La referencia al Rey en el discurso de Díaz Ayuso en la plaza de Colón de Madrid puede parecer, según el grado de benevolencia con que se mire a la Presidenta madrileña, expresión de ignorancia jurídico-política, simple truco para que se hable de ella durante varios días o, lo que es peor, una manifestación de los deseos de manipular al Jefe del Estado en beneficio de la extrema derecha que Díaz Ayuso empieza a representar. Añadamos el juego de disculpas y desmentidos en que la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha incurrido y, con ella, el propio Casado y la sensación es preocupante.
Antes de avanzar, aunque ya lo hemos aquí repetido varias veces, recordemos que en España, con la Constitución de 1978, el Rey no es un poder del Estado sino sólo su símbolo. Por ello no puede tomar decisiones políticas que, sin embargo, pueden tomar otros Jefes de Estado republicanos o, en el pasado, los Reyes en las Monarquías constitucionales donde el Gobierno estaba sometido al Monarca. Es decir, el Rey ha de cumplir los mandatos que le pone la Constitución (bajo la forma de funciones del Rey) y no tiene la menor posibilidad de negarse salvo que se entrara en una gravísima crisis constitucional. Tampoco el Rey es el guardián de la Constitución (sólo lo es el Tribunal Constitucional) por lo que no podría invocar razones jurídicas para negarse a sancionar y promulgar una Ley o a expedir un Decreto.
Con este punto de punto de partida, la Constitución establece en su artículo 62:
“Corresponde al Rey:
f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros…”.
Es decir, cuando el Consejo de Ministros acuerde aprobar un Decreto, el Rey está obligado a expedirlo (es decir, firmarlo) sin que pueda negarse más allá de su opinión personal sobre el acto jurídico que se le somete a la firma. Y no se puede negar porque se trata, para la mayoría de los constitucionalistas, un acto debido aunque a mí me parece más correcto denominarlo obligación constitucional. Llámese como se llame, la naturaleza jurídica del acto consiste en que un órgano del Estado (en este caso el Gobierno) aprueba un acto jurídico que se exterioriza a través del acto jurídico de un órgano constitucional distinto (en el este caso, el Rey). Como la Constitución ha establecido la función-obligación del Rey, éste no puede evadirse de esa obligación y, por ende, ni puede examinar la regularidad jurídica ni la oportunidad política del acto a cuya firma se le somete.
Pero si pasamos del régimen de expedición de los Decretos al derecho de gracia, el mismo artículo 62 atribuye al Monarca:
“i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”.
En realidad, como comentábamos la semana pasada, esta atribución al Rey es un tanto desafortunada porque se trata de un acto jurídico de naturaleza mixta, mitad judicial, mitad gubernamental, donde la decisión corresponde al Gobierno a través del Consejo de Ministros. Hacer del derecho de gracia una función regia fue un error porque el Rey sólo participa en la fase final del acto, en el acto de expedir el correspondiente Decreto, sin el menor margen de decisión política.
Visto el régimen constitucional de los Decretos y, más particularmente, de los Decretos de indulto, sólo podemos decir que Díaz Ayuso es una irresponsable por preguntarse si el Rey expediría los Decretos de indulto. Pues claro que sí, no tiene otra posibilidad. Porque Díaz Ayuso, en su carrera hacia los votos de la extrema derecha, no ha dudado en retar al Rey y pedirle que se salga de la Constitución. En su frivolidad, Díaz Ayuso no se ha parado a pensar que si el Rey la hiciera caso y provocara una crisis constitucional lo más probable es que España desembocara en una República o en un régimen autoritario coronado. De modo que Díaz Ayuso está pidiendo que el Rey se salga de la Constitución y provoque una crisis constitucional que no sabemos cómo acabaría.
Y ahí tenemos precisamente el problema que tiene el Partido Popular, más allá del tema de los indultos. El Partido Popular, cuyas credenciales democráticas a veces lindan con el autoritarismo, coquetea con no respetar la Constitución e incita al Rey a saltársela también. Este es un problema muy, muy serio, que hace que desconfiemos de este partido. Y en el caso concreto del Título II de la Constitución, dedicado a la Corona, fue un Diputado de Alianza Popular (y Ministro de Franco), Laureano López Rodó, el que presentó en las Cortes Constituyentes varias enmiendas orientadas a reforzar sustancialmente el poder del Rey. Tras la publicación de algunos escritos de Sabino Fernández Campo (Escritos morales y políticos, Oviedo, 2003), hay quien ha llegado a pensar que quizá fue La Zarzuela la que inspiró las enmiendas de López Rodó. Por eso debemos ponernos en guardia cuando algún dirigente del Partido Popular anima al Rey a salirse de su papel constitucional.
En el título de este trabajo hablo de un problema que tiene Pablo Casado. En realidad, tiene dos y el segundo es que Díaz Ayuso le arrastra a la extrema derecha. Pero eso se comentará en otra ocasión
Fuente : Sistema Digital