En Roma, en la basílica inferior de San Clemente se descubrieron cuatro pilares con pinturas al fresco. Esas pinturas representan escenas de la vida de San Clemente y en una de ellas tres hombres se afanan en levantar una columna con cuerdas; otro vestido con toga señorial- tal vez el capataz o el arquitecto- extiende un brazo hacia los trabajadores, y debajo del brazo hay escritas estas palabras claras: Fili de la pute triade. Los primeros vocablos de los que se tiene constancia del latino vulgar, la lengua nueva, según nos cuenta Giovanni Papini, son vigorosamente injuriosos y obscenos dirigidos a los trabajadores. De las minas de Potosí o las plantaciones del Caribe, donde extraían plata o azúcar explotando el trabajo de los esclavos, los economistas Daron Acemoglu y Jim Robinson, aventaron el concepto de élite extractiva que definieron como “un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio”.
La crisis que padecemos, mudada en su gravedad sistémica al ámbito institucional, tiene mucho de las mencionadas analogías históricas: las élites económicas han procedido a un drástico trasvase de riqueza desde las rentas del trabajo a las rentas del capital mediante una narrativa que resitúa el problema en los empobrecidos y en el ámbito público cuando fue el sector privado, no el público, el que causó la crisis. La élite económico-financiera es la que con sus decisiones privadas de inversión y abuso del crédito llevó al país al borde de la quiebra. La narrativa imperante, indecorosa por cuanto criminaliza y condena a los inocentes, se puede diseccionar a través de lo que Noam Chomsky define como estrategia de la distracción donde el elemento primordial del control social consiste en desviar la atención del público de la verdadera etiología de los problemas.
Decía Borges que un demérito de los falsos problemas es el de procurar soluciones que son también falsas. La élite empresarial ha construido un modelo económico con pies de barro incapaz de hacer frente a la crisis internacional. Luego de treinta años de democracia y economía de mercado y con bondadosos ciclos durante buena parte de ese período no ha creado una estructura productiva dinámica, innovadora y competitiva que genere crecimiento y empleo de calidad. La falsa narrativa de las élites económicas conservadoras desvía el foco de la realidad para proponer escenarios también falsos que no solucionan los problemas del país pero que dilatan sus beneficios. Sirva como ejemplo el deterioro de la competitividad que las élites atribuyen a la subida de los salarios por encima de la productividad cuando lo cierto es que la principal causa fueron los márgenes de beneficio empresarial cuya contribución al diferencial de inflación con la zona euro durante el último ciclo de crecimiento fue el tripe que la de los salarios. O el relato de que la crisis la causó el alto endeudamiento público y el excesivo gasto y dimensión del Estado, obviando que al inicio de la crisis el endeudamiento privado, empresarial, era del 200 por ciento del PIB mientras la deuda pública era del 36 por ciento.
La metástasis de la crisis financiera al ámbito público se debe a que la peculiaridad más importante del sistema económico español es una forma de producción que exige la concurrencia de la violencia institucional sujeta a la falsa narrativa de las élites económicas y financieras que dan carácter de eficiencia a la imposición de medidas de sesgo ideológico. Es por ello que todas las reformas estructurales sobre el tejido productivo se hayan incardinado en una sola dirección: la salvaguarda de los intereses plutocráticos a costa del empobrecimiento de la población, el debilitamiento de los instrumentos de defensa de trabajadores y empleados, la generación de un abundante ejército de reserva como son los parados para mantener los salarios al borde del nivel de subsistencia, el desmantelamiento del sector publico para convertir en negocio oligopólico los servicios sociales, la consolidación de una fiscalidad regresiva, la constricción de los derechos cívicos y las libertades públicas al objeto de silenciar el malestar de las mayorías sociales y la implantación de un Estado mínimo y una democracia limitada que no pueda contradecir el imperio del poder económico. Todo ha conducido a la extensión y agravamiento de la crisis como consecuencia de aplicar falsas soluciones a falsos problemas.
Pero también propicia la corrupción del sistema puesto que el poder económico en su afán por exterminar la política y convertir a los partidos en entes de gestión produce, en muchos casos, que la coherencia sea simplemente mercantilista a través de un pragmatismo sin paliativos. Y ese pragmatismo dicta que las soluciones a los problemas planteados, los que sean, no dependan ni poco ni mucho de las ideologías. De ahí que no existan escándalos ideológicos, sólo de comportamiento. La corrupción alojada en todas las intersticios institucionales impulsa a interrogarse si el sistema está corrompido o es la corrupción el sistema. En ambos casos se hace necesario y urgente unas auténticas reformas estructurales que repongan el valor ético de la política y la supremacía de los poderes democráticos ante los intereses de minorías ajenas al escrutinio de la ciudadanía.