viernes 28/1/22

Previsiones interesadas en ocultar problemas

Abrió camino el Banco de España, al publicar en el Boletín Económico de marzo sus nuevas previsiones para 2013: el PIB retrocedería un 1,5%...

Abrió camino el Banco de España, al publicar en el Boletín Económico de marzo sus nuevas previsiones para 2013: el PIB retrocedería un 1,5%, el empleo se reduciría otro 3,8% y la tasa de paro alcanzaría el 27,1%. Unas semanas después, el 21 de abril, fue el ministro De Guindos el encargado de reconocer en Washington el empeoramiento de la economía española, situando el deterioro del producto para 2013 en un amplio abanico de entre el 1 y el 1,5% en el que pudiera encajar con holgura la nueva cifra oficial que darían a conocer pocos días después.

El jueves, 25 de abril, la Encuesta de Población Activa se encargó de dar el último baño de realismo a la taimada resistencia gubernamental a aceptar la realidad. En el primer trimestre de 2013 se han perdido otros 322.300 empleos y el número de personas sin empleo alcanza una nueva cima de 6.202.700 personas. ¡A ver qué país supera una tasa de paro del 27,2%, que en el caso de los menores de 25 años llega al 57,2%!

Finalmente, tras la reunión del Consejo de Ministros del pasado 26 de abril, el Gobierno dio a conocer las nuevas previsiones oficiales para 2013: el retroceso del PIB alcanzaría el 1,3% y el empleo perdido supondría un 3,4%. El nuevo escenario macroeconómico para el periodo 2013-2016 desvela que todos los recortes y sacrificios impuestos a la mayoría de la sociedad española desde mayo de 2010 llevan a un callejón sin salida en el que la austeridad prolonga la recesión e impide que el déficit público disminuya al ritmo deseado. Según las previsiones gubernamentales para 2013, el desequilibrio de las cuentas públicas alcanzará un -6,3% del PIB y habrá que esperar a 2016, tras cuatro años más de recortes, para situar el déficit de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del 3% que, en los planes iniciales, debía alcanzarse en 2013.  

No está de más recordar que hace precisamente un año, en la Actualización del Programa de Estabilidad 2012-2015 aprobado por el Consejo de Ministros del 27 de abril de 2012, aún soñaban con lograr en 2013 un crecimiento positivo del producto del 0,2% y un déficit público del 3,0%. Aquel Programa de Estabilidad decía más. Planteaba que el ambicioso programa de reformas estructurales aprobado por el Gobierno de Rajoy incidiría muy positivamente sobre la capacidad de crecimiento de la economía y sobre la confianza interna y externa de inversores y agentes económicos. La reforma laboral, afirmaba, ayudaría a que la remuneración por trabajador se moderara en 2012 y experimentara una ligera disminución en 2013, como así está sucediendo. Y que todo ello “contribuiría, junto con la mayor oportunidad de flexibilizar la organización del trabajo en las empresas, a mitigar la destrucción de empleo” (Actualización del Programa de Estabilidad 2012-2015, página 25) Ahora, tras las últimas previsiones gubernamentales, las virtudes de la reforma laboral y la austeridad no parece que vayan a tener efectos hasta el 2015, año en el que esperan que el empleo crezca un 0,3%. 

El pasado año, a finales de septiembre, el Gobierno de Rajoy presentó el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013, basado en un nuevo escenario macroeconómico en el que ya reconocía un descenso del PIB del 0,5%, una insignificante pérdida de empleos del 0,2% que mantendría la tasa de paro en torno al 24,3% y una reducción notable del déficit público que se situaría en el 4,5% del PIB. ¡Hace apenas 7 meses!

Ninguna de esas erradas e interesadas previsiones se modificó hasta que la semana pasada el Consejo de Ministros del viernes, 26 de abril, aprobó el nuevo escenario macroeconómico que espera en los próximos 4 años (Actualización del Programa de Estabilidad 2013-2016) que presentará inmediatamente a Bruselas ¿Por qué tanta resistencia a ver el mundo real y tanto interés en intentar acomodar los datos de paro, déficit o decrecimiento que se van conociendo a manipuladas previsiones que son poco más que deseos?

En realidad, tal comportamiento no es nuevo en este Gobierno, ni en el anterior. Basta echar un vistazo a las perspectivas macroeconómicas que contienen los Programas de Estabilidad de los periodos 2009-2013 y 2011-2014 para entender la magnitud y la persistencia de la manipulación de las previsiones. La misma secuencia y parecida obstinación se han repetido una y otra vez desde mayo de 2010. El Gobierno de turno aprueba unas fantásticas previsiones económicas y las mantiene contra viento y marea, hasta que las evidencias contrarias son abrumadoras. Alguna lógica debe tener tan repetitiva y testaruda utilización de la mentira y el fraude. Manipulación interesada en la que, por cierto, participan una legión de economistas.  

