.
La pobreza es casi siempre relativa. En la mayor parte del mundo una familia con 800 euros al mes no puede ser considerada, ni mucho menos, pobre. En España, con esos mismos ingresos, una familia puede ser pobre y vulnerable. En Francia, esa familia podría ser incluida en la categoría de pobreza severa. Por lo tanto, ser pobre no sólo tiene que ver con la cantidad de ingresos absolutos, sino con lo que puedes hacer con tus rentas. Siempre somos pobres, como dice un amigo, comparado con qué.
Es cierto que el nivel de rentas en un entorno puede ser uno de los primeros indicadores, pero eso sólo mide nuestra capacidad de comprar bienes o servicios. Es cierto que en un mundo-consumo este factor es determinante. Pero quedarnos ahí sería anodino y superficial. Por eso se utilizan hoy otras formas de medir la pobreza, como el Coeficiente de Gini, que valora cualquier forma de distribución desigual.
El Indicador AROPE (At-Risk-Of Poverty and/or social Exclusion), ha sido desarrollado y es cada vez más utilizado en la Unión Europea. Toma en consideración el factor de las rentas, pero sin olvidar la vivienda, las vacaciones, alimentación, movilidad, empleo, entre otros. Por su parte, las Naciones Unidas cuentan con el Indice de Desarrollo Humano y el Indice de Pobreza Humana, más centrado en las carencias y privaciones que sufren las personas en cada país.
La crisis que hemos atravesado ha convertido las desigualdades en un fenómeno estructural. La recuperación no permite que las desigualdades se reduzcan. Ese ha sido uno de los efectos que ha producido la crisis financiera que se desencadenó con Lehman Brothers, que resultó no sólo financiera, sino que terminó por pudrir la economía mundial, doblegar la política y emponzoñar las relaciones sociales.
La crisis ha descalabrado y descabalado la democracia. Los rescates han debilitado a la política en su capacidad de redistribuir la riqueza y repartir las cargas. El ultraliberalismo del menos Estado, del más dejar hacer a quienes pueden hacer y el más dejar pasar el deterioro de la vida de la mayoría de la población, ha debilitado lo público, lo de todos, cuanto garantiza la cohesión social. Convendría rastrear por ahí el surgimiento de populismos y movimientos de ultraderecha.
La reforma laboral ha supuesto un mazazo a la capacidad de los trabajadores y las trabajadoras organizados en sindicatos de conseguir la redistribución de la riqueza allí donde se produce, en el seno de las empresas. El poder adquisitivo del salario se ha reducido y las diferencias salariales se han agudizado entre hombres y mujeres, temporales y fijos, jóvenes y mayores. El fenómeno de trabajar y ser pobre se extiende. La precariedad se ha convertido en ley de vida.
Hay quienes, desde los propios poderes económicos internacionales, avisan de que un aumento de las desigualdades terminará perjudicando las propias posibilidades de la economía, que es tanto como decir que los ricos serán devorados por su propia avaricia. Es el mismísimo Fondo Monetario Internacional quien avisa de que el aumento de la brecha social en un país provoca un freno para el crecimiento económico.
Perdidos como andamos en los escándalos de nuestros políticos, personales y colectivos, no queda tiempo para tomar en consideración que la libertad y la igualdad son las dos caras de la misma moneda. No existe la una sin la otra. Es imposible. Se llenan los políticos la boca de una España de personas libres e iguales. Pero son pocos los que trabajan de verdad a favor de la igualdad de oportunidades y muchos los que en nombre de la libertad condenan a demasiada gente al trabajo indecente y la vida en miseria.
Y precisamente ahora que nos encontramos en el entorno del 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y cuando el 7 de octubre pasado hemos renovado nuestro compromiso con el Trabajo Decente, sería bueno que cualquiera que gobierne, o quiera gobernar este país, firme un contrato con la ciudadanía para que la libertad y la igualdad se conviertan en principios rectores de su actividad de gobierno. Un contrato para que la pobreza y la brutal desigualdad desaparezcan de España.
Es una bonita bandera y una causa patriótica que merece todo ese esfuerzo que se dilapida en ejercicios inútiles y estériles de banderías nacionales y nacionalistas, que sólo generan odio, confrontación y el triunfo de las bajas pasiones. Porque no es de recibo que una de cada cinco personas en España sea pobre, mientras que, en plena crisis, el número de ricos aumenta. No es admisible que, tras la crisis, salir de la pobreza sea más difícil y la brecha de la desigualdad sea más insalvable.