Cuando un Gobierno actúa al servicio de un banco o un banquero, el estado de derecho se debilita. Cuando la historia se repite con otro Gobierno de distinto partido, pero con el mismo banquero y dos años después, se hace difícil hablar de estado de derecho.
Eso es lo que ha pasado en España con Alfredo Sáenz, vicepresidente del Banco de Santander, condenado por el Tribunal Supremo en febrero de 2011 por un delito de denuncia falsa contra un cliente, cuando estaba al frente de Banesto. No está de más recordar que se trata de una condena por una acusación falsa que llevó a la cárcel a tres personas inocentes. Encarcelación acordada por el juez Estivill que, durante años, fue miembro del Consejo del Poder Judicial a propuesta deCIU, y que terminó el mismo condenado y en la cárcel por prevaricación.
Después de esta condena, la normativa bancaria vigente impedía a Sáenz continuar como vicepresidente del Santander. A pesar de ello, el Banco de España dirigido por Fernández Ordóñez nunca le aplicó la normativa y le permitió continuar ejerciendo como banquero.
Para dar respaldo a esta irregularidad, el Gobierno Zapatero, después de perder las elecciones y mientras estaba en funciones, le concedió el indulto a Sáenz. Más allá de la valoración política de esta decisión del Gobierno del PSOE, que explica su sometimiento a la gran banca y muchas otras cosas más, el indulto concedido por Zapatero se extralimitó en su contenido.
El Gobierno del PSOE era consciente que el indulto solo cancela las consecuencias penales de la condena, pero no cancela los antecedentes penales. Y sabedor el Gobierno que, con antecedentes penales vigentes por delito doloso Sáenz no podía continuar como vicepresidente del Santander, incluyó una cláusula ilegal en el Decreto de indulto que permitía la continuidad del banquero.
En ese momento Zapatero no solo usó la discrecionalidad que le otorga la ley para conceder indultos, que es una herencia de las prerrogativas del monarca absoluto, sino que de manera arbitraria se extralimitó en sus funciones. Y lo hizo mientras estaba a punto de dejar el Gobierno y dirigirse al Consejo de Estado como miembro nato.
Durante todo el año 2012, la diputada Laia Ortiz y yo mismo, con el asesoramiento del letrado Rafael Mendoza y actuando en nombre de ICV, hemos ejercido todo tipo de acciones legales. Requerimos al Banco de España para que aplicara la ley y exigiera el cese de Sáenz, con respuesta negativa por parte de su gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Impugnamos el indulto ante el Tribunal Supremo, al igual que lo hicieron otros particulares. Y por último, hemos presentado querella contra el gobernador del Banco de España. Además de requerir al nuevo gobernador, el señor Linde, que cumpliera la ley y exigiera al Santander el cese de Sáenz.
El resultado de momento es que el Tribunal Supremo nos da la razón y dicta sentencia que declara que el indulto otorgado por Zapatero se extralimitó y nunca podía cancelar los antecedentes penales. También se ha admitido a trámite nuestra querella contra MAFO que ha alegado en su descargo que su decisión de salvar a Sáenz la adoptó con el acuerdo unánime de la Comisión Ejecutiva del Banco de España.
Y en esas estábamos, cuando el Gobierno Rajoy, conocedor que el cerco sobre Sáenz se iba estrechando, decide a propuesta de su Ministro de Economía, el banquero Luis de Guindos, modificar la normativa bancaria y especialmente el artículo que impedía a Sáenz continuar como banquero. Este perverso itinerario lo puede cerrar el Banco de España que ahora con una nueva normativa hecha a la medida del banquero, podría rechazar la petición de cese de Sáenz. Aunque puedo asegurar que en ICV haremos todo lo posible para que no triunfe tremenda impunidad.
Llegados a este punto, creo que es legítimo que la ciudadanía se formule algunas preguntas:
¿Puede considerarse honorable para dirigir un Banco, un banquero con antecedentes penales vigentes por haber presentado una denuncia falsa contra un cliente y haber provocado con ello la entrada en la cárcel de tres personas inocentes?
¿Tiene legitimidad el Banco de Santander para despedir o sancionar trabajadores por faltas laborales de mucha menos entidad que la del señor Sáenz?
¿Qué razones han tenido Zapatero y Rajoy, el PSOE y el PP, para ponerse al servicio del Banco de Santander?
¿Puede una sociedad soportar que los dos grandes partidos que han protagonizado una alternancia bipartidista en el Gobierno durante cuatro décadas, gobiernen al servicio de un banquero y su banco?
¿Que garantías tenemos que Zapatero en el Consejo de Estado no continúe comportándose de lamisma manera?
¿Y Rajoy cuando llegue, después de dejar de ser Presidente del Gobierno?
¿Existe el Estado de Derecho, cuando se hacen normas pro singulis, es decir al servicio de una persona? ¿Puede un Estado tener legitimidad cuando actúa al servicio de un grupo financiero?
¿Tienen credibilidad algunos políticos cuando se quejan de las movilizaciones sociales, hechas a la luz del día frente a ellos y toleran y se someten a las presiones clandestinas de lobbies y grupos de poder?
¿Hay alguna explicación del comportamiento de la mayoría de los medios de comunicación, silenciando durante dos años este asunto? ¿Se puede hablar de democracia, cuando aparecen cada vez más indicios que entre poder financiero, poder mediático y poder político no existe distinción alguna?
¿Entienden porque algunos estamos hablando de régimen acabado y democracia bloqueada y exigimos un proceso constituyente, que comience por ser "destituyente" de este statuo quo antidemocrático?