Chipre tiene 859.400 habitantes (el 1,9% de la población española) y un PIB de 17.900 millones de euros (el 1,7% del de España). No debería un socio de tan limitado peso económico y demográfico dejar tan en evidencia la chapucera y desordenada gestión de la crisis que hacen las instituciones europeas. Los graves problemas económicos de Chipre han sido generados, al igual que en otros países del sur de la eurozona, por estructuras productivas y modelos de crecimiento insostenibles que se consolidaron gracias a las ventajas e incentivos que proporcionaban su pertenencia al mercado único y al euro en tiempos de bonanza y excesos financieros.
Los efectos combinados de la crisis económica, las debilidades e incoherencias institucionales de la UE y las dañinas políticas de austeridad impuestas han terminado por arruinar a las economías periféricas. Tras colocar en una situación muy cercana a la insolvencia a buena parte de sus agentes económicos públicos y privados y alejar a un futuro indeterminado toda posible recuperación del empleo y la actividad económica, llega otro rescate financiero. Y van seis, incluyendo el segundo rescate de Grecia y el del sector bancario español. Nada indica que vaya a ser el último.
Colapsados sus viejos modelos de crecimiento, Chipre y el resto de las economías del sur de la eurozona rescatadas no cuentan con ningún recambio ni con ningún apoyo de las instituciones comunitarias en la imprescindible tarea de construir nuevas bases y motores de actividad económica capaces de sustituir el empleo y el tejido productivo perdidos. La UE sólo ofrece ayuda financiera de emergencia a cambio de estrictos programas de ajuste que apuntan hacia un horizonte de lenta y frágil recuperación de equilibrios macroeconómicos asentados en el estancamiento del producto, altos niveles de paro, reducción del poder adquisitivo de los salarios, pérdida de derechos laborales y sociales, deterioro de bienes públicos y extensión de la pobreza. Planes de ajuste que, tras los malos resultados y la pérdida de crecimiento potencial, obligan a nuevos rescates condicionados a nuevos programas de ajuste... y así sucesivamente.
La chapuza y la irresponsabilidad dominan la gestión de la crisis. Las autoridades comunitarias y los respectivos gobiernos nacionales nos han acostumbrado a una actuación tan torpe como ineficaz en la gestión de los muchos y graves problemas que afectan a los países del sur de la eurozona, pero el último eslabón por ahora de esta cadena de errores y desatinos supera todo lo anterior.
Ni siquiera el notable peso relativo del sector bancario chipriota (con unos pasivos que suponen algo más de 7 veces su PIB) puede esgrimirse como pretexto, ya que el total de sus pasivos bancarios apenas alcanzaba en diciembre de 2012 el 4% del pasivo total de los bancos españoles, 128.000 millones frente a 3.256.000 millones de euros.
Parece una norma elemental y de sentido común que sólo debe prestarse dinero a personas, empresas o países con problemas coyunturales de liquidez cuando son solventes y hay razones para pensar que pueden afrontar sus nuevas obligaciones de pago, sea porque dispongan de activos netos suficientes o porque tengan capacidad de generar ingresos que permitan devolver los préstamos y los correspondientes intereses. Un rescate financiero no puede tener otra lógica ni otro sentido. Por el contrario, si se está ante un problema de insolvencia no hay préstamo que valga o sea suficiente. Lo primero es recuperar la solvencia mediante una reestructuración de la deuda con aplazamientos y quitas que hagan soportables los costes financieros y posibiliten atender el servicio de la deuda. Y, al tiempo, impulsar mejoras en los factores de producción y cambios en las estructuras y especializaciones productivas que faciliten la reducción de los desequilibrios y generen valor, empleos y rentas. Nada de eso se tuvo en cuenta en el primer rescate de Grecia y nada de eso se ha hecho en Chipre.
A raíz de la reunión del Eurogrupo (formado por los ministros de Economía y Finanzas de los países de la eurozona) del pasado viernes 12 de abril en Dublín se han conocido dos nuevas informaciones que multiplican el calibre de la chapuza de rescate financiero a Chipre acordado el 25 de marzo, tras la rectificación de la primera versión del 16 de marzo que pretendía implicar a los depósitos inferiores a 100.000 euros en el rescate de su sector bancario.
