jueves 21/1/21

A trompicones

La energía nuclear ha vivido todos estos años del negocio de la mentira. No es cierto que sea segura, ni limpia ni barata.

La energía nuclear ha vivido todos estos años del negocio de la mentira. No es cierto que sea segura, ni limpia ni barata

España cuenta con un parque de reactores nucleares que comenzó a generar residuos radiactivos hace ya más de cuarenta años, pero cuatro décadas después aún no hemos asumido que las generaciones posteriores acaban siendo rehenes de las decisiones de las que les precedieron en el tiempo.

Podrá uno rebelarse contra el hecho de tener que hacerse cargo ahora del legado de unas épocas pretéritas que poco tienen que ver con las presentes, e incluso manifestar su rotundo veto a la energía nuclear por razones de distinta índole, pero hay una realidad insoslayable con la que tenemos que convivir colectivamente: ¡que son nuestros residuos! Aun cuando estuviésemos en condiciones de clausurar hoy mismo todos los reactores, nuestro país seguiría siendo un país nuclearizado por centurias.

La energía nuclear ha vivido todos estos años del negocio de la mentira. No es cierto que sea segura (no es preciso citar ejemplos), y no es verdad que sea limpia (de ahí el dilema de la búsqueda de vertederos donde depositar las basuras que genera). Pero es que además es radicalmente falso que sea barata.

La industria del átomo ha contado siempre a su favor con la complicidad de los gobiernos a la hora de presentarnos su mejor cara ocultando sus taras, que no son pocas ni de menor entidad. El hecho de ser considerada materia de seguridad nacional le concede un blindaje del que no disfrutan otras tecnologías, de tal suerte que son razones de Estado las que dan barniz de veracidad a la pretendida competitividad de una energía que es, en realidad, la más cara del sistema.

Ni los tiempos ni los costes asociados a la gestión de los residuos radiactivos pueden ser calculados con exactitud, pero en la necesidad de tener que manejarlos cumpliendo con unos protocolos que aporten tranquilidad a la sociedad, se estiman escalas temporales que oscilan entre los centenares y los miles de años de vida de la basura nuclear, y de miles de millones de euros para los costes de su confinamiento. Esto es simulamos en presente un negocio rentable, difiriendo a futuro en el mejor de los casos su ruinosa cuenta de resultados.

Tocan a su fin cuarenta años viviendo de una lucrativa ficción. Ya hay reactores desmantelados, otros están colmatados, y la cuenta atrás para el cierre de las centrales aún activas avanza inexorablemente. Hasta ahora se ha ido tirando a base de soluciones más o menos ingeniosas, como la de pagarle a Francia por la custodia de nuestra basura, pero la factura crece y la presión por la finalización del contrato aumenta. Esto ya no da más de sí.

Desgraciadamente no se trata de decidir si queremos o no residuos nucleares, sino de dilucidar qué hacemos con ellos. Pero dada la naturaleza de la materia, convendría no perder de vista que se trata de una decisión que nos compete a todos hoy, y afectará a otros muchos mañana.

Estoy intentando decir que el procedimiento que se ha venido siguiendo en la tramitación (A trompi-cones) del ATC (Almacén Temporal Centralizado) que el Gobierno decidió emplazar en Villar de Cañas, ha sido hasta ahora el peor de los posibles. Los mecanismos aplicados para su elección, los intereses que se intuyen tras determinadas decisiones de índole sospechosamente partidistas, las designaciones y remociones de personas con responsabilidades decisivas en torno al proyecto, las dudas que se plantean respecto a la idoneidad del emplazamiento elegido por parte de organismos e instituciones de acreditada solvencia técnica, son razones más que suficientes que aconsejan un giro cualitativo. Se trataría de sustituir el trágala por el rigor.

A trompicones