Siete meses después de la presentación por el Gobierno madrileño del PP del denominado Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público y de su aprobación en las leyes de presupuesto y acompañamiento de la Comunidad en diciembre de 2012, conviene hacer una evaluación de las medidas adoptadas hasta el momento y de su impacto sobre el funcionamiento de la Sanidad Pública madrileña y sobre la atención sanitaria que recibe la población.
Primero habría que valorar el grado de realización de las propuestas del Plan:
- Reconversión del Hospital de La Princesa: no se ha ejecutado en los términos previstos, aunque fruto del acuerdo al que se llegó con los jefes de servicio se han implantando ya algunas especialidades geriátricas. En cualquier caso el hospital sigue siendo un hospital general con servicios de referencia y en lo fundamental no se han cumplido los planes de la
-Reconversión del Hospital Carlos III: todavía no se ha ejecutado. La Consejería ha hecho una propuesta para que pase a depender de La Paz, que está viendo con los jefes de servicio pero no con los representantes de los trabajadores. Parece que se conservara todo el área de atención internacional (enfermedades tropicales, etc).
-Privatización lavandería central (Mejorada): todavía no se ha aprobado el pliego de condiciones.
-Privatización Unidad Central de Radiodiagnóstico: Tampoco ha habido avances concretos
-Privatización centros de salud de Atención Primaria: se anunció que iban a ser 27 y últimamente que sólo van a empezar por cuatro, si bien todavía no se han aprobado los pliegos de condiciones, aunque ya han aprobado un Decreto que regula las condiciones que deben de cumplir las entidades formadas por profesionales de los mismos que puedan estar interesadas. Queda también por concretar.
-Privatización servicios no sanitarios red pública hospitales: se han aprobado ya los pliegos de algunos servicios de algunos hospitales como la limpieza por ejemplo.
-Concentración de los laboratorios: se llegó a un acuerdo con sus responsables de tal manera que no va a existir un único laboratorio central para todos los centros, es decir no se realizo lo previsto en el Plan.
-Cierre Instituto Cardiología: se encuentra cerrado desde el mes de diciembre, incluso antes de que se aprobarán los presupuestos regionales y su personal reubicado en otros centros hospitalarios o despedido por no renovación de contratos. Es el único punto que se ha cumplido a todos los efectos
-Tasa del euro por receta. Comenzó a hacerse efectiva en enero de 2013 y fue de corta duración al ser suspendida por al Tribunal Constitucional (recursos del Gobierno y del PSOE), a pesar de ello se recaudarón / expropiaron 4,9 millones € a los madrileños, dinero que probablemente no volveran a ver.
-Suspensión de las prolongaciones de servicio activo (jubilaciones forzosas de quienes tenían concedida su prolongación hasta los 70 años), llevadas a cabo el 15 de mayo. No se han realizado contrataciones en las plazas vacantes.
-Privatización hospitales de gestión mixta: se han aprobado los pliegos de condiciones que fueron publicados en el BOCM. Están pendientes de adjudicación y el PSOE ha realizado un recurso en contra que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.
Y no debemos olvidarnos de las otras medidas realizadas:
-Se está aplicando la privatización de los servicios no sanitarios del hospital de Puerta de Hierro, aunque en realidad se trata de una medida pendiente de aplicar desde 2008.
-Se intento retirar el helicóptero sanitario con base en Lozoyuela: el gobierno regional ha rectificado y lo mantiene, aunque a costa de las subvenciones para cuestiones locales que otorga anualmente a los Ayuntamientos de dicha zonas.
-Cierre de la Agencia de Formación Laín Entralgo, con el correspondiente expediente de empleo.
-Se han suspendido las prolongaciones de jornada de tarde en muchos centros.
-Se ha producido un desabastecimiento de vacunas en centros de salud y de otros materiales.