Primera, Chipre no necesita 17.500 millones de euros como repetidamente se había manifestado a lo largo de las tormentosas negociaciones de marzo, sino 23.000 millones. Un error de cálculo que ofrece nuevas evidencias, por si no hubiera bastantes, del cúmulo de despropósitos financieros en los que descansaba el modelo de crecimiento chipriota, la ausencia de regulación de su sector bancario y la falta de rigor que han caracterizado las negociaciones del rescate. Sólo la pertenencia de Chipre a la eurozona y las debilidades institucionales de ésta permiten explicar el tamaño alcanzado por un agujero financiero (un 128% del PIB chipriota) que comparten el sector público y los bancos de Chipre. El Eurogrupo toma nota, pero confirma que no habrá más fondos que los 10.000 millones previstos y se desentiende completamente de las nuevas necesidades financieras que deberá afrontar en solitario el Gobierno chipriota; al menos, hasta que la situación llegue otra vez al límite, exija un nuevo rescate y, previsiblemente, como ya ha sucedido en Grecia, una quita a destiempo e insuficiente que no supondrá una mejora sustancial de la situación. Así se alimenta una espiral depresiva que, a medida que se gana tiempo, retrasa una solución que deberá afrontarse más tarde en peores condiciones.
Y segunda, los impactos que tendrá el rescate sobre la economía chipriota, según las previsiones que barajan las propias autoridades comunitarias, serían muy negativos. El PIB caerá en 2013 un 8,7% y otro 3,9% en 2014. Y la deuda pública pasará de suponer el 86,5% del PIB en 2012, al 109% en 2013, 123% en 2014 y 126,3% en 2015. Desequilibrio imposible de encajar por una economía convaleciente que debería alcanzar un notable superávit primario en sus cuentas públicas para afrontar los gastos financieros correspondientes al alto nivel alcanzado por su deuda soberana e impedir que ésta siga aumentando. La sinrazón se ha adueñado de las instituciones europeas: otro rescate de tierra quemada se ha puesto en marcha.
¿Cómo se generarán nuevos empleos y actividades en Chipre?
Uno de los problemas claves que pocas veces se menciona en el análisis de los graves desequilibrios macroeconómicos que padecen los países del sur de la eurozona y que supone el reto más importante y difícil de encarar por los correspondientes gobiernos nacionales y las autoridades comunitarias es el de cómo y con qué se sustituye el modelo de crecimiento que se ha consolidado en estos países tras su incorporación a la UE y a la eurozona.
En Chipre, tras su entrada en la UE en el año 2004, se han acentuado los rasgos de una economía de servicios escasamente productivos y en progresivo deterioro desde el estallido de la crisis, entre los que predominan los sectores turístico (con un valor añadido que supone el 13% del PIB) y financiero (9% del PIB)
El Gobierno chipriota se ha comprometido a reducir a la mitad su sistema bancario, con la correspondiente pérdida de empleos y valor añadido. Y a ese compromiso debe sumarse el impacto de las recetas habituales en la estrategia conservadora de salida de la crisis: medidas rigurosas de austeridad, con los consiguientes recortes de empleos y bienes públicos, para lograr un rápido equilibrio de las cuentas públicas e iniciar el desendeudamiento de las administraciones públicas; y políticas de devaluación interna encaminadas a lograr una depreciación real (mediante la reducción de salarios y precios) que mejore la competitividad, impulse las exportaciones, atraiga inversión extranjera y equilibre las cuentas exteriores.
En Chipre no existe ningún motor de crecimiento o sectores en expansión capaces de compensar las pérdidas que sufrirán el sistema bancario y el sector público y sus impactos negativos sobre el conjunto de la economía. El escenario de austeridad generalizada en la UE y de estancamiento en la eurozona tampoco ayuda y el minúsculo sector manufacturero chipriota (apenas supone el 6% del PIB) no puede, aún en la más favorable de las hipótesis, aportar mucho a la recuperación del empleo y la actividad económica. Hay que tener en cuenta, además, el golpe para la demanda doméstica que va a suponer la confiscación de una parte muy importante, aunque aún imprecisa, de los depósitos bancarios superiores a los 100.000 euros. Confiscación que no sólo afectará a mafiosos e inversores rusos, sino también a decenas de miles de hogares de renta media y pequeñas empresas chipriotas que sufrirán un recorte sustancial en sus ahorros.
Todas las esperanzas de las autoridades y la población chipriota parecen descansar en la futura explotación de los importantes yacimientos de gas descubiertos recientemente y en unos ingresos provenientes de su exportación que podrían llegar a cubrir durante un par de décadas los recortes que experimentarán el sistema bancario y el sector público. La buena noticia es que por comprensibles razones geoestratégicas, relacionadas con la necesidad de diversificar fuentes de aprovisionamiento energético, no habrá problemas de financiación para realizar las grandes inversiones que requiere la explotación del gas. La mala noticia es que habrá que esperar a comienzos de la próxima década para comenzar a obtener los correspondientes ingresos. Mientras tanto, a la población chipriota le espera un viacrucis de empobrecimiento, pérdida de empleos, incertidumbre y deterioro de la situación sociopolítica que durará años.
