Cuando Putin ordenó a sus policías identificar a cualquier ciudadano ruso que protestara en la calle contra su gobierno, todo el mundo se rasgó las vestiduras denunciando la deriva del régimen hacia un modelo policiaco. La democracia y las sociedades abiertas y libres han podido desarrollarse porque muchos ciudadanos, en muchos lugares, defendieron activamente sus derechos y las libertades públicas. Y lo hicieron generalmente sin que los regímenes establecidos les dieran oportunidad de proclamar públicamente aquello que consideraban justo y necesario. Las multas que ha impuesto la Delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, a una serie de activistas contra los desahucios injustos es un verdadero despropósito político y jurídico. Los ciudadanos que, de manera pacífica, piden que se tengan en cuenta derechos de sentido común no deben ser criminalizados, ni mucho menos sancionados. Esto debiera comprenderlo cualquier persona que haya entendido con un mínimo de claridad el sentido del Estado de Derecho y de la democracia moderna. Que lo haya entendido y que lo haya asumido por completo, con sinceridad, y no por oportunismo o conveniencia personal.
Todos somos conscientes de las incomodidades personales que se derivan del hecho de ser sometido a un “señalamiento” público y, desde luego, tienen razón los que indican que los hijos de los representantes políticos deben quedar completamente al margen de estas presiones y señalizaciones. Algo, por cierto, que no hicieron en su día muchos adalides del PP con los ministros y altos responsables del gobierno de Felipe González y de Rodríguez Zapatero. Empezando por ambos expresidentes. Pero, la preocupación porque los gritos pacíficos de protesta y reclamación no despierten, por ejemplo, al bebé de la actual Vicepresidenta del Gobierno no deben hacernos olvidar a los muchísimos otros hijos de muchísimas familias -ya que se quiere que hablemos de hijos- que tienen que sufrir el drama terrible de ver cómo toda su familia es expulsada de su hogar, sin ninguna misericordia. A lo cual se une, generalmente, todo el corolario de las necesidades familiares de estas familias, que tampoco pueden pagar las comidas de sus hijos en las escuelas, ni atender otros muchos gastos necesarios. Este me parece a mí que es el verdadero drama que existe en estos momentos.
Cuando se criminaliza y se denigra a las personas que defienden causas justas, e incluso se les amenaza con arrancarles la cabeza como hizo un dirigente del PP canario, se está apartando la vista del problema real. Como el viejo proverbio chino indicaba “cuando el dedo señala la luna, el necio mira al dedo y no a la luna”. ¿Cuál es el problema en estos momentos? ¿Las protestas o algunos desahucios terriblemente injustos? En este caso, lo que no puede ser es que se mantengan situaciones tan inhumanas como las que tienen lugar cuando familias enteras pierden su hogar y son arrojadas a la puñetera calle; y todavía continúan manteniendo una deuda casi perpetua con sus Bancos, por no decir cuando también son expulsados de sus casas sus padres o parientes que les avalaron en su día. ¿Por qué no se buscan soluciones razonables a tales despropósitos?
Cuando un Gobierno es capaz de abordar estas situaciones como una cuestión de orden público, e intenta hacer frente a los problemas sociales a porrazos, criminalizando, incluso, el legítimo derecho al activismo político pacífico y argumental, se están empezando a bordear las fronteras del autoritarismo. Sobre los que pretenden arrancar las cabezas de los disidentes más vale no decir nada en estos momentos.
En este contexto, sería bueno que en el PSOE se tuvieran ideas claras sobre lo que está ocurriendo, tomando postura a favor de aquellos que tienen razón en las cuestiones de fondo. Por mucho que aquellos que han asumido que forman parte de un “partido de orden” se sientan en la obligación de marcar diferencias. En el mundo actual y en los momentos actuales, ¿puede realmente ser -y actuar- el PSOE como un partido de orden? ¿De qué orden? Seamos serios, por favor.