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lunes. 08.08.2022

Los alumnos del colegio Santa Illa ya son adultos

El pasado jueves el colegio Santa Illa de Madrid, privado, laico y bilingüe, se hizo famoso. No por su excelencia educativa; sino por recibir la visita del Juzgado, que acudía a ejecutar una sentencia. En ese momento profesores y alumnos estaban en plena función docente. Este colegio fue fundado en 1959 y define su educación como “integral fundamentada en los valores cristianos”.

El pasado jueves el colegio Santa Illa de Madrid, privado, laico y bilingüe, se hizo famoso. No por su excelencia educativa; sino por recibir la visita del Juzgado, que acudía a ejecutar una sentencia. En ese momento profesores y alumnos estaban en plena función docente.

Este colegio fue fundado en 1959 y define su educación como “integral fundamentada en los valores cristianos”. Ofrece formación obligatoria desde infantil hasta bachillerato.

La causa es una deuda que tiene la empresa privada con la seguridad social de 900.000 € desde 1993 en concepto de cuotas sociales de sus empleados.

Más de 150 alumnos de entre 3 y 17 años de edad, ven cómo se llevan los muebles de sus clases. A muchos les sacude el nerviosismo y lloran. Algún profesor contaba a los más pequeños que los Reyes Magos les traerían otros muebles nuevos.

La violencia psicológica sufrida por los alumnos se pudo y se debió evitar. La prueba es que se ha paralizado el embargo y los alumnos regresarán al mismo colegio el lunes próximo. Estos niños han sufrido su primera batalla, sin escudo, contra un gigante o contra un molino, sin ningún deseo de acometerla.

De pronto han crecido. Se han hecho adultos. Y de aquí en adelante verán el mundo de otra manera.

Mientras dibujaban, aprendían matemáticas o conocimientos del medio natural o saltaban al potro, los operarios públicos y agentes de la Policía Judicial les despojaban de sus mesas, sillas, pizarras y del mismo potro sobre el que estaban saltando. Tenían que ejecutar una sentencia de embargo que seguía sus ritmos y plazos. Los operarios llevaban mantas y cajas para proteger el material escolar y deportivo.

Sin embargo, a nadie se le ocurrió pensar en la fragilidad de esos locos bajitos que correteaban por el patio o se aplicaban por entender lo que les decían sus profesores.

Los alumnos han soportado, como han podido, los efectos directos. Muchos, presos del nerviosismo, lloraban desconsolados. No entendían por qué se llevaban su mesa cuando aún no habían terminado el dibujo.

Los efectos colaterales serán aún más duraderos.

Han sido víctimas de violencia psicológica y maltrato por la irresponsabilidad del administrador del centro y por la legalidad vigente en materia de embargos. Nadie pensó en ellos.

El propietario y administrador del centro debió negociar para que no se produjese el embargo hasta que hubiese terminado el curso. Con los hechos consumados, explica que pensó que el fax, que recibió el día anterior, anunciando el embargo implicaba que embargarían las cosas dejándolas depositadas en el centro. ¡Curioso embargo!. Doy por hecho que realmente no puede pagar la cantidad que adeuda el colegio.

El Juzgado debió entender que embargar un colegio en plena actividad docente no es como embargar un coche o un frigorífico. Quien aplica la Ley debió ser sensible a los perjuicios que su acción podía acarrear en ese momento, con los alumnos preparándose para el futuro. Si han esperado veinte años para no cobrar la deuda, ya que no se trataba de cobrar sino de embargar, ¿no podían esperar hasta que el curso lectivo terminase?

La Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, o el Defensor del Menor, Arturo Canalda González, debieron velar para que estas situaciones de abuso a los niños y adolescentes no se produjesen.

Estos hechos demuestran la necesidad de un departamento preventivo, que supervise en qué situación administrativa se encuentran los colegios de la Comunidad. Es necesario evitar otros escenarios parecidos en el futuro. Invertir en Educación también es invertir en la salud intelectual y anímica de los alumnos. Las instituciones públicas deben impedir que, causas ajenas a la formación, mermen la capacidad de desarrollo de los escolares.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, justifica la acción en que, la instancia competente, había llevado a cabo numerosas notificaciones para que se abonase la deuda; al no hacerlo, la justicia sigue su procedimiento.

Comparto la indignación y la desesperación de los padres de los alumnos. No hay derecho a que se produzca una conducta tan antisocial ante las narices de sus hijos, justo en el lugar donde todo debe transcurrir con normalidad. No se puede quebrantar de manera tan flagrante la confianza que los padres han depositado en el colegio, donde sólo esperan que sus hijos aprendan valores y adquieran los conocimientos que, pedagógicamente, corresponden a su edad.

Sin duda se han vulnerado los derechos de los estudiantes y de los padres.

Los alumnos del colegio Santa Illa ya son adultos
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