En los últimos tiempos estamos oyendo una serie de declaraciones que parecen escandalizarse por la supuesta violencia de los "escraches", que podríamos traducir por actuaciones de escarnio, llevadas a cabo por miembros de la PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas) ante diputados del PP opuestos a convalidar la ILP; que con el apoyo de más de 1 millón y medio de firmas fue presentada al Parlamento.
Las críticas a los "escarnios" han sido virulentas por parte del PP y de otros grupos como la UPyD, pero también las hemos visto en boca de dirigentes del PSOE e incluso del ex-Presidente Felipe González, con la excusa del mal psicológico que se podría hacer a los niños de los afectados.
A veces hay afirmaciones que provocan vergüenza por su fariseísmo. ¿Es comparable, el daño que se hace al hijo de un diputado, por la violencia de una protesta pacifica, con la violencia que sufren los niños de las familias desahuciadas?
Las familias desahuciadas por las entidades financieras han sufrido sin duda un acto de violencia importante en el momento del desahucio, con la intervención de funcionarios públicos e incluso de agentes policiales. Y como se ha demostrado era una actuación ilegal, como ha determinado la justicia europea al haberse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por parte de una legislación injusta y obsoleta.
¿Cómo se atreven a hablar de la violencia por los actos pacíficos de escarnio? ¿Que estos políticos no tienen sentido de las proporciones?
Lo que ocurre es que los recortes sociales parece que deben ir acompañados de un incremento de la represión policial contra quienes se oponen a unas políticas injustas y antisociales.
Pongamos otro ejemplo: ¿son violencia las manifestaciones de las personas afectadas y estafadas por las entidades financieras con el tema de las Participaciones Preferentes o Deuda Subordinada colocadas a personas sin cultura financiera? ¿Es violencia que protesten ante las oficinas de quienes los han estafado? ¿Es violencia esta presión de los afectados o la ocupación de las oficinas bancarias?
Mientras nadie, ninguna autoridad, ha objetado nada a la creación de un producto, como las Preferentes, que en sí mismo es una estafa al no tener fecha de caducidad, o en su caso como hizo Novacaixagalicia poner la del año 2999. ¿No se ha violentado la vida de los cientos de miles de ciudadanos estafados? ¿No hay responsables de la estafa y del sufrimiento de los afectados? ¿También les enviarán a la policía a reprimirlos?
La derecha reaccionaria siempre ha sido propensa a imponer actuaciones antisociales y a mantener sus privilegios mediante la represión, aunque sea frente a legítimos derechos como los de manifestación o de huelga de las clases oprimidas. Así ha sido a lo largo de la historia y lamentablemente se ha mantenido y últimamente incrementado, por el actual momento de crisis económica y social que está produciendo que se incrementen los movimientos de protesta ante unas políticas que afectan negativamente a una mayoría de la ciudadanía, mientras benefician a una minoría privilegiada.
Un caso recurrente y tradicional, vilipendiado por la derecha reaccionaria y por la patronal, ha sido el derecho de huelga y la actuación de los piquetes informativos.
No deja de ser paradójica la repercusión y el alboroto mediático negativo por la supuesta violencia que efectúan los piquetes y que atentan, dicen, al derecho a hacer o no hacer huelga. Esto sólo puede calificarse de acto de sinvergüenza al no tener en cuenta las actuaciones generalizadas de los empresarios que coaccionan, con medidas que conllevan una violencia real contra el Derecho Constitucional a la Huelga. Teóricamente está prohibido actuar contra el derecho de huelga, la contrapartida legal es que el trabajador que hace huelga pierde el salario del día de huelga. Pero los empresarios van más allá y presionan a los trabajadores, especialmente los que están en situación más débil, como los no fijos, con amenazas que van desde la pérdida del trabajo, no renovación de contrato en su caso, hasta repercusiones sobre el futuro laboral, promociones, futuro profesional, etc.
Esta situación se ha incrementado después de la última Reforma Laboral del PP que facilita y abarata el despido sin causa por parte de los empresarios. Un ejemplo claro fue la declaración pública del presidente de Mercadona, Sr. Roig, que amenazó con despedir a cualquier empleado que secundara la última Huelga General. Ahora las amenazas ya no se hacen en privado sino públicamente y sin que ningún responsable público plantee actuar frente a quien actúa y violenta un Derecho Fundamental y Constitucional, como es el de la Huelga.
Al contrario la música de la derecha va dirigida, día a día, a fomentar la restricción, cada vez mayor, de los derechos básicos como son los de expresión, manifestación o huelga.
Todo esto es complementario e indicador de la involución antidemocrática, que se está produciendo en España en paralelo a las crisis económica, social e institucional. La lectura actual que la derecha hace de la Constitución es radicalmente restrictiva y unidireccional. Se ha vulnerado, como decía el desaparecido Santiago Carrillo, el propio espíritu constitucional, que pretendía garantizar una ley fundamental donde pudieran estar cómodas las diversas lecturas del texto constitucional.
La Reforma "express" de la Constitución que hicieron el PSOE, de ZP, y el PP, de Rajoy, significó un verdadero golpe de estado parlamentario al situar por encima de todo una lectura económica reaccionaria que da prioridad a la reducción del déficit por encima de cualquier otra consideración. Este cambio, en el campo constitucional de la economía, conlleva una influencia en cuanto a la lectura política del conjunto constitucional en el momento actual, justificando los recortes, las políticas austericidas y si fuera preciso la represión de los movimientos antagónicos que se oponen a la aplicación de las medidas de esas políticas.
La actual situación de criminalización, que desde el poder político se hace contra todo aquel que se opone a sus políticas, sean partidos minoritarios, sindicatos y / o movimientos sociales, son indicios preocupantes de un recorte de las libertades que pueden llevar incluso a planteamientos de salidas políticas poco democráticas. Especialmente ante la realidad de la caída y cada vez menos credibilidad del actual bipartidismo caduco.