martes. 23.04.2024

Poder y resistencia

Democracia y autoritarismo son términos antitéticos. La democracia, el gobierno del pueblo, no puede ser nunca un sistema autoritario.

Democracia y autoritarismo son términos antitéticos. La democracia, el gobierno del pueblo, no puede ser nunca un sistema autoritario. Sin embargo, en nuestro tiempo, los gobiernos elegidos por los ciudadanos están siendo convertidos en meros ejecutores de decisiones que toman otros agentes no elegidos por ellos. No hay más que abrir un periódico para ver continuamente actores extra soberanos: Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea, Agencias de calificación, mercados de deuda. Todos ellos, determinan la dirección económica y política que deben seguir los gobiernos elegidos democráticamente.

Se entiende bien si reflexionamos brevemente  sobre la idea de poder. A este respecto resulta interesante el libro del sociólogo Manuel Castells, Comuniación y poder,  que define el poder como una relación y no como un atributo. Pongamos un ejemplo histórico. Durante la Transición, la oposición democrática exigía una ruptura con la dictadura para crear un nuevo Estado democrático. La ruptura no era más que la desaparición de todos los vínculos (relaciones) que sostenían un poder  dictatorial no tolerado. La labor de la oposición - que fue exitosa porque consiguió acabar con la dictadura y no pudo forzar la caída abrupta de las instituciones, pero tampoco la dictadura podía perpetuarse sin una continua represión ciudadana -, consistió en ir ganando espacios de libertad, como lo definió el PSOE. Y, a través de ahí, construir relaciones, vínculos y espacios democráticos. El poder es la capacidad relacional que permite a un actor social influir en las decisiones de otros actores sociales de modo que se favorezcan la voluntad, el interés y los valores que  promulgan. El poder se ejerce mediante la coacción o mediante la construcción de significado partiendo de los discursos a través de los cuales los actores sociales guían sus acciones. La democracia que se construyó se basaba en que las vinculaciones de poder estaban  enmarcadas por  una dominación de base ciudadana, es decir, el poder, era una relación localizada en las instituciones de la sociedad elegidas por el pueblo.

Esto es lo que a día de hoy está fallando. La dominación está empezando a no ser controlada por los propios ciudadanos y, es por este motivo que a la democracia, cada vez más desdibujada, tenemos que añadirle el adjetivo autoritario.  Los Estados están siendo capturados por grandes grupos de interés que determinan la marcha de la política. El Estado que está atado porque, en tiempos de crisis depende financieramente de los mercados, no puede reaccionar. El poder es lo suficientemente fuerte y los vínculos de dependencia tan grandes, que las demandas ciudadanas son desatendidas sistemáticamente. Tan en peligro está la democracia que la seguridad que otorga el Estado de derecho está empezando a ser papel mojado ante las decisiones de los agentes económicos como las preferentes, los desahucios o la creación de impuestos por tener un depósito bancario como en Chipre. Ya no es que no existan controles financieros, como se pensaba que iba a suceder cuando algunos líderes alertaron de la necesidad de refundar el capitalismo tras la caída de Lehman Brothers, el problema más grave es que los ciudadanos, en esta nueva relación de dependencia de los estados o de dominación de los agentes financieros, como se quiera ver, están perdiendo capacidad para decidir sobre las decisiones que se han de tomar. Así pues, cuando desaparece  la capacidad de la sociedad civil para proporcionar contenido a la acción estatal a través de la esfera pública – una red para comunicar información y puntos de vista – ya no se garantiza la democracia  y, en última instancia,  las condiciones para el ejercicio legítimo del poder: el poder como representación de los valores e intereses de los ciudadanos expresados mediante su debate en la esfera pública. Lo único que está quedando al margen del nuevo capitalismo global, son los espacios de comunicación y mediación de los ciudadanos. Afortunadamente hoy en día existen multitud de medios para socializar la política y para construir formas de resistencia y protesta -  que merecerían un artículo aparte – si bien éstas no paran de ser criminalizadas por aquellos que deberían dar cauce a sus reivindicaciones. Parece que es un fenómeno típicamente español, pero no es así: pasó primero en Irlanda, Portugal y Grecia, 3 países que convocaron multitudes de manifestaciones cuyo resultado fue la criminalización policial de números movimientos sociales. Pasó incluso en países desarrollados como en Inglaterra cuando el Gobierno de Cameron envió a la cárcel a numerosos estudiantes que alzaron la voz contra la subida de tasas. Y pasa a nivel local cuando la Universidad de Salamanca se niega a dar cobertura a un acto de una asociación que solo pretende hablar de la situación de los movimientos ciudadanos de protesta. En cualquier caso, como digo, la protesta y las formas de resistencia que en gran medida están proponiendo fórmulas de institucionalidad distintas, pueden servir como forjadoras de un nuevo poder que erosione a aquellos agentes que permanecen sordos ante lo que sucede. Hoy, la estabilidad institucional de la democracia no está en mantener el orden, se basa en la capacidad para articular diferentes intereses y valores en el proceso democrático mediante redes de comunicación.

Estas nuevas Redes de indignación y esperanza como las bautizó Castells deben articular un poder estrechamente vinculado a la sociedad civil y han de hacer cambiar a los partidos políticos y la fisonomía democrática. La lucha por la nueva estabilidad no será fácil porque ésta, a  día de hoy, ha desaparecido por efecto del nuevo capitalismo global.  La creación de grupos de poder que están más allá de los límites de las soberanías populares de los estados, y que se localizan en torno a redes de producción de bienes, de consumo, de comunicación y de poder,  imposibilita que el ejercicio democrático del éste dependa en última instancia de la capacidad institucional para transferir el significado generado por la acción del Estado bajo principios del consenso constitucional. Así, los espacios de decisión – soberanos – desaparecen o están condicionados por una relación de inclusión-exclusión de redes.

Como todo poder, la democracia autoritaria desaparecerá  cuando sus vínculos y relaciones resulten socavadas. Los cambios comienzan a producirse cuando la dominación que se ejerce imposibilita la reproducción sin costes del tipo de sociedad que se desea. La protesta es de este modo, la base para construir una nueva relación de poder.

Poder y resistencia