miércoles. 17.07.2024

Los españoles tenemos más paciencia que el Santo Job

Se ha convertido en algo de dominio común, aceptado por la gran mayoría de la población que la realidad es la que es y que además no se puede cambiar.

Se ha convertido en algo de dominio común, aceptado por la gran mayoría de la población que la realidad es la que es y que además no se puede cambiar. Se ha implantado el pensamiento único, ese es el gran triunfo del neoliberalismo. Hay un intencionado esfuerzo para debilitar las opciones alternativas, a las que se califica de anacrónicas, inferiores, débiles y malintencionadas. Existen actores de la academia y de la inteligencia, auténticos mayordomos del gran capital, o mejor dicho mamporreros, no vamos andarnos con exquisiteces verbales a esta altura de la película, que elaboran y divulgan determinados relatos con el soterrado objetivo en que, a lo sumo, algo cambie para que lo sustancial quede invariable. Me parecen muy oportunas las preguntas que se plantea Boaventura de Sousa Santos en la Quinta Carta a las izquierdas: ¿Por qué Malcolm X tenía razón cuando advirtió: “Si no tenéis cuidado, los periódicos os convencerán de que la culpa de los problemas sociales es de los oprimidos y no de los opresores”? ¿Por qué las críticas de las izquierdas al neoliberalismo entran en los noticieros con la misma rapidez e irrelevancia con la que salen? ¿Por qué son tan escasas las alternativas cuando son más necesarias?

Nos dicen que estamos inmersos en una profunda recesión económica, de la cual nos han hecho sentir culpables a la gran mayoría por determinados comportamientos colectivos. Hemos gastado en exceso, por lo que debemos asumir una serie de sacrificios. Por ello, hay que poner en marcha un plan de consolidación fiscal, el único posible, lo que requiere una serie de medidas: aumentos de impuestos, sobre todo, indirectos como el IVA; recortes en nuestro Estado de bienestar que afecta a educación, sanidad, asistencia social, pensiones, el subsidio de desempleo; tenemos que ser competitivos, lo que implica flexibilización del mercado laboral, con reducciones de salarios, reforma de las pensiones, etc.    Todas estas medidas son duras, pero al final del trayecto llegaremos la Tierra Prometida, una vez alcanzado el añorado equilibrio presupuestario, vendrá la recuperación económica, con el consiguiente crecimiento del PIB y millones de puestos de trabajo. Bla, bla, bla, bla,,, ¡Ay de aquel que tenga la osadía de salir de este redil!   Todas estas medidas vienen disfrazadas con rebuscados circunloquios: reformas estructurales, espíritu emprendedor, mejora de la competitividad… Además todas ellas edulcoradas con alardes de patriotismo.  Vamos a llamar a las cosas por su nombre.  Todo ello se reduce a joder a los de abajo, para enriquecerse a los de arriba.

Hoy me voy a tomar la licencia de presentar otras opciones, recurriendo a los datos proporcionados por economistas afamados y prestigiosos que nadie ha cuestionado, mucho más justas y solidarias, para salir de esta recesión que nos está hundiendo en la miseria a la gran mayoría de la población, con el consiguiente enriquecimiento de una restringida minoría.

Nos han convencido que nuestro gasto público es excesivo, sobre todo el social, y que no se pueden incrementar los ingresos por la vía fiscal, porque nuestra carga impositiva es desmesurada, por lo que la conclusión es clara: hay que reducir el gasto público. Las cosas no son así. Frente a la política de consolidación fiscal por esta vía de reducción del gasto, repito sobre todo social, hay otra totalmente diferente, totalmente factible, que radica en el incremento de los ingresos a través de una adecuada política fiscal: vía reformas fiscales y persecución del fraude fiscal. ¡Vaya que si las hay! Es obvio que el déficit es el resultado de la diferencia entre los ingresos y los gastos. Por ello, es factible combatir el déficit por la vía de los ingresos. Sin embargo, tanto nuestro Gobierno como las instituciones comunitarias e internacionales, centran exclusivamente sus traumáticas medidas en la reducción concerniente al gasto público y, en especial, en la parte del mismo que realiza la función redistributiva dentro de nuestra sociedad, como si en él radicará el origen del problema y, por consiguiente, su solución. Toda la argumentación está construida sobre unas bases totalmente erróneas. Vamos a verlo. Que nuestro gasto público sea excesivo no es cierto. Como señala recientemente Nicolás Sartorius: según los datos publicados el 23 de abril de 2012  el EUROSTAT, referidos a 2011, el porcentaje que del gasto público sobre el PIB era como media de un 49,1% (49,3 en la zona euro). Alemania un 45,6, Italia un 49,9 y Francia un 55,9. En España es el 43,6. Como vemos nuestro gasto público es inferior a la media europea. También nos han dicho que nuestra deuda pública es excesiva. Otra falacia. Por cierto, el endeudamiento de nuestro país al final de 2011, según la misma fuente, era del 68,5%, frente al 87,2% en los países de la zona euro. Si hoy alcanza unas cifras mucho más altas, se debe como todos sabemos porque la deuda privada se ha convertido en pública, además de por el rescate de los bancos. Vamos a fijarnos, ahora en los ingresos provenientes de los impuestos, según EUROSTAT, en 2011 el porcentaje que representaban los ingresos públicos respecto al PIB era, por término medio, en la Unión Europea del 44,6% (45,7% en la zona euro), mientras que en España, y sin que ello signifique en absoluto que nuestros tipos impositivos y cotizaciones sociales sean más bajos, se reducía al 35,1%. Esta diferencia aún era mayor si la comparación se hacía con los tres países citados anteriormente (Alemania 44,7, Italia 46,1 y Francia 50,7). Teniendo en cuenta que nuestro actual PIB es ligeramente superior al billón de euros, esto quiere decir que, si España alcanzara un nivel de ingresos públicos semejante al de los países de nuestro entorno, se dispondría cada año de unos recursos adicionales superiores a 90.000 millones de euros. ¿Cuáles son las razones de esta disponibilidad de menos ingresos? Es clara: el fraude fiscal.

