Es sabido que la noción de oposición nace en el Reino Unido, en una Cámara de los Comunes que estaba dividida entre unos Diputados que pertenecían al partido del Primer Ministro y unos Diputados minoritarios opuestos al Premier. Como dijo el constitucionalista y politólogo francés Maurice Duverger, todas las instituciones políticas occidentales han sido calcadas de las instituciones británicas (Sociología de la política, Barcelona, 1975, págs. 437) y una institución (que no un órgano) como la oposición responde en todas las democracias europeas al modelo británico del siglo XVIII.
Otro constitucionalista francés. Max Gounelle, escribió hace unos años que la oposición es una forma de institucionalizar la discusión y el debate políticos y una de las formas especiales de la oposición es la oposición parlamentaria con una sede específica que es el Parlamento (Introduction au droit public français, París, 1979), Gounelle añadía que además de las funciones que cumple en el sistema parlamentario, la oposición tiene un objetivo prioritario que es conquistar el poder y realizar la alternancia política.
Por otra parte, en los medios de comunicación es usual confundir dos ideas que son bastante distintas, la idea de oposición y la idea de control parlamentario. La oposición es un concepto que no está en la Constitución ni en los Reglamentos parlamentarios y en Derecho español sólo aparece en el Decreto de precedencias del Estado de 1983, donde se especifica qué lugar ocupa el “Jefe de la Oposición” en el protocolo. En cambio, la función de controlar la acción del Gobierno es una de las que tienen atribuidas las Cortes Generales ex artículo 66.2 y los Reglamentos parlamentarios establecen diferentes instrumentos de control. Más abajo nos extenderemos sobre el sentido preciso del control parlamentario.
Estas ideas nos ayudan a entender lo que está ocurriendo con la oposición ante la crisis provocada por el COVID-19. Hemos visto en la prensa que ni siquiera todos los dirigentes de la oposición (como Abascal) han querido entrevistarse con el Presidente del Gobierno. También hemos visto que esos partidos de la oposición están exigiendo que el Parlamento se reúna como si no hubiera pandemia y, además, que el Presidente del Partido Popular, Casado, no acepta la idea de un gran pacto (estilo el de la Moncloa de 1977) que ayude a ordenar la salida de la gran crisis social y económica que supondrá la pandemia. Con estas premisas, ¿qué pretende la oposición conservadora en los momentos actuales?
La oposición conservadora (al menos Partido Popular y Vox, pues Ciudadanos parece más dialogante tras la consolidación de Arrimadas) está actuando como una oposición antisistema. Siguiendo las consignas que Aznar da a través de FAES, las dos derechas extremas han roto los vínculos que una crisis como la que sufrimos obligaba a mantener con el Gobierno de la Nación, sea del partido que sea. Por eso dicen apoyar al Gobierno en la prolongación parlamentaria del estado de alarma pero con tantas reticencias que cabe dudar si, en caso necesario, no traicionará al Gobierno. Esta actitud se genera en un viejo principio que sigue cultivando la derecha, a saber, el Gobierno de izquierdas es ilegítimo y está de paso hasta que vuelvan a gobernar los de siempre, los que tienen derecho natural a ocupar los órganos del Estado. Y como el Gobierno de Sánchez es ilegítimo (como ilegítima fue la moción de censura contra Rajoy) hay que tratar de aislarlo y, a ser posible, debilitarlo y desprestigiarlo ante la sociedad. Por eso las caceroladas que en algunos barrios de Madrid se inician por la noche, como gesto deshonesto que quiere competir con los aplausos y la música que se oye a las ocho de la tarde como apoyo y agradecimiento al personal sanitario.
Con esa actitud, es de temer que el Partido Popular se descuelgue de la reconstrucción de España que vendrá tras el estado de alarma, y que exigirá sacrificios a todos los ciudadanos (y no sólo a las clases medias y a los trabajadores). Esa era la idea del Gobierno al hablar de unos nuevos Pactos de la Moncloa pero, llegado el caso, habrá que firmarlos con sindicatos, empresarios y sociedad civil: que vuelvan a estar juntos Casado, Abascal, Puigdemont y Torra.
