Una burbuja económica (también llamada burbuja especulativa, burbuja de mercado o burbuja financiera) es un fenómeno que se produce en los mercados, en buena parte debido a la especulación, que se caracteriza por una subida anormal y prolongada del precio de un activo o producto, raramente un servicio, de forma que dicho precio se aleja cada vez más del valor real o intrínseco del producto. Mi tesis es que las burbujas especulativas en España, como los pecados capitales, son siete, la inmobiliaria, la financiera, la de las infraestructuras, la de los polígonos industriales, la burbuja del turismo, la de las privatizaciones y la burbuja del empleo temporal.
La primera y la segunda burbuja. La lujuria y la gula. La economía española ha vivido durante los últimos 10 años de procesos especulativos que han absorbido cientos de millones de euros que incrementaban los precios de determinados bienes. La burbuja más conocida ha sido la inmobiliaria que incrementó la cantidad de viviendas y sus precios, en contra de cualquier argumento racional, por la creencia de que estos iban a crecer indefinidamente y eso permitiría altos beneficios seguros. Esa creencia provocó una demanda especulativa que nada tenía que ver con las necesidades de vivienda de los españoles. A su vez, esta provocó una burbuja financiera sostenida en la concesión de créditos a empresa, promotores y particulares que, por arte de las actuaciones financieras creativas, sobre todo en EEUU revendiendo las créditos a fondos de inversión, provocó un incremento exorbitante de la deuda privada, del déficit privado y finalmente de los impagos. En definitiva se generó un sistema piramidal que acabó por caer. Estas dos burbujas son bien conocidas y han sido ampliamente analizadas. Las otras por el contrario, no.
La tercera burbuja. La envidia. La burbuja de las infraestructuras ha supuesto que se destinaran, en los gobierno de González, Aznar, Rodríguez y Rajoy al menos 2 billones de euros desde 1997 en modernas infraestructuras de transporte redundantes, deficitarias o directamente inútiles que, en muchos casos, no se usan o se usan por debajo del umbral que las haría rentables: aeropuertos, autopistas, carreteras, trenes de alta velocidad, puertos de todo tipo, etc... mientras los transportes que sí usa la gente, como cercanías, metro, autobuses urbanos e interurbanos, se dejan morir. Sólo en el Plan de Infraestructuras 2005-2020 hay previsto 241.392 millones de euros de inversión en infraestructuras de transporte de “alto standing”.
Con la excusa de que se financiaban con fondos europeos y que había que coger el dinero y gastarlo, se hicieron auténticas barbaridades, de esta forma la financiación europea forma parte sustancial de la generación o, al menos, del incremento de esta burbuja. Pero el problema que pretendo trasladar aquí no es sólo que se ha derrochado dinero, sino las consecuencias para el futuro de esta burbuja de infraestructuras.
A este respecto es importante compararnos. España es el segundo país del mundo en líneas de alta velocidad, sólo superada y con mucha distancia, por China por lo que muchas líneas son deficitarias. Junto al AVE la otra expresión de esta burbuja han sido los aeropuertos. Valga de ejemplo que alrededor de Vitoria hay cinco aeropuertos a menos de 100 km (Burgos, Logroño, Pamplona, San Sebastián, Bilbao y Santander, aparte del propio Vitoria). El aeropuerto de Ciudad Real tenía antes de su cierre una media de dos vuelos por día, y a partir del 29 de octubre de 2011 ya no está en activo. Los aeropuertos de Huesca, Lleida, León, Albacete, Logroño son también muy deficitarios. El de Castellón no llega ni a eso porque todo son gastos.
