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sábado. 01.10.2022

Desaparecen las fuentes públicas

A nivel ideológico en las últimas décadas se ha extendido la idolatría descontrolada y obsesiva hacia el sector privado y, en particular, hacia la privatización. En contrapartida, se ha sembrado la idea de que lo público es sinónimo de ineficacia económica y  de despilfarro de los impuestos de la ciudadanía. De ahí los ataques a los empleados públicos.

A nivel ideológico en las últimas décadas se ha extendido la idolatría descontrolada y obsesiva hacia el sector privado y, en particular, hacia la privatización. En contrapartida, se ha sembrado la idea de que lo público es sinónimo de ineficacia económica y  de despilfarro de los impuestos de la ciudadanía. De ahí los ataques a los empleados públicos. Esta ideología impone la creencia de que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que los públicos y que, por tanto, el Estado debe adelgazarse para ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de generar riqueza. Esta línea de pensamiento ha calado en amplios sectores de la sociedad. De no evitarlo, se va a pasar en menos de 100 años a que el pronóstico de la izquierda revolucionaria de desaparición del Estado lo haga la derecha ultraliberal.

El término privatización es confuso, impreciso y ambiguo. En sentido estricto se entiende por la enajenación o transferencia de propiedad o control del sector público al privado. Sus objetivos según los gurús de la economía: el aumento de la eficiencia, de la competencia en el mercado, mejora de las finanzas públicas, creación de un capitalismo popular, ampliación de los mercados de capitales… Mas el objetivo claro es: hacer negocio. En relación al menor costo de la privatización, numerosos estudios demuestran que cuando se privatiza la prestación de un servicio público hay que pagar, además del coste del mismo, el beneficio del que lo presta. Esto encarecerá su coste, a no ser que la empresa privada tome medidas para rebajarlo, como pagar menos a los trabajadores, reducir personal, o que sea menos cualificado, limitarse a aceptar usuarios que no sean caros o proporcionar solo prestaciones baratas. Esto es de cajón. Que no nos vendan la milonga de que la privatización es para proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía

En este contexto, podemos entender que este fenómeno haya alcanzado un gran protagonismo en las últimas décadas, afectando a la mayoría de los países. En España, la primera etapa de las privatizaciones se inició a mediados de los años 80 hasta 1996 con gobiernos socialistas. El principal factor que las impulsó no se basó en motivaciones ideológicas o políticas, sino en restricciones estratégicas, presupuestarias y tecnológicas.  A partir de 1996 con el Gobierno de Aznar, las privatizaciones formando parte del programa electoral, planificándose como un programa gubernamental completo, se vendieron las empresas más rentables y los objetivos políticos fueron tan importantes o más que los económicos. Así las joyas de la corona de nuestras empresas públicas fueron vendidas como Seat, Repsol, Endesa, Telefónica, Gas Natural… El holding de la banca pública Argentaria, privatizado entre 1993 y 1998, se fusionó en 1999 con el BBV. ¡Qué bien nos vendría ahora una banca pública para financiar nuestra deuda!

La ciudadanía permaneció impasible ante la pérdida de todo este patrimonio colectivo. Hoy nos queda poca empresa pública atractiva para el capital privado. No obstante, están pendientes de este proceso Las  Loterías y Apuestas del Estado, los Paradores….  Mas, según Mariano Fernández Enguita, como el capitalismo es extraordinariamente voraz, el actual asalto está dirigido, ya lo estamos constatando, hacia los servicios públicos del Estado del Bienestar, entre otros  en educación, sanidad, y dependencia, con una demanda cada vez más creciente ya que la sociedad se ha acostumbrado y no sabría renunciar a ellos, tanto  es así que se han considerado como derechos. Hay capitales abundantes con unos mercados cautivos y muy prometedores. Pero todavía más.  Además de capitales ávidos, las políticas de privatización cuentan también con consumidores deseosos y contribuyentes bien dispuestos. Como la universalización de estos servicios genera quejas al no poder ser atendidas todas las demandas, como las listas de espera en el sector sanitario, esto provoca una disposición creciente hacia la oferta privada. Por otra parte, cuando una prestación que era antes un privilegio se generaliza, las anteriores clases privilegiadas buscan diferenciarse de nuevo accediendo a niveles superiores (más educación o más sanidad) o a tipos distintos (mejor u otra educación o sanidad). El diferenciarse no solo lo pretenden los que quieren conservar sus privilegios, sino también los que intentan acceder a ellos por primera vez. La educación y la sanidad privadas se pueden convertir en un símbolo de esta diferenciación. Por todo ello, se abre un mercado inmenso al capital en el ámbito de los servicios públicos.

