Hace algún tiempo (año 2005), el señor Lamela, entonces Consejero de sanidad del gobierno del PP de Madrid, puso en el ojo del huracán a la Sanidad Pública madrileña. El ex consejero dijo que había recibido “anónimos” denunciando que en el Hospital Severo Ochoa se utilizaron sedaciones de forma inadecuada en 25 casos de enfermos terminales. Dando por ciertos los anónimos, Lamela culpó al doctor Montes, jefe del servicio de urgencia, por permitir dichas prácticas, e inmediatamente le retiró del servicio. Un posterior informe del hospital desmintió las acusaciones del Consejero Lamela y el Presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Xavier Gómez Batiste, manifestó: "Aplicar la sedación a enfermos terminales que están en agonía durante el coma, o a enfermos con Alzheimer terminales que tienen delirios es una práctica de libro". Sindicatos médicos y colectivos en defensa de la Sanidad Pública pidieron la dimisión del señor Lamela por poner en tela de juicio la profesionalidad del doctor Montes, pero la dimisión de Manuel Lamela no sucedió.
El Consejero del PP fue la pieza clave que puso en marcha un brutal ataque contra la Sanidad Pública. La dirección del hospital Severo Ochoa llevaba tiempo solicitando a la Consejería de Sanidad aumento de cama, ya que la unidad de cuidados paliativos sólo tenía cuatro camas y el hospital se veía obligado a derivar enfermos terminales al servicio de urgencias. La petición no se tuvo en cuenta porque al gobierno madrileño no le interesaba mejorar la Sanidad Pública, sino su deterioro, su desprestigio y posterior desmantelamiento. Un siniestro y mortífero plan que aún no ha terminado.
Lo sucedido fue muy grave y los grupos de la oposición de la Asamblea madrileña pidieron la dimisión de Manuel Lamela. El Consejero mintió y destituyó al coordinador de urgencias, Luis Montes, sin darle oportunidad a que se explicase; “formas inquisitoriales y degradantes de ejercer el poder”, según la Ministra de Sanidad del gobierno nacional del partido socialista, Elena Salgado.
Los anónimos muestran la cobardía del que los difunde, las denuncias sobre irregularidades se hacen sobre papeles, pero esa fórmula no fue utilizada porque las pretensiones eran otras. Detrás de las puertas de los hospitales públicos estaban las privatizaciones y los seguros médicos privados; esperan un servicio que llevarse al bolsillo. Han pasado años, y el robo de nuestra Sanidad Pública prosigue. Hoy, Ignacio González, Presidente de la Comunidad de Madrid se afana en desmantelar Sanidad Pública.
En un Estado de Derecho, ningún gobierno, por muchos votos que reciba en las urnas, puede tomar un bien común como propio para hacer con él lo que le plazca o interese a ciertas avispadas empresas. La Sanidad no es propiedad del gobierno madrileño, sino un bien común de todas las personas que la han sufragado y seguimos sufragando con los impuestos. Pero el gobierno madrileño pretende regalar nuestro patrimonio a empresas transnacionales; empresas que lo mismo construyen carreteras que dirigen colegios y gestionan la salud de la ciudadanía. Regalo sobre regalo porque dichas empresas recibirán de las arcas públicas un canon (se estima entre 500 y 600 euros por habitante, que no por paciente atendido).
Es necesario recordar que los últimos hospitales construidos en Madrid no vinieron a paliar las listas de espera, ni otros servicios; solo sirvieron para distribuir las camas y los servicios que ya existían. Aquello fue una gran operación urbanística en la que solo se beneficiaban promotores y constructores; ya se sabe que eran tiempos donde el ladrillo hacía estragos en la geografía española. El dinero que costó la construcción de dichos hospitales ya está pagado y ahora quieren ofrecer la gestión de los servicios sanitarios, limpia de polvo y paja, a importantes empresas. Y por si fuera poco, en el paquete van de regalo 27 ambulatorios madrileños. Parece que la marca España, además de fútbol y toros, es donar la sanidad a empresas multinacionales.
Un Estado que se precie construye infraestructuras para dar servicio a cuantas personas habitan en el territorio nacional. Un Estado democrático y sus respectivos gobiernos están para ofrecer servicios a sus pueblos, no para violar sus derechos. ¿Ignora Ignacio González que las infraestructuras sanitarias son de la ciudadanía? ¿Ignora Ignacio González que las que tienen derechos reconocidos en nuestra Constitución y en la Declaración de Derechos Humanos?
El Gobierno que preside Ignacio González quiere que la sanidad sea gestionada por empresas extranjeras, empresas que pretenden repartir beneficios entre sus accionistas nacionales e internacionales. El Presidente miente diciendo que no nos costará dinero ir a los hospitales de gestión privada, porque él sabe que una parte de nuestro dinero público irá destinado a ella. El Presidente sabe que la Sanidad Pública española es más económica que el resto de los países de nuestro entorno. Y que saldrá más cara cuando pase a manos privadas, (entre un 15% y un 20% más cara). Él bien lo sabe porque existen datos, aunque finja ignorarlo.
Las puertas giratorias por la que se pasa de lo público a lo privado, son de cristal. Lamela, Güemes; una ligazón empresarial-política que destruye las normas de convivencia de un Estado de Derecho, que convierte la Democracia en Plutocracia. La Constitución ampara los derechos de la ciudadanía y es dentro de su marco en el que deben legislarse las leyes. Y cualquier ley que la contraríe, en este caso la ley 15/97, debe ser declarada anticonstitucional. Señores y señoras del Congreso Nacional, ¿quién de ustedes quiere recoger el testigo?