Otra faceta del inmenso despilfarro a que se han dedicado nuestros gobernantes en los últimos 10 años han sido las autopistas de peaje, que se planificaron en los tiempos de Álvarez Cascos y que sus sucesores, tanto en este tema como en la burbuja inmobiliaria, no hicieron más que competir a ver quien lo hacía peor. Las autopistas ruinosas actuales, forman parte del Plan de Infraestructuras 2000-2007 del primer gobierno de Aznar que incluía la construcción de más de 7.000 Km de líneas de AVE. A finales de 2007 España tenía 14.689 Km de vías de alta capacidad (autopistas y autovías, ahora tiene aún más), es decir, un 8,8% de la longitud total del trazado de carreteras y se convertía así en el 3º país del mundo por longitud de vías de alta capacidad sólo superado por EEUU (PIB 15 veces mayor y población 8 veces mayor) y China (PIB 5 veces mayor y población 30 veces mayor), así superamos con creces a Alemania, Francia, Inglaterra y cualquier otro país desarrollado, como ocurre también con las líneas de Alta Velocidad o los aeropuertos.
Como resultado de todo lo anterior las concesionarias de estas autopistas están demandando continuamente ayudas del Estado, que ya sabemos como se financia: más deuda pública y empeoramiento de la situación crediticia del país. La demanda de las concesionarias es que el Estado les aporte 120 millones de euros al año durante los siguientes 20 años, además de esto están presionando al Estado a que consiga "como sea" otros 2.000 millones de euros más para ellas, y eso significará, probablemente, la instalación de peajes en las autopistas que ahora son gratuitas.
La cuarta burbuja. La burbuja “poligonera”. La soberbia. Los polígonos industriales, es decir, suelo industrial también tuvo su burbuja, promovida fundamentalmente por los pequeños ayuntamientos que creían que la oferta de suelo era motivo bastante para atraer empresas. El resultado de este despropósito son 5.000 polígonos industriales, la mayoría semivacíos y sin servicios ni con expectativa en esta década de servir para algo.
Para algunos estas promociones era la muestra de la buena marcha de la economía española, pero fue reconocida como un despilfarro incluso por la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE). Además el exceso se completa con la ausencia de planes estratégicos o de oficinas de gestión que permita su promoción, carecen de servicios (bomberos, guarderías, vigilancia, mantenimiento de las infraestructuras o del “paisaje”, limpieza, servicio de correos, transporte, comercios, entidades financieras, etc). La crisis además a supuesto la puntilla para algunos que tenían una cierta planificación o aquellos que estaban bien gestionados.
Esta burbuja afecta a los numerosos pequeños polígonos industriales por su dispersión y falta de criterio en su construcción, pero la crisis ha llegado también a los grandes polígonos de hace 30 ó 40 años que a pesar de estar consolidados, son viejos y necesitan de importantes renovaciones. El verdadero problema de esta burbuja es que con el cierre de las empresas ubicadas la futura colocación de este suelo es muy complicado ya que su planificación y construcción se hizo en la década de los 80 y 90 con lo que los servicios que demandan actualmente las empresas (tamaño del suelo menor, conexión de banda ancha y futuras adaptaciones a TICs, menos uso de naves y más para oficinas, mejor diseño urbanístico, menos superficie para almacenaje) requiere grandes inversiones de reconversión de lo ya construido.
El último dato que afecta claramente a las instalaciones industriales, dentro y fuera de los polígonos, es la bajada del índice de producción industrial que no registra cifras positivos desde agosto de 2011. Con la tasa negativa de mayo de 2013, de un 1,3% con respecto al mismo mes de 2012, son 21 meses de caída, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Esta tasa fue aún peor en abril, un descenso del 1,5%. Así la producción industrial representa el 78,6% de lo que era en 2005, el año que se toma como base. O lo que es lo mismo, ha descendido más de una quinta parte, en estos 7 años y medio.
Podría pensarse que esta burbuja afecta a las regiones pobres pero el mismo esquema lo encontramos en el País Vasco con ejemplos como el Vitoria Industrial Air Park, un parque aeronáutico cuya primera fase estaba prevista para 2014, pero la decisión de Aena de reducir los horarios de Foronda amenaza la rentabilidad del proyecto.
