viernes. 29.03.2024

Rajoy, del “Prestige” al “Olev Naydenov”

El estupor ciudadano va creciendo a medida que se van conociendo los bochornosos episodios de corrupción.

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Poco imaginaba la ciudadanía de este país que cuando el PP exhibía su anterior experiencia de gobierno como un aval para recuperar la confianza mayoritaria de los electores, detrás ocultaba la voluntad de reeditar lo peor de los ocho años del “aznarismo”, y la firme resolución de concluir la tarea entonces inacabada.

Cierto es que el estupor ciudadano va creciendo a medida que se van conociendo, uno tras otro, los bochornosos episodios de corrupción que afloran sin solución de continuidad hasta retratar el perfil de una organización mafiosa: financiación ilegal del Partido y de sus campañas, contabilidades en B, sobres o cajas de puros repletas de dinero negro generosamente distribuidas entre su cúpula directiva, evasión de capitales en dirección a paraísos fiscales… Y todo ello aderezado con un cóctel de prescripción de los presuntos delitos, destrucción de pruebas, obstrucción a la acción de la justicia, turbios manejos para remover magistrados incómodos y policías desafectos y, ya en el éxtasis de la golfería institucional, una mega amnistía fiscal destinada a blanquear los beneficios obtenidos mediante el saqueo por personajes tan destacados como quien fuera vicepresidente económico del Gobierno Aznar, y pareja de Rajoy en el tándem de sucesores, el inefable Rodrigo Rato.

Con no menos rechazo social cuenta el concienzudo trabajo llevado a cabo por el Consejo de Ministros con el objetivo de desmontar, a poder ser de forma irreversible, el Estado del Bienestar laboriosamente edificado a lo largo de treinta años de andadura constitucional, y con él la abolición del sistema público que amparaba todo un conjunto de derechos básicos de ciudadanía (sanidad universal, pública y gratuita, cobertura de desempleo, pensiones aseguradas, educación pública para todos y todas, garantías laborales, atención a la dependencia…).

Pero sin lugar a dudas donde el Gobierno presidido por Mariano Rajoy se ha empleado a fondo, ha sido en la liquidación de toda aquella norma que, por la vía de la protección del medio ambiente, supusiese algún tipo de traba para hacer negocio con el patrimonio natural y los bienes públicos. Desde la Ley de Costas a la Ley de Montes, desde la de Parques Nacionales a la de Evaluación Ambiental, pasando por la Ley de Aguas, la del Sector Eléctrico, la de Desarrollo Rural, o la de Hidrocarburos, el PP no ha dejado en pie nada que huela a sostenibilidad en ningún departamento de la Administración del Estado.

Era preciso despejar el camino al fracking, propiciar la privatización sin límite de todo el suelo litoral, blindar el jugoso negocio de la energía nuclear, convertir los Parques Nacionales públicos en rentables parques de atracciones privados, abrir una ancha pasarela de entrada a la especulación con el agua, o quitarse de encima el estorbo de los agentes forestales.

Y es que muchos de los derechos civiles cercenados en esta legislatura, podrán ser repuestos por la voluntad política de un nuevo gobierno, pero no son pocos los derechos ambientales que se habrán quedado por el camino para siempre, porque cuando una norma permite la destrucción de un paraje, y ésta se lleva a término, será imposible rescatar el derecho a disponer de algo que ya no existe.

El medioambiente nunca ha estado en la agenda de Mariano Rajoy; es para él un elemento extraño, algo irrelevante, un estorbo o una incómoda responsabilidad, simples hilillos de plastilina. Sería catastrófico que hoy tuviesen que padecer en Canarias con el hundimiento del Olev Naydenov los mismos despropósitos de una gestión que convirtió en catástrofe para Galicia el naufragio del Prestige.

Del Rajoy Ministro del Interior, al Rajoy Presidente; del Prestige al Olev Naydenov.

Rajoy, del “Prestige” al “Olev Naydenov”