En un suelto que publicaba el Director de La Vanguardia, Màrius Carol, el día 1 de febrero pasado (“Una mala fórmula magistral”), comentaba que el Partido Popular ha constituido en su sede nacional un equipo jurídico dedicado a combatir en los Tribunales todas las iniciativas del Gobierno susceptibles de ser atacadas judicialmente. Al Director de La Vanguardia le parece que esta vía judicial de hacer oposición comporta que se pierda respeto a la Justicia, y tiene razón. Pero esta fórmula del principal partido de la derecha tiene otros riesgos que van más allá del prestigio de la Justicia.
De entrada, hay que recordar que no es una iniciativa nueva en la derecha. Hace tiempo, en los años ochenta se constituyó en la calle Génova un equipo jurídico potente que dirigía Federico Trillo y que en ocasiones llegó al fraude, como, por ejemplo, cuando lanzó la idea de no admitir una moción de censura contra un alcalde, porque la firmaba el candidato alternativo. La impresión que dio en aquella época el equipo jurídico de Trillo era la de un exceso de marrullerías.
Ahora la derecha vuelve a la carga y, según informa el Director de La Vanguardia. pretende llevar a los Tribunales la situación de Torra como Presidente de la Generalidad o la entrevista del ministro Ábalos con la vicepresidenta venezolana y, como trascendió en la prensa antes del artículo que comentamos, hasta la entrevista del presidente Sánchez con Torra.
Judicializar todos los procesos políticos es peligroso para la democracia y además perfectamente inútil para los intereses políticos de sus promotores. La oposición política contra un Gobierno se hace fundamentalmente en dos ámbitos, el parlamentario y el de la opinión pública. La oposición parlamentaria es la más noble, aunque no siempre la más eficaz porque los debates parlamentarios no son muy seguidos ni son conocidos por los ciudadanos. Pero es una forma imprescindible de oposición que se ejercita a través de los instrumentos de control parlamentario que establecen la Constitución y los Reglamentos parlamentarios. A su vez, la oposición a través de la opinión pública es menos convencional, pero puede ser más eficaz.
En cambio, el suplemento judicial de la oposición deslegitima la acción política porque sustituye la valoración política por la valoración jurídica, que responde a una lógica muy diferente. Además, bajo esta actuación judicial subyace una idea obsesiva de la derecha española desde 1931, que es deslegitimar al Gobierno de la izquierda. Si el Partido Popular denuncia al Gobierno ante el orden penal, está diciendo que es un Gobierno delincuente, idea que hay que rechazar con rotundidad.
Además, abusar de la vía judicial para hacer oposición al Gobierno revela posiblemente pocas ideas para ejercitar la oposición parlamentaria y ante la opinión pública. Desplaza la práctica de la oposición hacia los juristas cuya lógica, como hemos visto más arriba, es diferente y ajena a la política. Además, la gobernabilidad y la acción política de un país no puede depender de lo que resuelvan Jueces, Magistrados y Tribunales, que tienen una función social distinta.
Todo esto no quiere decir que haya que rechazar acudir a los Tribunales cuando sea necesario. Los independentistas catalanes, por ejemplo, con sus dos Leyes de septiembre de 2017, su cerco a la Consejería de Hacienda el 20 de septiembre del mismo año, su convocatoria ilegal de referéndum y su declaración de independencia, incurrieron en diversos delitos, como ha establecido el Tribunal Supremo, pero denunciar esos hechos no supone judicializar la política sino responder a actos de desestabilización del Estado democrático.
Pero el Partido Popular, sin ideas rigurosas de oposición, uncido al carro programático de Vox, pretende disimular su sequía ideológica con el trabajo del Poder Judicial, que quiere que haga la oposición que ellos no saben hacer. Todo ello provoca una quiebra del principio de separación de poderes, debilita la democracia, desprestigia la función del Parlamento y, además, probablemente, no tenga la menor repercusión entre los ciudadanos.