Podrían citarse, al menos, tres factores explicativos de ese irrefrenable impulso a realizar previsiones erróneas, mantenerlas hasta que no tienen más remedio que cambiarlas y aprobar nuevas proyecciones que al cabo de unos pocos meses se muestran tan desacertadas como las anteriores.

Primero, las previsiones optimistas son la primera justificación de las políticas de recorte y austeridad. Sirven de escudo, de parapeto tras el que se esconden los responsables políticos que deciden distribuir de forma tan irresponsable como injusta los costes que generan la crisis y la ineficaz estrategia conservadora de salida de la crisis que están imponiendo. Han repetido la misma justificación mil veces: las políticas de austeridad y devaluación interna hay que aplicarlas porque no hay otro remedio y porque tendrán efectos expansivos que permitirán superar la crisis. Ahí están, para quien quiera verlas, escucharlas o leerlas, las muchas declaraciones apoyadas en previsiones oficiales que anunciaban el principio del fin de la crisis y la pronta aparición de los primeros brotes verdes de la recuperación.

Segundo, el pensamiento económico dominante mantiene su hegemonía en los medios de comunicación más influyentes y en los círculos de poder que controlan la política económica que aplican Gobiernos nacionales e instituciones comunitarias. Y esas ideas económicas hegemónicas, aunque debilitadas, siguen respaldando tratamientos de rigurosa austeridad y dando cobertura “científica” a los principios mágicos del equilibrio presupuestario y la asignación eficiente de los recursos que supuestamente realizan los mercados no sometidos a la regulación del poder político ni a condicionantes de carácter ético o social. Son esas concepciones ultraliberales las que dan cobertura a los extremistas recortes del gasto público, a ese dejar hacer a las fuerzas del mercado y al apoyo multimillonario y sin contrapartidas destinado a salvar bancos insolventes, indemnizar a sus directivos y legitimar las prácticas del capital financiero.  El mismo pensamiento ultraliberal que, al tiempo que aligera el peso del sector público, brinda a los grandes grupos empresariales la gestión de servicios públicos que cuentan con una potencial demanda solvente y libera a los mercados laborales de ataduras normativas y la fastidiosa negociación colectiva.

Y tercero, las fuerzas conservadoras no cuentan con un pensamiento económico alternativo ni con otra estrategia de salida de la crisis con los que sustituir las políticas de austeridad y devaluación interna que han impuesto. Tampoco existe, por ahora, fuerza social para hacer descarrilar las políticas de austeridad y desarrollar un programa alternativo viable de carácter progresista. No obstante, el rotundo fracaso de las políticas de austeridad y la fatiga que acumulan las ciudadanías de los países del sur de la eurozona terminarán por hacer insoportables nuevos recortes empobrecedores. Es probable que, antes de que acabe el año, se introduzcan nuevos matices destinados a seguir moderando la austeridad para mantener lo esencial de la estrategia conservadora de salida de la crisis basada en los recortes, la devaluación interna y las reformas estructurales encaminadas a liberalizar relaciones mercantiles y laborales, privatizar bienes públicos y reducir la protección social. La austeridad sin matices tiene los días contados, pero el principal problema no reside en la ausencia de matices, sino en la austeridad misma y en la gratuita, prolongada e injustificable destrucción de tejido empresarial, fuerza productiva, empleos, bienes públicos y bienestar social que está ocasionando y que, en gran parte, es irreversible.

¿Es inútil o ineficaz esta utilización artera de las previsiones económicas que hace el Gobierno? Me temo que no, que es bastante eficaz para lograr lo que pretenden las elites económicas y financieras que respaldan a las autoridades políticas.

En el corto plazo, las previsiones gubernamentales pretenden centrar la atención pública en las décimas de crecimiento del producto. Así, el cambio de signo del PIB o, por decirlo de otra manera, el tránsito de la actual recesión a un crecimiento positivo, por muy escaso y frágil que sea, podrá interpretarse por los publicistas y medios afines al Gobierno como una modificación sustantiva en el ciclo económico. El inicio de una ligera recuperación de la actividad económica y el empleo permitirá justificar y dar por buenos los sacrificios y las políticas de austeridad impuestas. El juego cortoplacista y de clara instrumentalización electoral está servido para el año 2014.

