El pasado viernes el Gobierno aprobó las llamadas “medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo”. En el Real decreto ley aparecen inexactitudes y falsedades que creo es preciso valorar. En el preámbulo se dice textualmente que “es el resultado de un proceso de diálogo y participación con los Interlocutores Sociales”. Creo que no hubo acuerdo por lo que, en todo caso, será el resultado del desacuerdo con los interlocutores sociales.
Hay una serie de aspectos que resultan muy preocupantes. En primer lugar hay que destacar la inclusión de los autónomos dependientes en los incentivos al autoempleo. Por definición, un autónomo dependiente no es un emprendedor, no abre mercado: un 75% de sus ingresos proceden de un único empresario. No tiene sentido su inclusión en las bonificaciones de emprendedores salvo para provocar que, en vez de trabajadores por cuenta ajena, asalariados, veamos cómo proliferan los jóvenes autónomos. En vez de los 225 euros que cuesta el alta en el régimen general con la base mínima, las empresas pagarán 159 euros durante 30 meses si el alta es como autónomo dependiente. La contrapartida será una mayor precariedad, si cabe, en los jóvenes que, como mínimo, carecerán de seguro de desempleo. Serán asalariados por cuenta propia más baratos que si fueran por cuenta ajena. Ese es el apoyo al emprendimiento.
Cuando se analiza la situación profesional de los jóvenes ocupados, se comprueba que el 8,8% trabajan por cuenta propia y el 91,1% son asalariados. Estos incentivos aproximarán esas cifras a las del resto de edades en las que el 17,8% son trabajadores por cuenta propia. Las acercará no fomentando emprendedores sino provocando un gran número de falsos autónomos dependientes con los que la Inspección de Trabajo deberá ponerse objetivos.
Un segundo aspecto indignante es la posibilidad de que las ETT realicen contratos de formación. La reforma laboral ha permitido que desde los 16 a los 32 años un joven pueda estar en formación en la misma empresa, siempre que cambie de ocupación cada tres años, para lo que hacen falta seis ocupaciones diferentes. Por poner un ejemplo, hay 26 ocupaciones distintas dentro del grupo de clasificación “4” (Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina). La próxima reforma en vez de sólo 16 años de aprendiz, permitirá tantas como ocupaciones existan. Estamos delante de la generalización del “mini job a lo PP”, trabajos con salarios por debajo del mínimo, aunque las jornadas no lo sean. Las ETT que han visto cómo su negocio se tambalea con la crisis (sus contratos se han reducido en una cuarta parte), ya le hacen un puesto de honor a la Señora Bañez. Ya tendrá donde cotizar. Por si con los contratos de formación no fuera suficiente, ha desarrollado su intervención en el proceso de intermediación de los, hasta ahora, servicios públicos.
Un tercer “invento” es una modalidad contractual entre el de prácticas y el de formación sin coste de contingencias comunes para empresas de menos de 250 trabajadores o del 25% si superan esa cifra. Es el llamado “Contrato a tiempo parcial con vinculación formativa”. Este contrato deberá hacerse por el 50% de la jornada, pero ya sabemos que la Reforma del PP permitió que haya horas extraordinarias en el contrato a tiempo parcial. La vinculación formativa puede ser inmediatamente anterior (estudios académicos, formación para el empleo o de 90 horas de idiomas o informática) o durante la vigencia del contrato. Viene siendo un contrato en formación para los que realizan la formación durante la jornada, pero sin formación acreditable, sin certificado de profesionalidad.
Además el Real Decreto Ley contempla beneficios fiscales, más incentivos a la contratación, más seudo modalidades contractuales, en definitiva, más de lo mismo para más precariedad y cambiar el poco trabajo con un mínimo de calidad que puedan tener los jóvenes por más de su “flexibilidad”. Ya sabemos que ahora, en vez de trabajadores de carne y hueso, nos quieren de látex.
Para incorporar a los jóvenes al mercado laboral, creo que se han mostrado ineficaces las medidas “zanahoria”, los incentivos, y ahora se precisan las de “palo”. Una subida generalizada de la fiscalidad de las empresas y el establecimiento de reducciones según la estructura de sus plantillas (proporción de jóvenes, mujeres o personas próximas a la jubilación, así como determinados colectivos que se establezcan). De las “zanahorias” posibles, la única que merecería la pena sería la incentivación de los contratos de relevo cuando el relevista sea un joven contratado por tiempo indefinido. Esto supone mantener el empleo actual de calidad, e incorporar jóvenes en su sitio. Pero esta no la han regulado.
Creo que este decreto solamente servirá para hacer ruido pero para nada más, salvo que las ETT se pondrán las botas. Los jóvenes seguirán la política que ya estableció el PP: una maleta y un billete. La maleta se la dará Feijoo, y el billete con el programa de la Ministra Báñez “Tu primer trabajo EURES”.
En 2022 habrá 3 millones de personas entre 60 y 64 años, mientras que solamente serán 1,9 los que estén entre 16 y 20 años. El índice de recambio de activos pronostica un futuro difícilmente sostenible. El drama que supone la política de “la maleta y el billete” para todos, especialmente para los que la utilizan, además hace que nuestro futuro sea inviable.