lunes 26/10/20

La pandemia exige una administración eficiente y rápida

Imagen: Carmen Barrios
Imagen: Carmen Barrios

Si algo está claro en la gestión del Covid-19 es la necesidad de un aparato administrativo muy eficaz y muy eficiente que resuelva la gran cantidad de problemas que están padeciendo los ciudadanos. ¿Está la Administración española en condiciones de proporcionar los bienes y servicios excepcionales que necesitan los ciudadanos en un marco sanitario tan excepcional a fortiori cuando hay que gestionar los importantes fondos de Reconstrucción que ofrecerá la Unión Europea?

Entre los años 2012 y 2018 la Administración en España y, en particular la Administración General del Estado, quedó enormemente debilitada por la política destructiva de lo público que practicó el Gobierno del Presidente Rajoy. A través de varias Leyes administrativas (la de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015 que además reformó para mal la Ley del Gobierno de 1997, la de Procedimiento Administrativo de la misma fecha, la de Contratos del Sector Público de 2017, la cuasi derogación de la Ley de Agencias Públicas de 2027) y presupuestarias (la orgánica de Estabilidad Presupuestaria y de Estabilidad Financiera de 2012 y Reglamentos de desarrollo), la derecha española dejó al nuevo Gobierno del Presidente Sánchez una Administración maniatada, con dificultades para gestionar, para contratar y para gastar. Además, la Función Pública también ha quedado debilitada porque durante las dos legislaturas en que ha gobernado Rajoy (2011-2018) se han aplicado tasas de reposición de funcionarios de hasta el diez por ciento, con lo que la Función Pública se ha visto mermada recayendo más trabajo en los funcionarios.

Conviene destacar que uno de los motivos que aducía el Gobierno de la derecha para justificar estas reformas era la lucha por la trasparencia y por la corrupción. Ahora, con las últimas noticias sobre el uso de fondos reservados en el Ministerio del Interior para espiar a Bárcenas, sabemos que el argumento de la transparencia y de lucha contra corrupción eran un pretexto.. Se trataba de desmantelar el Estado y su Administración para otorgar el poder social a lo privado.

Por eso la Administración General del Estado que dejó Rajoy es una Administración en donde las funciones de control y de supervisión del Ministerio de Hacienda y, dentro de éste, de la Intervención General del Estado, se han elevado de forma exponencial, de modo que ha recaído sobre el Ministerio y sobre la Intervención un trabajo al que no puede hacer frente con eficiencia y multitud de autorizaciones de gasto de los Ministerios se ven remansados en las presas de la Hacienda Pública, que no pude responder con agilidad y con calidad jurídica a las continuas peticiones ministeriales de autorización de gasto bajo las diversas fórmulas presupuestarias. Lo ha comentado la Vicepresidenta Calviño en una entrevista en la Cadena SER, quien se ha referido a algunos obstáculos administrativos a la gestión, obstáculos que deberían analizarse y, si es oportuno, levantarse. Por otra parte, lo mismo ocurre con la contratación administrativa que desde la Ley de 2017 se ha convertido en una carrera de obstáculos que hace difícil la adquisición administrativa de bienes y de servicios.

También lo ha visto así otra Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien en una entrevista televisiva ha afirmado que la normativa administrativa vigente no proporciona la necesaria agilidad y rapidez para gestionar los Fondos de Recuperación que probablemente vendrán de la Comisión Europea y que esa legislación provoca incluso cuellos de botella que sufre también el sector público. La Vicepresidenta Calvo anunció el propósito del Gobierno de dictar un Decreto-ley que reforme las Leyes que hemos citado más arriba (Régimen Jurídico del Sector Público, Contratos administrativos, General Presupuestaria, Subvenciones) y es una excelente noticia porque sin esas reformas la respuesta a la pandemia y, más en particular, la gestión de los fondos europeos de Reconstrucción será mucho más difícil.

Constatadas las dificultades administrativas que tiene hoy la gestión de la crisis pandémica, hemos de llegar a la conclusión de que parece necesaria una reflexión que permita agilizar los procedimientos que proporcionan bienes y servicios a los ciudadanos que han sido víctimas del Covid-19. Rajoy y su Gobierno pusieron un yugo a la Administración española para que no funcionara. Ya esas hora de quitar ese yugo.

Es sabido que hay una inmensa producción bibliográfica sobre la burocracia y de esa producción se desprende una idea, a saber, que la organización burocrática, con intereses propios de supervivencia, no siempre refleja los objetivos políticos de los Gobiernos. Habría que reflexionar con datos empíricos si la burocracia de ciertos Ministerios no está al servicio de determinadas concepciones socioeconómicas (austeridad, predominio de lo privado, etc.) y por ello hace difícil que el Gobierno cumpla sus objetivos, tanto programáticos como conectados a la pandemia.

Fuente: Sistema digital.

La pandemia exige una administración eficiente y rápida