Los resultados electorales en Italia cuestionan la política de austeridad y a su principal clase política gestora. Al fracaso absoluto del candidato “comunitario” Monti se añade, respecto del año 2008, la pérdida por el partido de Berlusconi de seis millones de votos (aunque algunas encuestas preveían un bajón superior). Mientras tanto, el Partido Democrático de Bersani (que también ha colaborado con algunos recortes promovidos por Monti) también ha descendido en 4,5 millones de votos y no ha sido capaz de representar y articular el conjunto del descontento social. El ascenso claro ha sido para el Movimiento 5 Estrellas, liderado por Grillo, que ha recogido 8,6 millones de votos, entre ellos el 40% del voto juvenil. No es un movimiento antipolítico, es una contestación a “esa” política de austeridad y “esa” clase política, al servicio de los intereses del sistema financiero centroeuropeo y amparado por el bloque de poder que representa Merkel y avalan las principales instituciones europeas. Y expresa la necesidad de “otra” orientación socioeconómica y “otra” gestión y representación política, más sociales y democráticas.
Así, es una dinámica que expresa, de forma distinta a la corriente social indignada española, similar orientación de fondo: rechazo a los recortes sociales, mayor democratización del sistema político y exigencia de un recambio de la clase política. Supone, con todas sus complejidades y ambivalencias, un clamor de gran parte de la sociedad italiana contra la subordinación de la anterior clase política a los intereses financieros e institucionales ajenos a los de la mayoría social. Junto con los nuevos equilibrios del centro-izquierda de Bersani, si se afirma en una orientación progresista frente a los ajustes económicos, puede señalar un cambio de rumbo en la gestión de la representación política.
Es un síntoma positivo. Frente al refuerzo (junto con la pasada victoria de Hollande) de las tendencias de cambio progresista en Europa, enseguida han salido diferentes autoridades alemanas y europeas a recordar el diseño dominante, particularmente para el sur europeo: política de austeridad, con las llamadas reformas estructurales regresivas y el chantaje de los mercados financieros. Frente al rechazo ciudadano y su expresión democrática se nos trata de imponer la idea de que es inevitable el retroceso social y político. La cuestión es que cada vez tiene menos legitimidad social. Veamos algunas condiciones de esta compleja pugna sociopolítica y democrática frente a los intentos de consolidar la subordinación de los países europeos periféricos.
El impacto de los elementos socioeconómico y político-institucional en el sur europeo configura un panorama duro y grave para sus sociedades. La crisis económica y social es profunda, sus aparatos económicos son frágiles y dependientes y sus Estados de bienestar más débiles. Sus élites han fracasado en la modernización económica de sus respectivos países y ahora están más endeudados, subordinados y dependientes respecto del eje de poder centroeuropeo (alemán) y mundial.
Existen importantes diferencias entre, por un lado, Grecia y Portugal (e Irlanda) y, por otro lado, España e Italia; después viene Francia. La sensación ciudadana de ‘van a acabar con todo’ expresa la incertidumbre por el futuro del llamado modelo social europeo, al menos en esos países. Define el contenido regresivo profundo del proyecto neoliberal, aunque está por ver, dado los contrapesos existentes, el grado de cumplimiento de su programa máximo: destrucción del Estado de bienestar, la regulación y las garantías públicas y debilitamiento del sistema democrático o, en otro sentido, la vuelta a la implantación de la economía y el estado liberal del siglo XIX. En España, el temor ciudadano más realista se asienta en la perspectiva inmediata de un paro masivo y prolongado, con poca protección al desempleo y menguadas expectativas de empleo decente, un pronunciado desequilibrio en las relaciones laborales, con fuerte poder y discrecionalidad empresarial, un recorte sustantivo en los servicios públicos (sanidad y educación públicas), con un desmantelamiento progresivo de un débil aunque significativo Estado de bienestar y de protección social.
Se está produciendo una brecha profunda respecto de los países del norte cuyas clases populares, en términos comparativos, sobreviven menos mal a los efectos de la crisis y la política de austeridad. En ese sentido, la incógnita es hasta dónde el bloque de poder que ampara a Merkel puede imponer ese retroceso cualitativo en las condiciones sociolaborales y la dependencia económica y política del sur europeo y, paralelamente, consolidar su hegemonía respecto a las sociedades periféricas, incluyendo el estado francés, sin romper el entramado institucional europeo o recibir un fuerte rechazo popular.
El caso griego es un laboratorio de hasta dónde las élites europeas (y mundiales) pueden apretar el cinturón a la población, cuál es el nivel de su disponibilidad a la renuncia del cobro de parte de sus préstamos, la reducción de la deuda contraída o la flexibilización de los programas de austeridad (una vez traspasados las responsabilidades y los riesgos a los estados y salvados los intereses fundamentales de los acreedores financieros privados y sus sistemas bancarios).
Es decir, dentro de un reparto desigual de los costes de la crisis y su salida, cuáles son los retrocesos impuestos a la mayoría social y cuáles son capaces de aceptar los poderosos y los acreedores financieros para evitar unos efectos problemáticos para la estabilidad de los equilibrios básicos que garanticen su continuidad: retorno de capitales, hegemonía del poder y subordinación de las capas populares… O, superando el simple economicismo, qué componentes geoestratégicos –frente a los focos de inestabilidad del mediterráneo y oriente medio-, de legitimidad social, vertebración institucional y desprestigio o ruptura de la propia UE tiene la (casi) tragedia griega y su impacto y su generalización por el resto de países europeos periféricos.
Se está imponiendo un retroceso ‘cualitativo’ (deflación) de las condiciones laborales y sociales de las sociedades europeas del sur periférico, afectando a Francia, y una dependencia de sus aparatos económicos y productivos. Se agravan las consecuencias sociales y los problemas de cohesión social y deslegitimación de sus élites. Se puede plantear el interrogante: ¿es realista el diseño del poder dominante de prolongar esta situación y cumplir la amenaza de dar otro paso más pronunciado y duradero de sometimiento popular, con mayor reducción salarial y del gasto social, estancamiento económico, descontento ciudadano y desvertebración política? La respuesta, en todo caso, es que no es inevitable. Superando el fatalismo, gran parte de las sociedades europeas, especialmente del sur, está expresando su oposición a la involución social, a un fuerte retroceso de condiciones de empleo y derechos sociolaborales, así como su exigencia de regeneración democrática del sistema político y reequilibrio institucional en la Unión Europea, más solidario. El futuro, como nos indica la experiencia italiana, está lleno de dificultades y complejidades, pero sigue abierto para las opciones progresistas.