En resumen, la derecha del Partido Popular y Vox ha abdicado de su función como oposición y se ha convertido en partidos al margen del sistema que sólo quieren boicotear el trabajo del Gobierno en medio del estado de alarma. ¿Y el control parlamentario?
Sobre el control parlamentario hay un equívoco que repiten muchos constitucionalistas. Se suele decir que el control parlamentario es el instrumento que emplea la oposición para cumplir sus funciones de desgaste del Gobierno sancionando a éste. Pero si fuera así, ¿por qué existe control parlamentario en los sistemas presidencialistas, donde el Parlamento no puede sancionar al Presidente, salvo excepciones? ¿Por qué la Constitución atribuye el control parlamentario no sólo al Congreso sino al Senado que no tiene relación de confianza con el Gobierno?, ¿Por qué la Constitución atribuye el control parlamentario al Congreso donde la mayoría de la Cámara es favorable al Gobierno y no a la oposición?
En realidad, como hemos tenido ocasión de explicarlo por extenso (Javier García Fernández: Estudios sobre el Gobierno, Madrid, 2007, págs. 365-390), en el parlamentarismo la función de control está al servicio de la relación fiduciaria que se entabla entre el Gobierno y el Parlamento, de modo que sirve para que el propio Parlamento y la sociedad tengan instrumentos para valorar al Gobierno y a su Presidente. Con los instrumentos de control parlamentario (preguntas, interpelaciones, mociones, etc.) no se sanciona al Gobierno (como cree parte de la doctrina) sino que se refuerza al Gobierno al que se da la oportunidad de informar al ciudadano y de ser apoyado por el Parlamento.
Viene esta reflexión a cuento a propósito de la perversa actitud del Partido Popular y de Vox que quieren celebrar sesiones parlamentarias arriesgando la vida de los parlamentarios (no así en la Asamblea de Madrid de donde huyó el Gobierno regional a toda velocidad). A este respecto hay que recordar lo siguiente:
- el Gobierno tiene que acudir periódicamente al Congreso a solicitar la prórroga del estado de alarma;
- la Constitución prevé que durante tres meses al año las Cortes no celebren sesiones, sin que por eso decaiga el control parlamentario;
- para la opinión pública es más descorazonador ver un hemiciclo cuasi vacío que no ver ningún hemiciclo;
- en los Reglamentos parlamentarios existen suficientes medios de control parlamentarios no presenciales que la oposición puede seguir ejercitando.
Parece pues que la petición de reforzar el control parlamentario es, además de una llamada al contagio, un gesto insolidario de la oposición de derechas con un Gobierno al que esa oposición quiere desalojar por ilegítimo. Buen momento para combatir a Sánchez.
Por otra parte, en el debate del día 9 de abril hemos podido comprobar la funcionalidad del control parlamentario en tiempo de crisis. Hemos podido ver al Partido Popular con una verbalización hiperbólica, agresiva, si bien ha aceptado, al menos, votar a favor de la prórroga del estado de alarma. También hemos visto la esperable agresividad de Vox, que no ha votado a favor de la prórroga (como el voto negativo de Voz era irrelevante, nunca sabremos qué consecuencia habría tenido no prorrogar el estado de alarma). Y hemos visto también a los independentistas catalanes de diversa obediencia abstenerse sobre la prolongación del estado de alarma.
Todo ello nos lleva a tres conclusiones. En primer lugar, este país no debe vivir la crisis como ocasión de confrontación feroz contra el Gobierno porque es una forma espuria de aplicar los instrumentos de control parlamentario, a fortiori cuando da una imagen de ruptura política que no debe percibir la sociedad. En segundo lugar, que la oposición de derechas y parte de la oposición secesionista catalana ha abdicado de su función de control para pasar a la guerra política. En tercer lugar, no obstante, hay una realidad que se impondrá: dentro de varios meses, con una sociedad europea asolada por la crisis económica y social, esa oposición tendrá que dialogar con el Gobierno porque sólo un nuevo pacto de todos los partidos y de los agentes sociales permitirá salir de la crisis. Por eso hoy podrían moderar su ferocidad opositora, ferocidad con la que, por cierto, no van a derribar al Gobierno del Presidente Sánchez.