La burbuja del turismo. La pereza. Esta burbuja nace por pereza. Pereza en pensar en otras posibilidades, en cambiar los más socorrido por otras inversiones. La falta de una estructura productiva diversificada, innovadora, con inteligencia añadida hace que el sector turístico y de ocio se convierta en un recurso fácil para invertir. Pero como demuestra la historia, es pan para hoy y hambre para mañana. Las fuertes inversiones en ocio y turismo (en todas sus formas y vertientes, de sol y playa, rural, de congresos, urbano, parques temáticos, etc) se han hecho por la totalidad de las administraciones públicas desde el estado hasta las mancomunidades de municipios. Todas esas inversiones se han hecho basándose en la creencia de que España es un destino turístico en lo “universal”, de crecimiento exponencial y permanente.
Así ahora nos encontramos con ingentes cantidades de inversiones públicas o privadas (o público-privadas) en ocio y turismo que acaban convirtiéndose en espacios vacíos y sin aprovechamiento y que dejan, a la larga, en el desamparo a los pequeños y medianos empresarios que realizaron inversiones a la sombra de este convencimiento.
Las primeras en sufrir el pinchazo de la burbuja fueron las agencias de viajes. De las cerca de 9.000 agencias de viajes (pertenecientes a más de 3.000 empresas) que existían en 2007 se han llegado a las 6.700 en 2010 y el descenso más fuerte se produjo en 2012 con una porcentaje de cierres del 20% situándose actualmente en poco más de 5.000 agencias de viajes. Otro indicador es que Amadeus (es el proveedor líder de soluciones tecnológicas para el sector global del turismo y los viajes) ha perdido en los últimos 5 años, el 30% de las agencias de viaje con las que mantenía contratos de servicios, es decir unas 3.000.
No todo es atribuible a la crisis económica que sería la respuesta intuitiva o justificativa de que no hay burbuja turística sino sólo un efecto más de la crisis global, ya que internet, la llegada virtual de agencias no españolas, el cambio de costumbres de los usuarios, la concentración de agencias y otro factores que acompañan a la aparición de una burbuja turística son evidentes. Es decir, se ha producido un exceso de crecimiento que fue más allá de su margen de sostenibilidad aupada por la percepción de beneficios seguros.
Los siguientes perjudicados son las medianas compañías turísticas. Sorprendentemente al aluvión de datos a la baja contrasta con el crecimiento constante de la oferta hostelera. Espinar alertó sobre los riesgos de alentar una "burbuja turística" a base de celebrar sin matices el alza de las pernoctaciones. Los hosteleros constatan que después de cuatro años consecutivos de crisis y de pérdida de rentabilidad no ha dejado de crecer la oferta. Y sin embargo cada día hay más bares y restaurantes.
En todas las ciudades españolas, así como en las zonas de costa, empezaron a proliferar hoteles de cuatro y cinco estrellas con los mayores lujos posibles, El dinero para construirlos era casi gratis y el suelo había perdido su protección. Después vino el cierre de Hilton y Sidi Saler en Valencia, Montíboli, Villa Gadea y Sidi San Juan, el Hotel Meliá-La Quinta en Marbella, Las Dunas de Estepona, Incosol y Guadalpín de Marbella, Los Monteros y Byblos de Mijas-Costa. Pero el tirón de la creencia en el turismo seguía alimentando la burbuja más allá de la constatación de su insostenibilidad.
Las sociedades de patrocinio turístico autonómico, provincial, local, mancomunidades, etc. gastaban el dinero a espuertas en campañas publicitarias, porque el dinero público era inacabable y se iba a seguir retroalimentando cada vez más: campaña, turistas que pagan impuestos, más campaña, más turistas, etc. (o al menos eso creían).
Lo que empezó en 2008 continúa en 2012. En este año el consumo interno en caída libre, el consumo exterior en plano, las campañas de patrocinio cuentan con poco capital han desaparecido en la práctica por falta de fondos, cadenas de viajes con dificultades para sobrevivir (Viajes El Corte Inglés, Globalia o Viajes Barceló). Iberia realiza el tercer recorte de personal de los últimos cuatro años, recientemente confirmado por los Tribunales de Justicia, Spanair quebró, subida de las tasas aeroportuarias, Ryanair se plantea eliminar vuelos en España. Con este panorama la subida del IVA turístico del 10% al 21% no será más que una excusa para justificar lo mal que van las cosas.
