La publicación del Procedimiento de actuación contra la desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el 6 de octubre pasado, ha dado lugar a un curioso fenómeno de desinformación en la opinión pública. Curioso, pero no inocuo, porque ha servido para que la oposición política y la oposición mediática desencadenen una nueva campaña contra el Gobierno que, como es costumbre a lo largo del año, no se queda en territorio nacional, sino que llega a la Comisión Europea, al estilo de los independentistas catalanes.
¿Qué pretende el llamado Procedimiento y de quién emana?
En primer lugar, veamos quien lo ha aprobado. Este texto ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. Esta es una Comisión Delegada del Gobierno, pero no es una Comisión Delegada cualquiera, pues de las cinco existentes es la única que preside el Presidente del Gobierno. Este Consejo tiene funciones relacionadas con la Seguridad Nacional, como son dictar las directrices necesarias en materia de planificación y coordinación de la política de Seguridad Nacional, dirigir y coordinar las actuaciones de gestión de situaciones de crisis, supervisar y coordinar el Sistema de Seguridad Nacional, verificar el grado de cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Nacional y promover e impulsar sus revisiones u organizar la contribución de recursos a la Seguridad Nacional conforme a lo establecido en esta ley (artículo 21 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional).
En segundo lugar, el Procedimiento pretende aplicar a nivel nacional las políticas y estrategias aprobadas por los órganos de la Unión Europea (Plan de Acción para la lucha contra la desinformación que aprobó el Consejo Europeo en diciembre de 2018), lo que comporta identificar los órganos, organismos y autoridades que participarán en esta acción, señalando además su procedimiento de actuación.
Si leemos cuidadosamente el Procedimiento de actuación (publicado en el BOE el 5 de noviembre pasado) veremos que sólo se describen:
a) Los órganos y autoridades competentes para luchar contra la desinformación, lo que incluye el propio Consejo y la Secretaría de Estado de Comunicación. Además, otro órgano competente es el llamado Comité de Situación creado en 2018 por un Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, que estaba presidido por Mariano Rajoy al que se une un órgano nuevo, la Comisión Permanente contra la Desinformación, que agrupa a representantes de los Ministerios de Defensa, Interior, Asuntos Exteriores y Asuntos Económicos, además de la Presidencia.
b) Los niveles de actuación para detectar campañas de desinformación.
c) Los modos de intercambio de información en el ámbito de la Unión Europea.
Esto es todo el contenido del Procedimiento que, como dice su nombre, sólo se refiere a cuestiones procedimentales y orgánicas, sin entrar para nada en formas de actuación administrativa, ni mucho menos en describir las actividades de desinformación. Y sin embargo…
Sin embargo, parecería que mediante el modesto Acuerdo se hubiera establecido la censura previa en todos los medios, a juzgar por la reacción de la oposición y de los medios de comunicación. El Partido Popular se ha lanzado a su habitual política de hipérbole y ha acudido a “chivarse” a la Comisión Europea con la valiosa colaboración de la ex Ministra Dolors Montserrat, que desde la Presidencia de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europea está dedicada a denigrar a España, cual nuevo Antonio Pérez.
Por su parte, los medios de la derecha, y también el grupo Prisa, se han dedicado a criticar la decisión, como si se vulnerara la Constitución. La diferencia entre la prensa de derechas y el Grupo Prisa es que los periódicos conservadores critican y exageran, en tanto que el Grupo Prisa (Cadena SER y El País) reconoce que la idea es buena, pero buscan diversos pretextos para criticar al Gobierno de coalición: que se hubiera pactado en las Cortes (¡está la oposición para pactar algo en las Cortes!), que se hubiera acordado con los representantes de los medios de comunicación (de la derecha en su mayor parte), etc.
Y mientras caen las críticas, la Comisión Europea informa que no tiene nada que objetar al Procedimiento del Gobierno español… Pero eso ya es una noticia secundaria.
Fotografía: Carmen Barrios