Los acontecimientos económicos, mundiales y nacionales, han puesto de moda la austeridad. No es que esté claro el empleo del concepto, porque se usa para un roto y para un descosido, pero se enarbola como única y milagrosa solución de nuestras desdichas. En Tembleque se manifiestan hasta que consiguen que no les cierren el llamado punto de atención continuada, urgencias, en suma. Y la cuestión, así vista, no encaja en el concepto de urgencia, sino en una medida que atenta contra aspectos fundamentales, eso si, enarbolando la bandera de la austeridad por el Gobierno del PP de Castilla la Mancha.
Muchas de las medidas que están adoptando los gobiernos del PP son de este tenor. Habida cuenta la incapacidad de generar ingresos, se han dedicado a limitar los gastos, con objeto de cuadrar la contabilidad. Nos han vendido la bondad de gastar poco, aún cuando en muchos casos no se pueda gastar menos o en otros poner en riesgo aspectos que suponen agravamiento de la situación. No parece hacer mella en los gobiernos del PP el continuado, pertinaz e irremisible incremento del paro. La cadena de consecuencias negativas enlazadas, es agobiante. Muchas derivadas han emergido con fuerza inusitada. La fijación en los sueldos, como remedio todo-lo-cura del Doctor Rajoy es una de las manifestaciones. Claro, mientras no llega a un Tribunal, en condiciones, como el Constitucional portugués, y lo tumba, sumiendo al gobierno en la miseria.
No obstante, los españoles, a sabiendas de que los problemas ni son los sueldos, ni, por supuesto, las personas, entramos al debate y teorizamos sobre aspectos que, al margen de la situación presente, son auténticamente desorbitados. Los políticos del PP, según presuntamente revela la trama de Bárcenas, han disfrutado de sobresueldos. La cuestión es que, simultáneamente, la dirigente del PP, Cospedal, les ha quitado el sueldo (no el presunto sobresueldo) a los diputados regionales de Castilla la Mancha. En otros lugares se han rebajado algo los sueldos, que no ha superado la calificación de simbólica, mientras que otros simultanean varios sueldos. Seguramente el PP intentará una reducción de alcaldes, diputados regionales, concejales, etc. sin atender el quebranto que pueda provocar en la representación y por ende en la calidad democrática. En suma, se trata, no de una operación propiamente de austeridad, sino de restricción democrática y llevar a las instituciones a unos parámetros más fácilmente manejables por quienes no han ostentado muy claramente su talante democrático, nunca y no parece que lo hayan entendido, como se evidencia por su visión intransigente con los escraches.
Parecería más sensato instaurar el concepto de viabilidad, como previo a cualquier planificación, a cualquier proceso que implique cualquier vertiente económica. En el mundo de la empresa, de los proyectos, es obligado hacer un estudio de viabilidad. Todo el mundo lo reclama. Ahí se ponen las cosas claras. Se parte de los objetivos y se fijan insumos y consumos, así como todos los factores y elementos que conforman el sistema y se deduce cual será su comportamiento dinámico. Solamente con una planificación apropiada se puede convencer a un inversor o entidad financiera (y ahora muy exigente) de que la propuesta puede mantenerse en el tiempo y generar beneficios. ¿Por qué estos “emprendedores” del PP no se atienen a los planes de viabilidad para emprender los proyectos?
La dificultad de establecer un plan de viabilidad es que es preciso consignar cuales son los objetivos y cuáles son los elementos que se consideran y cuáles son las relaciones entre ellos. Es preciso tener las ideas claras y las fórmulas que las materializan. Así, una administración requiere especificar su organigrama, con el detalle del perfil de los puestos de trabajo, qué hace cada cual y que tiene que hacer y conseguir con el nuevo modelo. Esto evidenciará los puestos superfluos en la administración de hoy, ocupados por personas designadas a dedo, cuyas ocupaciones no tienen clara defensa racional y que han disfrutado de un trabajo cautivo, debido más a una voluntad caprichosa que a una necesidad real de la administración.
De darse una planificación de este estilo, sería razonable, a continuación, abordar la compensación económica asociada a los puestos de trabajo necesarios. El número de concejales no puede responder a un cálculo caprichoso, sino una vez establecidas las tareas y conocida la capacidad de una persona para desarrollar un trabajo, deriva el número de personas necesarias. ¿no se hace esto en la empresa o en cualquier otra actividad? La simplona decisión de que los concejales dejen de tener dedicación exclusiva, habrá que pensar que es consecuencia de lo que tiene que desarrollar, y no de una definición caprichosa, por cuanto solamente garantizará, de ser así, que se pagará una cantidad, pero en modo alguno que la tarea a desarrollar está garantizada.
La tarea de un político, la gente esto la sabe, se mide por su eficacia, por completar los trabajos, por conseguir beneficios para los vecinos, por alcanzar cotas de bienestar que se han prometido. Cuando estos aspectos se dan, la gente ve que sus recursos se emplean en beneficio de todos y no solo lo aceptan, sino que lo aplauden. Si ello requiere pagar un sueldo por una dedicación eficaz, no tiene problema. Como es bien sabido, los problemas surgen con los presuntos desvíos, de presuntos caraduras, presuntos ineficaces y sinvergüenzas sin presunto. Claro, en las actuales circunstancias del PP, abogar por eliminar puestos de políticos en todos los niveles, es bien recibido por la ciudadanía, porque cuando menos sean, menos riesgo habrá de presuntos Bárcenas en cualquier nivel de la Administración y menos presuntos cobradores de sobresueldo a costa del pecunio de los pobres españoles del entorno.
No puede ser austeridad reducir la inversión en educación o poner en peligro la vida de las personas por falta de atención, mientras se frotan las manos las privadas que están agazapadas esperando hacerse con negocios de pingües beneficios. La austeridad que debe prevalecer es la de mente, la de voluntad de no quedarse con nada que sea de los demás, el firme propósito de que se trata de beneficiar a todos y que cualquier elemento de progreso repercuta en la vida y hacienda de todos los españoles, sin distinción, que cualquier posibilidad de bienestar se garantice a todos. Esto es una actitud mental. Lo otro es hipocresía, cuando menos. Lo que esta crisis nos ha enseñado es que, además de actitud, hay que procurar que los que gobiernan tengan aptitud para ello.