En este contexto se ha producido la aprobación de los pliegos de las privatizaciones de los 6 hospitales semiprivados (PFI) que tienen la intención clara no solo de privatizar la asistencia sanitaria sino además de favorecer al sector privado a costa de los fondos públicos.
Es llamativo por ejemplo, el elevado coste cama que se plantea (muy por encima del de los centros de gestión tradicional (en algún caso triplica el coste cama anual), así como el coste por estancia que es muy superior al de los hospitales públicos. Por otro lado se les traspasa la tecnología existente (comprada por el sistema público) a precio de saldo, y se les garantiza una actualización anual del canon con el IPC, mientras que el sector público solo sufre recortes presupuestarios. Además se les ceden varios centros públicos que son patrimonio de la Seguridad Social (centros de especialidades y centros de salud mental). Por fin no se establecen garantías fiables de la calidad de la atención que van a prestar a los ciudadanos ni la necesaria transparencia en el ámbito asistencial y financiero por lo que puede afirmarse que se trata de unos pliegos pensados solo para beneficios de las empresas.
También lo resulta que se haya presentado solo una empresa para cada hospital (Ribera Salud en Vallecas y Arganda, BUPA-Sanitas en Coslada, e HIMA en San Sebastián de los Reyes y Parla-Aranjuez) porque parece sugerir que se haya hecho un acuerdo previo, bien entre las empresas, bien por parte de la Consejería, y pone en cuestión que se trate realmente de un concurso público y abierto.
Otro hecho relevante es el desembarco de HIMA una empresa de Puerto Rico especializada en “turismo sanitario” por lo que su practica no se corresponde con la garantía de la atención sanitaria de un área geográfica delimitada.
Se ha denunciado reiteradamente los problemas que tiene el entregar la gestión de hospitales a grupos empresariales, pero estos problemas de hacen mayores cuando se trata de multinacionales asociadas a empresas de capital-riesgo que fácilmente pueden decidir una desinversión en el área sanitaria dejando sin cobertura a la ciudadanía. Este asunto se hace todavía mas espinoso con la presencia de empresas sin experiencia sanitaria como OHL y el Corte Ingles y con grupos dedicados al “turismo sanitario” cuya practica asistencial nada tiene que ver con la de garantizar la atención sanitaria a una población geográficamente delimitada.
Por supuesto vistas las entidades que se han presentado lo razonable es pensar que la Consejería de Madrid, cuyos responsables están política y personalmente “quemados” por el conflicto que irresponsablemente han provocado, han sido los que han propiciado estas presentaciones mediante presiones de todo tipo, y esperemos que no lo hayan hecho hipotecando aún mas los fondos de la Sanidad Pública madrileña.
Paralelamente se ha producido un gran recorte de personal, alrededor de 2.500 puestos de trabajo en los centros sanitarios en 4 meses, y es mas, se espera que cuando finalice el año el recorte de personal alcance entre 7 y 8.000 efectivos de todas las categorías.
Además se están aplicando copagos en aplicación del RD Ley 16/2012 en farmacia, y en prótesis, ortesis y dietas, estando previstos en transporte sanitario no urgente, y se retiro la financiación pública de 417 medicamentos.
El copago farmacéutico ha producido una disminución del número de recetas (10. 987.660 recetas menos, un 9,97% recetas menos) que se debe a 2 fenómenos que actúan en paralelo, la exclusión de medicamentos y la no retirada de recetas prescritas por los pensionistas con rentas bajas (un total del 16,83% de los pensionistas no retiran alguna/s receta/s por no poder asumir los costes del copago).
Los centros de llamadas están siendo utilizados para una derivación sistemática de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas hacia los centros privados (bien concesiones administrativas, centros con conciertos especiales y centros concertados) que se producen desde los centros de llamadas que persiguen a los usuarios/as para cambiarles las citas de los centros públicos por otras en los privados. Paralelamente se han detectado numerosos casos en los que se ha impedido la libre elección de centro por parte de los usuarios evitando, con todo tipo de tretas, la elección de centros públicos.