Mas como la voracidad de determinados empresarios del sector privado es inagotable, perdón emprendedores, auténticos tiburones a la caza y captura de presas fáciles y desprevenidas, ahora mismo acabó de leer el artículo Los montes públicos, ¿a la venta? de Josefina Gómez Mendoza en el que nos advierte “Parece que les ha llegado la hora de la privatización a los montes, a la naturaleza en suma. La Comunidad de Castilla-La Mancha parece dispuesta a emprender la venta de los montes de utilidad pública (MUP) que en principio son inalienables, imprescriptibles e inembargables, como establece la Constitución (artículo 132) y la ley de montes vigente. Y además el Estado, a través de su Administración forestal, ha invertido mucho esfuerzo en hacer los catálogos que los incluyen y los protegen. Se dice que empezarán las ventas por cuatro MUP de Toledo: el Dehesón del Encinar de Oropesa al pie de Gredos, la Nava de Don Diego en los Navalucillos —muy cerca de Cabañeros— y Quinto de Don Pedro y Cardeñosa en los Yébenes. Para la pluriempleada Dolores de Cospedal  la excusa es el corregir el déficit público, para lo que hay que conseguir ingresos, y así, se garantizará a los ciudadanos de Castilla La Mancha los servicios básicos del Estado de bienestar.  Y luego les quiere convencer, aunque tampoco les importa mucho a los dirigentes populares el conseguir tal objetivo.

Si esto no lo detenemos, pronto veremos la privatización del Museo del Prado, el Monasterio de El Escorial y el Parque Nacional de Ordesa.  Tiempo al tiempo. Allí donde hay negocio, el sector privado entra en tromba. No sé si la ciudadanía española es consciente de las secuelas de esta deriva privatizadora, en la que todo está en venta. Para advertencia de algún despistado le pongo una cita del ya desaparecido Tony Judt extraída de su libro Pensar el siglo XX:

“El agua constituye un ejemplo particularmente llamativo para mí, porque muestra hasta qué punto puede degenerar la civilización y no obstante creer que se avanza haciéndolo todo privado. La ética de que si entras en un sitio y pides un vaso de agua te lo deberían dar ha quedado añeja. Y la versión moderna de esto, que durante casi toda mi vida ha prevalecido en este país, era que había fuentes en lugares públicos. Unas fuentes que poco a poco van desapareciendo".  Yo quiero añadir que también los urinarios públicos, por lo que hoy si quieres satisfacer tus necesidades fisiológicas, tienes que pagar.

Al  respecto parece muy oportuna la reflexión de Ugo Mattei en su artículo Límite a las privatizaciones. Cómo frenar el saqueo de los bienes comunes, aparecido  recientemente en Le Monde Diplomatique, en el que  plantea la necesidad de proteger la propiedad colectiva, y más todavía ahora que los gobiernos se deshacen de los servicios públicos y privatizan el patrimonio colectivo para equilibrar los presupuestos; ya que toda privatización decidida por la autoridad pública –representada por el gobierno de turno– priva a cada ciudadano de su cuota de bien común, exactamente como en el caso de una expropiación de un bien privado. Pero con una diferencia sustancial: la tradición constitucional liberal protege al propietario privado del Estado, con la indemnización por expropiación, mientras que ninguna disposición jurídica –y menos aún constitucional– ofrece ninguna protección cuando el Estado neoliberal traslada al sector privado los bienes de la colectividad. Debido a la evolución actual de la relación de fuerzas entre los Estados y las grandes empresas transnacionales, esta asimetría representa un anacronismo jurídico y político.

En un aviso a navegantes, Tony Judt en su libro Algo va mal nos señala que Edmund Burke en sus Reflexiones sobre la Revolución Francesa ya nos advirtió “Toda sociedad que destruye el tejido de su Estado no tarda en desintegrarse en el polvo y las cenizas de la individualidad. Al eviscerar los servicios públicos y reducirlos a una red de proveedores subcontratados hemos empezado a desmantelar el tejido del Estado. En cuanto al polvo y las cenizas de la individualidad, a lo que más se parece es a la guerra de todos contra todos de la que hablaba Hobbes.”

Desaparecen las fuentes públicas