Hasta ahora, el fracaso de las extremistas políticas de austeridad impuestas a los países del sur de la eurozona es evidente, pero lo más a lo que parecen dispuestos los poderes hegemónicos de la UE es a ampliar los plazos de devolución de los préstamos involucrados en los rescates y retrasar paulatinamente el objetivo de alcanzar un déficit público inferior al 3% del PIB a medida que se confirma la imposibilidad de cumplirlo. De hecho, el Eurogrupo acaba de respaldar en su reciente reunión de Dublín la propuesta de la Troyka (Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional) de ampliar en siete años los plazos de los préstamos realizados a Irlanda y Portugal. De igual modo, varios países, entre ellos España, han visto como las autoridades comunitarias premiaban sus inútiles esfuerzos en materia de recortes y austeridad retrasando el objetivo de reducir el déficit público hasta el 3% del PIB que inicialmente debería alcanzarse en 2013.
Por lo que parece, sólo después de las elecciones alemanas del próximo septiembre podrían llegar a considerarse algunas de las rectificaciones en la estrategia de austeridad actualmente en vigor que de forma cada vez más abierta reclaman los países del sur de la eurozona. Entre ellas, más implicación del BCE en la reducción de la brecha en los costes financieros que soportan los agentes económicos privados de los países del sur de la eurozona y que llegan a multiplicar por dos y por tres las tasas de interés que afectan a los agentes económicos de los países que conforman el centro de la UE. También, en el mismo sentido, un mayor compromiso del conjunto de las instituciones comunitarias en políticas viables de estímulo al crecimiento que no generen mayores niveles de deuda pública y privada en los países más endeudados.
Hasta entonces, seguiremos a expensas de unas autoridades que han propiciado, junto a los medios de comunicación más influyentes, unas opiniones públicas en los países del norte de la eurozona que consideran que los países del sur son los únicos responsables de la crisis que sufren, eximen de toda culpa a las instituciones europeas y a la estrategia conservadora de salida de la crisis que han impuesto, desvinculan los problemas de desindustrialización y sobreendeudamiento sufridos por las economías periféricas de la lógica propiciada por el mercado único y el euro y valoran el actual proyecto de unidad europea como una fuente inagotable de gastos y problemas. Apreciaciones muy sesgadas que dificultan sopesar la compleja interrelación de oportunidades y riesgos que ha proporcionado el euro y las ventajas que obtienen ahora los países del norte de la eurozona (en forma de reducción de costes financieros, atracción de capitales y fuerza de trabajo cualificada o rejuvenecimiento de su población) gracias a la crisis de las economías periféricas.
Para salir del impasse y abrir espacios políticos que permitan el desarrollo de una salida progresista de la crisis, los países del sur de la eurozona y sus ciudadanías no tienen más remedio que plantar cara a la estrategia de austeridad y tratar de incrementar la protesta y la denuncia popular contra las políticas insolidarias e ineficaces que están sufriendo. No hay proyecto de unidad europea que pueda sustentarse en las fracturas en rápido crecimiento que separan a las economías y las sociedades del sur y el norte de la eurozona. No puede haber proyecto de unidad europea sin cooperación entre los Estados miembros y sin poner en valor y en funcionamiento el principio comunitario de cohesión económica, social y territorial. El criterio de mutualización de riesgos, costes, beneficios y oportunidades, que es consustancial a cualquier proyecto de unidad europea, no puede ser arrinconado por unas fuerzas conservadoras que pretenden aprovechar la crisis para lograr una victoria estratégica de sus políticas, criterios e intereses que empobrece y perjudica gravemente a las clases trabajadoras y a la mayoría social.
El rescate de Chipre puede dar todavía algunos giros inesperados. Tras el respaldo político dado por el Eurogrupo el pasado 12 de abril al programa de ajuste acordado por la Troyka y el Gobierno de Chipre, hay que esperar a que los países de la eurozona aprueben el rescate (en algunos casos requiere el respaldo parlamentario) y, posteriormente, la aprobación formal del programa de asistencia financiera por parte de Consejo de Gobernadores del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que podría ocurrir el 24 de abril. El primer desembolso del rescate se realizaría a mediados del próximo mes de mayo. Mientras todo eso sigue su curso, hay que mantener los ojos abiertos porque la crisis de Chipre y las economías del sur de la eurozona dista mucho de haberse apaciguado.