El primer mandato de Ignacio Fernández Toxo al frente de CCOO tuvo unos objetivos suficientemente claros. Devolver al sindicato su papel de instrumento al servicio de parte, es decir los trabajadores, huyendo de una función de "salvador del conjunto de la sociedad" como planteaba la dirección de Fidalgo. Lograr la unificación interna del sindicato como hacía muchos años que no se producía. Fomentar la unidad sindical y más allá la apertura hacia los nuevos movimientos sociales. Dirigir el sindicato en la defensa no sólo de los intereses laborales sino del conjunto de los intereses sociales afectados por la política de recortes, llevadas a cabo tanto por el Gobierno de ZP como especialmente el de la derecha del PP, con Rajoy a la cabeza. Y desde la Presidencia de la CES ha impulsado la movilización del sindicalismo europeo frente las políticas austericidas de la UE, bajo la batuta de Merkel.
El objetivo de su segundo mandato al frente de CCOO tiene unos nuevos objetivos igualmente importantes. Efectuar una defensa más efectiva de los intereses de los trabajadores, lo que conlleva mejorar el trabajo sindical, hacerlo más eficiente, al tiempo consolidar la unidad de los movimientos sociales sabiendo que el sindicalismo confederal debe ser el pilar que estructure la movilización social. Esto conlleva tener una organización más eficiente y basada en un principio de austeridad real en el sentido de evitar cualquier derroche de recursos humanos o financieros en el trabajo del sindicato. Es decir poner al día un sindicato plenamente combativo que elimine las posibles "grasas" organizativas.
En un momento en el que se cuestionan todas las estructuras institucionales, Toxo y CCOO tienen claro que hay que dar un paso fundamental en la transparencia de la organización, tanto interna como externamente, para evitar cualquier ataque o cuestionamiento en cuanto a su actuación. Se trata de que el sindicato sea para la sociedad una organización con paredes de vidrio, plenamente transparente, tanto en su actuación como en su propia estructuración, de forma que lo haga inmune a insidias o falsas acusaciones interesadas.
Toxo lo ha dejado claro en su rueda de prensa del 5 de abril, donde ha abordado de forma clara el papel del sindicato en el tema de los ERE's de Andalucía. Huyendo de todo victimismo, ha dado explicaciones de cuáles son las funciones sindicales en los casos de los ERE 's. Que son las empresas y no los sindicatos los que los inician, que el principal objetivo sindical es evitar los despidos o en todo caso conseguir las mejores condiciones para los trabajadores afectados; que la gestión de los ERE 's precisa en muchos casos de la intervención de personal especializado, abogados, actuarios, economistas, que deben ser remunerados y CCOO no quiere que se haga a costa de los trabajadores afectados.
Toxo ha manifestado que piensa llevar a cabo una extensa investigación interna para dejar bien claro que ninguna estructura de la organización ha actuado de forma irregular. Al mismo tiempo se pone a disposición de la investigación judicial para lograr una total claridad sobre el tema. También piensa hacer pública toda la información relativa a los ERE 's donde ha participado CCOO. El secretario general de CCOO está convencido, con la información existente hasta ahora, de que no hay culpabilidad de ningún tipo por parte de las estructuras ni los militantes del sindicato. Pero a pesar de esto quiere volver a investigar hasta que no haya ningún tipo de dudas, y que en caso de haber irregularidades se actuaría en consecuencia con los afectados. Fernández Toxo ha dejado claro que él no pone la mano en el fuego por nadie nunca.
El secretario de CCOO también ha querido dejar claras algunas cosas. El sindicato debe financiar el trabajo que realiza en el caso de los EREs, y que se hace por personal especializado. Toxo denuncia la doble vara de medir. Mientras se cuestiona el papel de los asesores sindicales, nadie cuestiona el papel de los grandes "bufetes" profesionales que asesoran a las empresas con nóminas sustanciosas. También critica el hecho de que haya instrucciones judiciales que hagan insinuaciones genéricas sin sustanciarse en hechos concretos, que dan pie a interpretaciones o acusaciones mediáticas que causan un grave perjuicio para la imagen de la organización y ante las que se está en una situación de total indefensión.
En la situación actual, en un momento de fuerte crisis económica, social e institucional, puede darse lugar a que haya quien esté interesado en poner en cuestión organizaciones, como son los sindicatos confederales, que son las estructuras más organizadas frente a determinadas políticas que se llevan a cabo por parte de los poderes políticos y económicos del país. Hoy en día el papel de los sindicatos los hace un objetivo a batir por parte del poder, por ser las organizaciones sociales más estructuradas. Los sindicatos no son únicamente la base para la respuesta de los trabajadores ante las agresiones laborales, sino que también han articulado la respuesta social global, y han sido elementos básicos para poner en pie respuestas políticas concretas.
Un caso concreto lo tenemos por ejemplo en la ILP contra los desahucios, firmada por un millón y medio de ciudadanos. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, contó desde el primer momento en la Comisión Promotora de la ILP con los sindicatos de clase que recogieron una gran parte de estas firmas.
Es este papel, de base fundamental de organización de la respuesta social, que ha puesto a los sindicatos en el punto de mira del Gobierno del PP, que ha iniciado una serie de actuaciones para recortar el papel constitucional de los mismos. Desde la Reforma Laboral donde se ataca una función esencial del sindicalismo cual es la de la negociación colectiva, hasta el recorte de subvenciones institucionales, de derechos sindicales en la función pública, hasta campañas sistemáticas, desde medios cercanos al Gobierno y al PP, que tratan de denigrar e incluso criminalizar el papel del sindicalismo de clase. Ahora ya sólo faltaría que desde algún ámbito judicial se intentara instar una "Causa General" contra el sindicalismo, como se puede desprender o intuir de algunas actuaciones de la juez Mercedes Ayala.
Cabe esperar que el Gobierno no quiera inspirarse en la política de Margaret Tatcher que lanzó una ofensiva que dejó prácticamente fuera de juego las poderosas "Trade Unions" británicas, con el consiguiente debilitamiento de las posiciones sociales de la izquierda en el Reino Unido. Más vale que eviten tentaciones de este tipo ya que por suerte la regulación constitucional en nuestro país es diferente. Y que a la vez hacerlo, en el crítico momento político y social actual, podría conllevar graves e imprevisibles consecuencias.
Es envidiable que Ignacio Fernández Toxo haya situado la transparencia en la primera organización social del país, CCOO, como un objetivo estratégico. Es un buen modelo que otras estructuras políticas e institucionales deberían imitar.