La burbuja del empleo temporal. La ira. La combinación de al menos otras tres burbujas son las causantes de la burbuja del empleo temporal pero, además, hay una voluntad explícita por limitar los derechos de los trabajadores, así que esta burbuja se alimenta de la ira de los pensadores neoliberales.
La burbuja financiera, la inmobiliaria, la de las infraestructuras y la del turismo hizo que durante años se desviaran cientos de miles de personas desde la educación secundaria y universitaria hacia empleos manuales sin cualificación, que requerían de fuerza joven y que aseguraban ingresos desproporcionados para la responsabilidad que conllevaba. El dinero fácil, la especulación de la vivienda, el suelo y la promoción de España como destino turístico atrajo a cientos de miles de jóvenes y no tan jóvenes hacia estos sectores. La consolidación de la ideología del “españavabienismo”, la proliferación de empresas de empleo temporal, la oferta de contratos temporales y la aceptación de contratos con pagos bajo mano, no se percibía como una burbuja pero son los mecanismos para especular con esta peculiar “mercancía” que es el empleo.
El estallido de este “bien” tiene dos momentos, el estallido estacional y el estallido sistémico. El primero es debido a la especial estructura productiva de España. Pero es precisamente las curvas estacionales, de creación y destrucción estacional, la que oculta la curva a largo plazo que es la verdadera burbuja del empleo temporal.
Pongamos como ejemplo las reciente cifras de creación de empleo del pasado junio en el que se han creado 157.000 empleos, estadísticamente la mejor cifra de creación de empleo de toda la serie. Evidentemente estos empleos son temporales, descualificados, y baratos. La presión del desempleo, el incremento de las tasas universitarias que envía más presión al mercado laboral de gente joven y la desesperación de algunas familias crean las condiciones para que se acepte cualquier empleo temporal generando la ilusión del “mejor datos de la serie” y ocultando esos otros aspectos del dato: la duración de los contratos, el salario y las condiciones del empleo. La buena evolución del empleo estacional alimenta la burbuja sistémica. Esta burbuja afecta al resto de sectores de nuestra economía. Una burbuja poco o nada estacional.
La creación de 175.000 empleos supone que la destrucción de empleo en octubre ronde los 180.000 ya que a la desaparición de estos puestos se sumará a aquellos que procedan por el pinchazo de la burbuja sistémica. En 2009 la creación de empleo en mayo, junio y julio fue de 25.000, 55.000 y 21.000 puestos pero en agosto se destruyeron 85.000 y 80.000 en septiembre. Por otro lado tan importante como la cantidad de empleo es la tasa de aumento de la ocupación en este sector que fue cuatro veces superior al de la industria y más del doble que en la construcción, es decir, casi el doble que en los dos sectores (construcción e industria) más típicamente productivos.
Como consecuencia puntual de esta distribución del nuevo empleo creado en España, la distancia entre los sectores productivos sigue aumentando en detrimento de la industria, que es donde verdaderamente se mide la principal baza competitiva de la economía española y de donde se pueden obtener las mayores rentas vía balanza comercial y, a la postre, de la balanza de pagos, aunque lógicamente la primera “fábrica” de ingresos externos es el turismo, gracias a lo que gastan en España los visitantes extranjeros.
Es la estructura de una economía típicamente veraniega, que funciona bien en los meses centrales del año gracias al sol y a la hospitalidad que nos caracteriza pero que entra en hibernación entre octubre y abril, periodo durante el cual hay bastante menos turismo y los sectores típicamente productivos, como los industriales, están en clara situación de retroceso. Quizás nos estemos olvidando bastante de la industria, ese sector que tantas satisfacciones (empezando por el empleo, con claros efectos multiplicadores sobre el resto de las actividades) nos ha proporcionado en la historia reciente y que parece poco a poco alejarse de sus mejores oportunidades.