Según Vicenc Navarro, un artículo reciente  de  Miguel Ángel Mayo, coordinador en Catalunya de sindicato de Inspectores de Hacienda, proporciona datos contundentes sobre el fraude fiscal en España. El fraude fiscal representa una cifra, 89.000 millones de euros. Es uno de los fraudes fiscales más elevados de la Unión Europea y también de la OCDE. No deben tener mucho interés nuestros gobernantes, tanto los del PSOE como los del PP, en su persecución, si nos fijamos que España es el país que tiene menos inspectores de Hacienda en relación a la población tributaria. Hay un inspector por cada 1.680 contribuyentes, tres veces inferior a la media de los países de la OCDE y cinco veces inferior a Franca y Alemania. El fraude es, pues, el problema fundamental. Otro dato relevante es que tal fraude fiscal se concentra en las grandes fortunas y las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, fraude fiscal que se realiza a través de la banca, la institución más importante que lo canaliza hacia los paraísos fiscales, es decir, países donde prácticamente no se pagan impuestos. De todos estos datos, resulta que los ricos y súper ricos apenas pagan impuestos en España. Sigue diciéndonos, Vicenc Navarro, además el sistema de tributación es profundamente injusto. El 44% de los ingresos al Estado procede de los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de los cuales el 83% de la recaudación se basa sobre las rentas del trabajo (es decir, la población que trabaja y está en nómina). Y un 32% de los ingresos al Estado procede de los impuestos sobre el Valor Añadido (conocido como IVA), que se basa en el consumo y es profundamente regresivo, lo cual quiere decir que las clases populares pagan mucho más que los ricos y los súper ricos. Es, pues, una gran desvergüenza el argumento de que España ha alcanzado su límite en cuanto a gastos, porque el país no da para más. Está claro que España podría ingresar más. Ahí está el quid de la cuestión: los que tendrían que pagar mucho más de lo que pagan no son el ciudadano normal y corriente, deberían ser los ricos y los súper ricos- que tienen un enorme poder político y mediático en el país. La conclusión es clara, si hubiera una política contundente de persecución del fraude fiscal o de reforma fiscal en sentido progresivo, se incrementarían nuestros ingresos, por lo que serían innecesarios los recortes que estamos sufriendo, que contribuyen al agravamiento de nuestra recesión económica. 

Como señala José Luis Escario en su libro Paraísos Fiscales. Los agujeros negros de la economía globalizada, los ciudadanos españoles deberíamos ser conscientes que las pérdidas de ingresos por evasión o elusión fiscales  provocan generalmente una mayor presión fiscal sobre las rentas del trabajo, mucho más controlables que las del capital. Además, constituye una competencia desleal de las multinacionales, grandes culpables de delitos fiscales, con respecto a las medianas y pequeñas empresas locales, que carecen de medios para colocar sus beneficios en paraísos fiscales y otras jurisdicciones fiscales más favorables. Así pues estas prácticas potencian las desigualdades sociales y debilitan gravemente la cohesión de una sociedad.

Y si las cosas son así, ¿por qué los gobiernos —antes PSOE y ahora PP—  no toman las medidas conducentes a evitar que a las dificultades inherentes a la crisis se sumen las injusticias que suponen la rebaja en el Estado del bienestar por no combatir el fraude?  Es una determinada opción política. Pero hay otras, claro que las hay. Las acabamos de ver con claridad meridiana. Mas los políticos, vendidos al gran capital, son incapaces de hacer otras políticas diferentes a las expuestas en líneas precedentes. Naturalmente por ello  son ampliamente recompensados con donativos los partidos políticos, que sirven para pagar sueldos en dinero en negro a los miembros de la cúpula dirigente, o con puestos en los consejos de administración de las grandes empresas o bancos, muy bien remunerados. Funciona como una máquina perfectamente engrasada el efecto “puertas giratorias”. Ahí van algunos ejemplos. Ángel Acebes es consejero de Iberdrola, y durante el primer semestre del 2012, por el trabajo de dos meses, periodo en que se celebraron dos consejos de administración y una junta general de accionistas, percibió 145.000 euros. Iberdrola Ingeniería fichó como consejero al marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro. Endesa a Miquel Roca Junyent. Gas Natural y Endesa a Felipe González y José María Aznar por lo que cobrarán respectivamente 126.500 euros al año, y 200.000. Podríamos seguir poniendo ejemplos y más ejemplos. Al final todo se entiende. También, se me olvidaba, tengo la impresión de que muchos miembros relevantes de nuestra clase política, que alardean de patriotas, no persiguen el fraude fiscal, porque ellos mismos son defraudadores. Nadie se tira piedras sobre su propio tejado. Son estos mismos que han permitido y se han lucrado con la desvergüenza de las preferentes. Son estos mismos que se sienten profundamente doloridos porque unos ciudadanos acuden a sus casas a quejarse por haberse quedado sin vivienda, además de arruinados de por vida. De verdad, los españoles tenemos más paciencia que el santo Job.

Los españoles tenemos más paciencia que el Santo Job