La conclusión principal del grupo de sabios contratados por el Gobierno para formalizar una propuesta sobre las pensiones de jubilación es que, para asegurar su sostenibilidad, es necesario incluir, entre otros índices, la esperanza de vida probable de los ciudadanos. Como todo el mundo sabe, la esperanza de vida es una media aritmética y como tal, falsa. O cierta, pero sólo en teoría.
La esperanza de vida en España está en los 82,2 años pero probablemente habrá una minoría de personas que fallezcan exactamente a los 82 años y tres meses.
Se define la esperanza de vida como “el número medio de años de vida futura a una edad exacta determinada para los supervivientes que alcanzan dicha edad, bajo el supuesto de que los años vividos por todos ellos se reparten por igual entre los mismos. La esperanza de vida está pues medida al principio del intervalo de edades”.
Dicho de otro modo, la esperanza de vida al nacer representa el número de años que pueden esperar vivir en promedio los miembros de la cohorte hipotética en el momento de su nacimiento y la esperanza de vida a los 65 años representa el número de años que pueden esperar vivir en promedio los miembros de la cohorte hipotética en el momento de cumplir 65 años. Existe, por tanto, una esperanza de vida característica para cada edad y todas ellas pueden variar a lo largo del tiempo al ir cambiando la mortalidad.
Sin duda este índice es muy útil para sintetizar la situación de un país y poder compararlo con la situación de otros, pero utilizarlo para calcular las pensiones introduce un uso para el que no estaba previsto. Para empezar, las diferencias en la esperanza de vida entre los dos sexos son evidentes. Las mujeres fallecen casi seis años más tarde que los hombres, pero ese es otro asunto.
En estadística se destaca que el valor que representa la esperanza de vida es una medida muy sensible a los valores extremos, es decir, valores muy grandes tienden a aumentarla mientras que valores muy pequeños tienden a reducirla, lo que implica que puede dejar de ser representativa del conjunto de la población en determinadas circunstancias. Pero esa no es para su uso en el cálculo de las pensiones, su única limitación.
La utilización de este valor para indexar las pensiones es tan inútil como injusto, además de subjetivo y fácilmente manipulable como lo son, por otro lado, casi todos los índices que pretenden resumir en una cifra la compleja realidad social. Los indices de este tipo dependen de las variables de las que esté compuesto. El contraargumento de que esta media es “objetiva” puesto que está compuesta por datos numéricos fríos, de las edades de las personas que fallecen, es práctica pero peligrosa y demagógica.
Se puede aducir que en realidad el cálculo de la esperanza de vida no es tanto una media aritmética como “un instrumento estadístico-matemático que permite calcular la probabilidad de vida de una población determinada”. Pero esto es decir en “bonito” que se trata de un índice medio que ha de tener en cuenta los grandes números, puesto que si se desagrega por territorios, grupos o pequeños números, las variaciones aleatorias alejan aún más este indice de la realidad. Y es ahí dónde se produce el perjuicio para los trabajadores de este país.
Pero, por encima de cualquier otra consideración, se renuncia a valorar la influencia en la salud individual de la renta disponible, absoluta o relativa. Y no creo que haga falta argumentar la influencia, directamente proporcional, que la salud tiene en la esperanza de vida.
En relación con este aspecto, las investigaciones más actuales acerca de la relación entre la desigualdad de la renta y la salud han propuesto dos hipótesis: La hipótesis de la renta absoluta (absolute income hypothesis) y la hipótesis de la renta relativa (relative income hypothesis). La hipótesis de la renta absoluta establece que cuanto mayor sea la renta del individuo mejor será entonces su nivel de salud, permaneciendo el resto de factores constante y cuanto mejor sea su salud más larga será su esperanza de vida o menor su probabilidad de morir. Por tanto, la salud individual sería, bajo esta hipótesis, una función de la renta individual. Por otro lado la hipótesis de la renta relativa defiende que, en las sociedades desarrolladas, la salud individual se ve también afectada por la distribución de la renta dentro de la propia sociedad. Con este argumento, en los países desarrollados la desigualdad de la renta tiene fuertes implicaciones sobre la salud individual más que la propia renta absoluta. Ambas hipótesis han sido sometidas a la evidencia empírica en estudios relativamente recientes. Precisamente, estos trabajos sugieren que la reducción de la desigualdad es buena para la salud del conjunto de la población y no sólo para aquellos individuos con los menores niveles de renta.
Y más allá de su influencia en el conjunto de la población la renta individual disponible supone un factor influyente en la esperanza de vida personal aún cuando no exista limite para el primer factor (renta) y sí un límite para el segundo (esperanza de vida).
Dicho esto, parece claro que considerar para el conjunto de la población la esperanza probable de vida para cada grupo de edad para el cálculo de la pensión, sin tener en cuenta su renta individual, beneficia considerablemente a aquellas personas que van a vivir más tiempo y dado que su esperanza de vida está relacionada con su salud y esta con su renta supone que, directamente, se está beneficiando a aquellas personas con más renta individual.
En resumidas cuentas y a modo de ejemplo, no tiene la misma esperanza de vida el minero que el propietario de la mina pero ambos cobrarán pensión del erario, sólo que el minero la disfrutará durante menos tiempo que el propietario de la mina. Y aún en el supuesto de que ambos vayan a cobrar la misma cantidad mensual, al tener en cuenta la mejor esperanza de vida del propietario de la mina para calcular lo que cobrará el minero, al final sale perjudicodo el trabajador sin comerlo ni beberlo. Lo mismo pasa con los marineros y los armadores, para los bancarios y para los banqueros, para los promotores inmobiliarios y para los obreros de la construcción. Y así sucesivamente.
En este extremo y con estas premisas se debería establecer dos esperanzas de vida, una para las rentas altas y otra la para las rentas bajas, o mejor, eliminar este indicador del calculo de las pensiones e introducir uno que no esté afectado por la renta o que lo esté pero de forma inversa.
Finalmente y no por ello menos importante, en una época de crisis como la actual, en la que no sólo se reduce la renta individual y familiar disponibles, sino que además se recortan las inversiones en factores que afectan directamente a la salud y el bienestar social, la esperanza de vida de la población con menor renta desciende más y más rápidamente que la esperanza de vida media. Y es posible que, como lo que pretende el gobierno es pagar menos para reducir el déficit, esta reducción del índice medio se aplicará con retraso incrementando así la distancia entre la media y realidad.