La burbuja de las privatizaciones. La avaricia. Si interpretamos las burbujas económicas como aquellas situación que crean una falsa sensación de enriquecimiento y que a pesar de los reiterados avisos de su falsedad, se sigue persistiendo hasta el punto que no se puede continuar, el caso de las privatizaciones en España es un buen ejemplo de la burbuja especulativa. La historia de las privatizaciones no es nueva. Todos los gobiernos han usado este mecanismo para – en el mejor de los casos – sanear las cuentas públicas. La venta siempre se ha hecho por debajo de su valor real incluso de su precio real en el mercado.
En el período 1984-1996 según la SEPI se realizaron en España 70 operaciones de venta de participaciones públicas y el Estado ingresó por ellas más de 13.200 millones de euros hasta 1996. Vista esta cantidad se permite al lectora la carcajada ya que muchas de estas compañías, por si solas, han generado después beneficios muy superiores a sus compradores o a los competidores que se quedaron sin competencia.
Entre las empresas privatizadas entraron SEAT y ENASA, TRASATLANTICA (transporte marítimo); Marsans y ENTURSA (turismo); SECOINSA y TELESINCRO (electrónica); La Maquinista Terrestre y Marítima, ATEINSA y Fábrica San Carlos (bienes de equipo); G. E. Álvarez y ARTESPAÑA (artesanía), y La Luz, OESA y otras pequeñas empresas de alimentación, además de empresas de menor entidad pertenecientes a estos y otros sectores productivos.
Además de estas, por la vía de la desinversión hasta 1996 se completaron 16 Ofertas Públicas de Venta de acciones (OPVs), que produjeron unos ingresos de más de 10.200 millones de euros (1,7 billones de pesetas) y que permitió la salida al mercado bursátil de empresas, encuadradas en el segundo grupo, como ENDESA, REPSOL, ARGENTARIA, (posteriormente BBVA) TELEFONICA y ENCE. Actualmente Telefonica (así, sin acento) tiene un valor estimado de 70.000 millones de euros. En 1996, primer año de gobierno de Aznar, Telefonica facturó 2,2 billones de pesetas (para que no hagas las cuentas 13 mil millones de euros), y los beneficios fueron de 160.000 millones de pesetas (casi mil millones de euros).
El Tribunal de Cuentas, a toro pasado, cinco años después, detecta múltiples irregularidades en privatizaciones del PP y consideró que el precio obtenido en las privatizaciones de Telefónica, Red Eléctrica de España (REE), Gas Natural, Aceralia, Iberia, Almagrera y Productos Tubulares fue «sensiblemente inferior» a la valoración media establecida en los informes de valoración externa”. A día de hoy, solamente Telefónica tiene un valor bursátil de 70.010 millones de Euros y en el 2010 ingresó 10.000 millones, que por supuesto ya no van a las arcas del pueblo español.
En el periodo que va desde 1996 hasta el momento, salen totalmente del ámbito público unas 50 empresas, entre las que se encuentran las principales compañías de sectores de gran importancia en la economía española, como electricidad, gas, petróleo, transporte aéreo, marítimo y por carretera, telecomunicaciones, aeronáutica, siderurgia, etc.. También se vendieron 15 fincas de la empresa Expasa y participaciones minoritarias de otras sociedades. La mayor parte de estas privatizaciones las realiza SEPI, a las que hay que añadir las ejecutadas, hasta su integración en esta Sociedad Estatal, por SEPPa y por la Agencia Industrial del Estado.
Los ingresos generados por las privatizaciones realizadas durante el citado periodo suman casi 30.000 millones de euros, de los que más de 22.000 millones corresponden a las operaciones de venta concretadas a través de OPV. Estos ingresos se aplicaron fundamentalmente a cubrir las necesidades operativas de las empresas del Grupo y a cancelar la mayor parte de la deuda histórica del INI.
