Nuestra derecha, de por sí montaraz y asilvestrada, anda aún más revuelta estos días a causa del Decreto-Ley 6 / 2013 de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.
Aunque cueste creerlo, esta normativa peca de tímida y miedosa si la comparamos con las disposiciones al uso en países “chavistas” y “comunistas” como Holanda, Francia, Reino Unido, Suecia, Alemania… donde los propietarios de viviendas pueden sufrir la incautación de sus inmuebles o severas multas en caso de mantenerlas vacías varios meses.
Ello se debe a algo tan simple como la función social de la vivienda, reflejada en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los artículos 47, 128 y 33 de nuestra Constitución.
De cualquier modo, conviene despejar algunas de las intoxicaciones que estos días vierten los medios de la derecha sobre este tema…
Desmontando falacias
Se ha disparado el bulo de la “expropiación de viviendas o multas a quien mantenga sus viviendas vacías”… Falso. Y de una mendacidad rotunda. El decreto de la Junta de Andalucía, muy al contrario, establece en su artículo 25.5 que “las viviendas deshabitadas de titularidad de personas físicas no serán objeto de potestad sancionadora”.
Y, como bien se han ocupado de ocultar los medios cavernarios, los artículos 42 y siguientes del citado corpus establecen prevenciones favorables a los propietarios de viviendas vacías: ayudas fiscales, seguros en caso de impago y desperfectos, medidas de intermediación, etc.
Es decir, cualquier propietario puede ya alquilar su vivienda con garantías… ¡que malos son los socialistas, virgencita del Rocío!
Por su parte, la Disposición adicional segunda, establece la declaración del interés social a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social (discapacitados físicos y psíquicos, víctimas de violencia de género, mayores dependientes, parados sin prestación, menores de edad…) y respecto de viviendas incursas en procedimiento de desahucio instado por entidades financieras.
Y ni tan siquiera se expropiaría la propiedad a nuestras “honradas” entidades financieras, sino que se les abonaría un justiprecio durante un plazo máximo de tres años, a los efectos de propiciar un alquiler social para las referidas personas en riesgo de exclusión y en situación de emergencia social.
La maldad congénita de la derecha española
Como puede comprobarse leyendo el citado decreto (BOJA de 11 de abril), el “chavismo cruza el océano”, “el comunismo pretende adueñarse de España”… no en vano, se prestan apoyo a particulares que no se atreven a alquilar su vivienda por el peligro de impago o daños.
Por no hablar de una medida tan “sovietizante” como abonar un justiprecio a un banco, durante un periodo máximo de tres años, a cambio de alquilar socialmente una vivienda a personas caídas en pozos vivenciales.
Por el contrario, oculta y calla la derecha que en nuestro país se expropia con frecuencia, que son habituales los expedientes de expropiación de fincas o inmuebles para construir… ya, he dicho construir, el gran negocio, la fosa del dinero negro, la financiación ilegal, las cuentas en Suiza.
Ante lo anterior, la derecha calla, asiente y se frota las manos. Frente a la asistencia a enfermos, niños, desvalidos, ruge y tergiversa… ¡malvados, psicópatas!