Y en medio de todo, los inmigrantes irregulares han sido excluidos del sistema sanitario público y ni siquiera se respetan las condiciones en que se ha establecido la misma en clara vulneración de las convenciones europeas y la declaración universal de los derechos humanos, y creemos que es inconstitucional.
RESULTADOS
Los resultados de esta política pueden resumirse en:
La Sanidad Pública esta siendo continuamente descapitalizada
Uno de los principales resultados de los recortes es la extrema disminución presupuestaria de la Sanidad Pública madrileña, los hospitales públicos han tenido una disminución del 16,5% en 2013 que debe sumarse a la del 9,5% en 2011 y el 1,5% en 2012. La Atención Primaria sufre un proceso paralelo de descapitalización (recorte presupuestario del 3,7% en 2012 y 7,06% en 2013). Por ello los medios humanos y materiales (infraestructuras, equipamientos, material fungible, etc) están disminuyendo de una manera dramática poniendo en peligro su funcionamiento.
La disminución de profesionales está siendo la clave de los recortes
Hasta el momento la principal repercusión de la política de recortes es la disminución de trabajadores de la Sanidad de todas las categorías, lo que produce dos efectos paralelos
-Cierres de plantas en los hospitales, perdida de actividad en las jornadas de tarde, infrautilización de quirófanos y recursos tecnológicos (radiología, laboratorios, etc).
-Una disminución de la actividad del sector público. Un calculo aproximado señala que en un año se producirán:
-4.700.000 consultas menos en Atención Primaria ( de medicina general, pediatría y enfermería)
-1.054.000 menos consultas externas de Atención Especializada
-123.000 exploraciones radiológicas menos
-44.800 ingresos menos
-37.400 intervenciones quirúrgicas menos
-Una perdida de la calidad de la atención prestada
Aumentan las listas de espera
En concordancia con lo anterior se producirá, se está produciendo ya, un incremento en los tiempos de espera, especialmente en consultas externas y en intervenciones quirúrgicas. El aumento estimado de estas demoras esta en un 9,5% de promedio, aunque su distribución no será homogénea y habrá algunas especialidades y actividades que tendrán incrementos muy superiores.
Empeora la calidad de la atención sanitaria
Porque menos personal para atender a los enfermos supone una mayor carga de trabajo, una merma en la calidad, una menor seguridad de los pacientes, y un incremento de los riesgos de que se produzcan errores en la asistencia.
La ciudadanía rechaza el proceso de recortes y privatizaciones
La ciudadanía madrileña ha expresado de manera reiterada su rechazo a la política sanitaria del gobierno regional del PP, mediante la participación masiva en las movilizaciones, la recogida de mas de 1.800.000 firmas contra la privatización, participando activamente en la consulta popular (mas de 930.000 votantes), etc. Otro hecho es que evidencia la preocupación ciudadana ante las actuaciones del PP en Madrid es que en el último barómetro del CIS (abril 2013) en la Comunidad de Madrid, el 12,8% de los encuestados señalan a la sanidad como el problema principal frente al 7,9% en el conjunto del país
Con todo conviene ser conscientes de que el proceso privatizador avanza mas lentamente de lo previsto, gracias a la presión de la ciudadanía y los trabajadores de la Sanidad, que vienen movilizándose desde hace siete meses contra los recortes y las privatizaciones en la Sanidad Pública madrileña. La táctica del Gobierno madrileño y de la Consejería parece estar clara: dejar pasar el tiempo para que el cansancio acabe generando desmovilización. Es una estrategia arriesgada porque genera mucha frustración y desde luego a medio plazo les acabara pasando factura. Nosotros tenemos que continuar con movilizaciones sostenibles en el tiempo, y lo más unitarias e integradoras que sea posible. Se trata de una exigencia sanitaria y moral.