Los ingresos por el total de las privatizaciones asciende, en el mejor de los cálculos, a 60.000 millones de euros (incluyendo también en este cálculo el ahorro en gastos financieros) y haciendo un cálculo considerando sólo el precio bursatil de estas empresas en caso de querer comprarlas deberíamos abonar la bonita cantidad de un cuarto de billón de euros, es decir la cuarta parte del PIB español. He de indicar aquí que en la página del SEPI, de dónde se han sacado los datos anteriores, se indica también que “Desde que comenzaron los procesos de venta de estas empresas públicas se han privatizado en España más de 120 compañías que tenían participación pública estatal. En términos económicos, estas operaciones han proporcionado unos ingresos aproximados de 45.000 millones de euros.” De ahí que el cálculo sea muy generoso.
Aún así el estado posee todavía aunque por poco tiempo, de participaciones en empresas por valor de 29.100 millones de euros. El Gobierno es propietario al 100% de Aena, Adif, Agencia Efe, RTVE, Loterías, Hunosa y Navantia. También tiene un 7,41% en Hispasat. Con respecto al capital que mantiene en las empresas que cotizan (EADS, Ebro Foods, Enagás, IAG y Red Eléctrica). Ya no hay mucho para privatizar empresas así que se han dedicado a privatizar servicios que es dónde está realmente el beneficio.
La burbuja de las privatizaciones ha estallado porque los ingresos previsibles parecían mejor botín que mantenerlas en el sector público, revitalizarlas y disponer de ellas para asegurar la competencia de las empresas privadas para beneficio de la ciudadanía. Las empresas privatizadas durante las últimas décadas de los sectores de la energía y las telecomunicaciones siguen acumulando beneficios a pesar de la crisis y suman hasta 12.177 millones de euros en el último ejercicio contabilizado, el de 2011.
Si el Estado recuperara el control de estos sectores, ingresando ese dinero, bajaría el déficit público por debajo del 3,6 por ciento del PIB que exige la Unión Europea, con lo que se evitarían los recortes en prestaciones y servicios públicos que actualmente ahogan a la sociedad española. Sin embargo, la propia política europea ha alentado la enorme ola de privatizaciones en España y el resto de países de la Unión desde 1985 a la actualidad.
La venta masiva de empresas públicas le aportó al Estado ingresos para reducir su déficit por debajo del 3 por ciento que exigía el Tratado de Maastricht para acceder a la Unión Económica y Monetaria, el euro. Todo eso, para nada, porque la crisis actual ha elevado el déficit público hasta el récord del 8,9 por ciento del PIB en 2011.
En el último ejercicio contabilizado, el de 2011, las empresas privatizadas de los sectores de la energía y las telecomunicaciones sumaron un beneficio de 12.177 millones en un sólo año, encabezadas por Telefónica (5.403) y seguidas por Repsol (2.193), Endesa (2.191), Gas Natural Fenosa (1.325), Red Eléctrica (460) e Indra (181). La antigua Retevisión, que posteriormente se convirtió en Auna, también proporcionaba beneficios, pero actualmente se ha integrado en el grupo Orange, de France Telecom. Si estos 12.177 millones los siguiera ingresando el Estado, en lugar del sector privado, el déficit público, que en 2012 preveía el Gobierno fuera del 4,5 por ciento, bajaría al 3,3, por debajo del 3,6 del plan de austeridad europeo, evitando así los recortes sociales. Eso sin contar los beneficios sociales de asegurar un mercado realmente competitivo y no concertado.
Conclusión
El estallido de todas estas burbujas se ha ido alimentando unas a otras aumentando la potencia de la onda expansiva y actuando en un medio que ya estaba bajo presión por una estructura productiva poco preparada. La conclusión es que al fracaso del pacto constitucional hay que sumar el fracaso del pacto económico que se construyó con los Pactos de la Moncloa. Lamentablemente se han perdido casi 40 años. Ni las soluciones liberales ni la socialdemocracia han sido alternativa.