El día 30 de mayo pasado se celebró en Barcelona una jornada de reflexión sobre las políticas referidas a la “vivienda protegida”, convocada por la Diputación de Barcelona y la Sección catalana de AVS, en la que intervinieron gestores públicos, arquitectos, juristas y economistas. Una reflexión obligadamente referida a la situación española, pero con el panorama europeo como trasfondo, gracias a la exposición de Claire Roumet, Secretaria General CECODHAS.
En los momentos actuales, en que la aguda crisis económica afecta tanto a las arcas públicas como a las rentas familiares, se plantearon las serias limitaciones que esta situación impone a los gobiernos estatales, regionales y municipales para el desarrollo de una política de promoción de “viviendas protegidas”. Incluso se llegó a plantear la posibilidad de su desaparición como finalidad propia de los gobiernos, ante el ataque frontal de la derecha neoliberal que, amparándose en la crisis financiera y en la lucha contra el déficit, la considera “no necesaria” e, incluso, perturbadora de un eficaz funcionamiento de la economía en una sociedad de libre mercado, en una sociedad capitalista.
De facto, en las últimas medidas legislativas y presupuestarias del gobierno del PP han desaparecido toda clase de ayudas económicas, toda subvención destinada al fomento de la “vivienda protegida”, nueva o rehabilitada, en compra o en alquiler. En la práctica se ha sentenciado su muerte, aunque sigan manteniendo su nombre, vacío de contenido, en los discursos oficiales e, incluso, en los proyectos de ley, como es el caso de la LRRR. Más aún. En ayuntamientos y comunidades autónomas, como Madrid, se desmontan los organismos públicos encargados de la gestión de dicha política (EMVS e IVIMA) y se privatiza todo el patrimonio edificado o el suelo, vendiéndolo al mejor postor o transfiriéndolo a los bancos como medida de saneamiento de las deudas acumuladas y captación de recursos. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, afirma que no hacen falta viviendas protegidas y, por tanto, no se va a iniciar ni una sola más.
Por encima de cualquier opción ideológica o de cualquier color político con que nos acerquemos al tema, la realidad europea, en los momentos actuales y en un próximo horizonte, exige y justifica la necesidad, la obligación, de mantener activas unas políticas de “vivienda tasada”, es decir, asequibles para amplias capas de la población (cada vez más amplias y diversas) que no pueden optar a una vivienda digna a precio de mercado. Viviendas o alojamientos a precio tasado políticamente que requieren subvención pública, ya que la dramática situación de las familias cuyos salarios se han hundido (o están en paro, en el peor de los casos) hace que no dispongan de recursos propios que les permitan el acceso a un alojamiento digno. Viviendas o alojamientos “protegidos”, promovidos por las administraciones públicas, por las cooperativas o por promotores privados sin ánimo de lucro.
La no necesidad de la promoción de “viviendas protegidas” se intenta justificar con la bajada de los precios que está afectando a la vivienda libre, tanto al patrimonio acumulado como a la nueva promoción. Argumento falaz, porque por mucho que haya bajado el precio de la vivienda libre desde 2007, ha sido mucho más acusada y dramática la bajada de las rentas familiares y, por tanto, es más alto el porcentaje de estas rentas destinado a la vivienda, en compra o en alquiler, hasta niveles no soportables por los ciudadanos, ni aconsejables para una sana economía. Situación objetiva que se ve agravada por la ausencia, la práctica desaparición de líneas financieras en condiciones favorables, como ocurrió en años pasados (para bien y para mal), con bajos tipos de interés y largos plazos de amortización. Destinar más de un 30% de los ingresos familiares a la vivienda es insostenible para los ciudadanos y negativo para la economía, ya que distrae recursos personales que deberían dedicarse a la adquisición de otros bienes y servicios (desde la educación o la sanidad, hasta la lavadora o el teatro). O, de forma mucho más simplificada, hace difícil hacer frente al pago del agua, la electricidad o la calefacción.
La inestabilidad en el empleo en el marco de la UE añade más gravedad al problema de la vivienda, ya que no solo nos enfrentamos a la dificultad, casi imposibilidad, de acceder hoy a un alojamiento digno, sino que crece la inseguridad, crece el miedo a no poder hacer frente a los gastos que impone la vivienda dentro de tres meses, ya que el 33% de las familias europeas no están seguras de poder pagar el alquiler o la hipoteca en un futuro inmediato. Y nos referimos a familias estables, integradas y, hasta hace unos años, solventes en el mercado de trabajo, que solo necesitan y demandan una cierta ayuda, una cierta subvención. No se trata de una política de beneficencia, destinada a los marginados o excluidos de la sociedad. Situación esta que también requiere atención y solución, pero que debe reducirse a porcentajes mínimos de la población. Un riesgo más de la crisis actual es que la política de vivienda se dualice con una línea de actuación de pura beneficencia, para los muy pobres, y vivienda libre para el resto.
Frente a estas dificultades económicas, frente a una crisis ideológica en las fuerzas socialdemócratas, frente al ataque frontal de los mercados, hay que reivindicar la “vivienda protegida” o, mejor, denominarla “vivienda tasada”, para garantizar su asequibilidad a los sectores sociales más desfavorecidos. Hay que reafirmar la vivienda como un pilar del estado de bienestar, como una medida de cohesión social responsabilidad del estado. Aunque haya que reconocer que el denominado estado de bienestar entró en quiebra hace al menos tres décadas, no por ello puede abandonarse, ni dejar que se hunda definitivamente. Con todas las correcciones, con los ajustes en sus contenidos y su forma de gestión, hay que reinstaurarlo renovado, como una de las aportaciones más valiosas de la cultura europea.