A más largo plazo, más allá de la fecha en que se convoquen las próximas elecciones generales, la manipulación de las previsiones contribuye a lograr un objetivo de mayor trascendencia. Intenta centrar las preocupaciones ciudadanas sobre el incierto futuro de sus empleos, pensiones y salarios en la expresión estadística coyuntural de unos pocos indicadores económicos, sacando del foco de atención las tendencias de fondo o los problemas económicos estructurales que, esos sí, determinan los límites y posibilidades de mejora o empeoramiento de la riqueza de las naciones y, más importante aún, de las condiciones de vida y trabajo de sus habitantes. Tendencias y problemas de fondo que se manifiestan tanto en forma de debilidades e incoherencias institucionales de la UE como en la fragilidad estructural y los graves desequilibrios que muestran unas cuentas públicas y exteriores que reflejan la insolvencia de una parte muy importante de los agentes económicos públicos y privados que caracterizan a la economía española y al resto de países del sur de la eurozona.

En el ámbito doméstico, el Gobierno del PP ha renunciado a toda acción política orientada a impulsar la necesaria modernización de factores productivos y especializaciones, por no considerar ese objetivo materia que competa al Gobierno u objeto de atención de su acción política. En la visión y los principios ideológicos que predominan en el Gobierno de Rajoy son los mercados, mediante las señales que emiten, y los agentes económicos privados, con sus decisiones, los responsables exclusivos de remodelar las estructuras y especializaciones productivas más convenientes. Ni la ciudadanía ni la acción política tienen nada que decir al respecto. Nada que no sea depositar el voto cada cuatro años y resignarse en el entreacto.  

Es en este terreno de las creencias económicas, en el que ideología, intereses y decisiones políticas se dan la mano, donde puede observarse otro de los factores que determina y autolimita las posibilidades de la acción política gubernamental y refuerza la robusta tendencia que anima el inmoral, irresponsable y antisocial juego de manipulación de las previsiones económicas oficiales.

Habría que considerar, por último, que la estrategia de austeridad extrema impuesta a los países del sur de la eurozona resulta funcional para mantener el proyecto europeo que lidera Merkel y que, en esencia, tiene la pretensión de hacer viable una Europa fracturada en los terrenos productivo, financiero y social. Un proyecto que no ofrece ninguna solución a los problemas de segmentación de los mercados financieros, fuerte heterogeneidad de las condiciones de financiación del sector privado, extrema debilidad de los flujos de capital privado hacia los países del sur de la eurozona y crecientes diferencias entre las estructuras y especializaciones productivas de los países que conforman el centro de la UE y las economías periféricas. Soluciones que exigirían propuestas comunitarias cooperativas vinculadas al desarrollo de formas de federalismo y mutualización de la deuda que las fuerzas conservadoras hegemónicas retrasan o, simplemente, bloquean.

En la temeraria estrategia conservadora para salir de la crisis no hay cabida para políticas europeas compensadoras de la desigual distribución de recursos, oportunidades y costes entre los Estados miembros. Como mucho, se barajan medidas paliativas que impidan la implosión del euro y la ruptura del desequilibrado proyecto de construcción de la unidad europea que está en marcha. Han arrinconado los principios de convergencia económica y cohesión social y territorial y los han sustituido por la búsqueda insolidaria de mayores niveles de competitividad y una muy desigual distribución entre los Estados miembros de la capacidad de decidir y sancionar destinada a imponer la estrategia de austeridad.

Los manoseados debates sobre la deriva intergubernamental de las decisiones comunitarias o sobre una integración europea que avanza a ritmos o velocidades diferentes son en buena parte agua pasada. Lo que está en marcha no es una Europa a dos velocidades, sino una Europa basada en la desigualdad estructural y la ausencia de mecanismos políticos que favorezcan la convergencia y la cohesión. No hay tanto una deriva intergubernamental como una concentración de poder en un reducido número de gobiernos de los países centrales de la eurozona que cuentan con el apoyo del capital financiero y los grandes grupos empresariales para imponer un espacio económico integrado y utilizar con más rigor la disciplina, la supervisión previa y las sanciones para salvaguardar el funcionamiento del mercado único y el euro.  

Para el sur de la eurozona, la estrategia de austeridad y el proyecto europeo que encarna Merkel significan empobrecimiento, desigualdad social y un torpe intento de lenta e insuficiente reindustrialización basado en la presión permanente sobre los costes laborales y empresariales y el trasvase de recursos públicos hacia la iniciativa privada.

Este es el futuro que están construyendo las fuerzas conservadoras europeas. Un proyecto insolidario al que se han plegado las autoridades de los países del sur de la eurozona, convirtiéndose por miedo, estulticia o conveniencia en activos agentes políticos del declive de sus propios países y del malestar, el paro, la pobreza y la exclusión social que sufren de forma creciente sus conciudadanos. 

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