Esta recuperación de las políticas de vivienda tasada, en el marco renovado del estado de bienestar, requiere una depuración e innovación en muchos aspectos relacionados con las mismas. Valga aquí señalar algunos de ellos.
Podemos empezar con la propia denominación. La denominación catalana de habitatge o la francesa de logement, frente a la castellana vivienda, aclara conceptualmente a qué nos estamos refiriendo con el nombre de vivienda. Tanto en catalán como en francés la denominación utilizada se aproxima más a lo que en castellano deberíamos llamar alojamiento. Porque personalmente creo que el mandato constitucional lo que realmente garantiza y lo que obliga a promover por parte de los poderes públicos es un “alojamiento digno”. Pero existen razones disciplinares que apoyarían el cambio de denominación en las políticas sectoriales de la palabra vivienda por alojamiento. Con ello induciríamos a diversificar los tipos de vivienda-alojamiento a promocionar y proteger, desde las residencias colectivas a los apartamentos para familias poco numerosas o la vivienda más convencional de uno, dos o tres dormitorios, con baño, aseo y cocina. Pero no consagraríamos este último modelo como monocultivo de las promociones protegidas, con independencia de las necesidades reales de los usuarios y su posible movilidad o cambio de la estructura familiar. Viviendas tipo uniformes que, por razones económicas, tienden a reducir su tamaño, su superficie útil y las zonas comunes, transformándose en un remedo de la vivienda burguesa jibarizada.
Esta diversificación de los tipos de vivienda respondería de forma más racional a las necesidades reales de las familias o los individuos, que evolucionan en el tiempo, permitiendo un prudente, pero significativo, ahorro en los recursos públicos. Pero hay que señalar un riesgo. Con los alojamientos colectivos, los apartamentos, etc. no pueden rebajarse los estándares de calidad exigidos hoy por el Código de la Edificación (salvo algunos complementos más artificiosos, como pueda ser la ventilación forzada). Una buena construcción, unos buenos muros y ventanas bien aislados contra frio o calor, una buena impermeabilización, una buena ventilación natural, unas buenas instalaciones, son garantía de permanencia en buen estado de conservación de un patrimonio, que debemos considerar en gran medida público, además de asegurar el bienestar de los usuarios. Unos edificios subvencionados con dinero público que se transformen en “ruinas” en pocos años es un mal negocio para el estado.
Nuevos agentes promotores y administradores o gestores del propio uso, mantenimiento y control de las viviendas subvencionadas con dinero público. Mejorando en su composición y tamaño las agencias públicas, las cooperativas con voluntad de permanencia (y no como simple cobertura coyuntural en busca de ciertos beneficios) y algún tipo de promotor privado o societario sin ánimo de lucro. Nuevos promotores capaces de incorporar a su gestión un significativo parque de viviendas en alquiler, con un rendimiento económico proporcionado para mantener los costes de funcionamiento, sin conducirlos a una progresiva descapitalización que conduzca irremediablemente a la privatización de su patrimonio.
Mantenimiento del carácter “protegido” durante la vida útil del edificio, impidiendo su descalificación anticipada como mecanismo de transformación de un “bien social” en una mercancía comercializable, constituyendo así un parque estable de VPP, en nuestra actual terminología. Criterio genérico y principal que deberá acompañarse de un mayor rigor en la baremación de las personas o familias con derecho a este régimen de alojamiento, así como los mecanismos de salida o transferencia a otros usuarios. Mecanismos eficaces en el control, tutela y capacidad sancionadora (desahucio, retracto, etc.) de los propios beneficiarios en el uso y mantenimiento de un bien que, en gran medida, es resultado de un esfuerzo colectivo, tiene un marcado carácter público. Y esto es exigible tanto a los agentes de la administración pública como a las cooperativas. Es decir, una depuración en el acceso, el uso y el abandono o la transferencia de la vivienda protegida.
Y como marco territorial, coherente con una política de protección de la vivienda-alojamiento, un urbanismo que determine en qué lugares son necesarias y posibles estas viviendas, en qué dimensión y qué relación deben establecer con la ciudad existente. Es decir, cuál debe ser la localización dentro del desarrollo urbano de los paquetes de vivienda protegida que más eficazmente cooperen a mejorar la ciudad y a aumentar la cohesión social. No valen las políticas cuantitativas, agregadas y uniformes para todo el estado, ni siquiera para toda una región o nacionalidad. Se requiere una cuantificación más pormenorizada geográficamente.
Todas estas reflexiones, aproximaciones o sugerencias, no pueden olvidar en ningún caso que la puesta en práctica de cualquier política de vivienda o alojamiento, protegida o tasada, como decidamos llamarla, requerirá siempre un significativo quantum de subvención pública, bien por vía financiera, fiscal o a través del suelo en que venga a materializarse. Preferentemente financiera y cuyos beneficios sean percibidos, en primer lugar, por los usuarios antes que por los propios promotores, tengan el carácter que tengan.
Ganaríamos mucho si sustituyésemos los adjetivos de “protegida”, “tasada”, “subvencionada”, etc. y, decididamente, hablásemos y les diéramos el nombre de “viviendas asequibles”.
Y termino estas líneas tal como las encabecé, con una pregunta. ¿Hay realmente promotores públicos, cooperativas o instituciones sin ánimo de lucro que puedan y quieran comprometerse en la promoción de operaciones significativas de vivienda protegida, dada la sequía de la financiación bancaria y la desaparición del apoyo o subvenciones públicas?