Acaba de presentar el Gobierno de Asturias un documento a modo de plan estratégico de competitividad del sector primario y de desarrollo del medio rural, cuya elaboración fue encargada a cuatro expertos del departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo. No me detendré en la explicación del mismo, de sus 28 líneas de actuación o de sus 135 propuestas; el documento es de acceso público para quien tenga interés en él.
Asturias sufre, junto con Galicia y buena parte del territorio interior patrio, un proceso de pérdida y envejecimiento poblacional que plantea serias incertidumbres sociales de futuro. Es cierto que toda Europa hace frente a una regresión de la natalidad que contrasta con la pujanza que presentan otros continentes, que está siendo paliada en parte con la aportación de una inmigración llegada al Viejo Continente en busca de un Estado del Bienestar que comienza a presentar síntomas de fatiga, al tiempo que es atacado por algunos virus de ultraliberalismo que amenazan su fortaleza.
Pero no es mi intención profundizar hoy en las causas de la geriatrización española y europea, sino en como se afronta este fenómeno desde las políticas nacionales, o más bien de cómo nuestro país no ha sabido, o no ha querido, reconocer el mal que aqueja a su propia identidad y que es uno de los mayores riesgos para la sostenibilidad social en este siglo.
Las próximas décadas verán crecer exponencialmente la demanda de algunos bienes básicos (agua, energía, alimentos…) y, asociadas a esta presión, las tensiones geopolíticas inherentes a situaciones de escasez. No es nuevo este escenario en la historia de la humanidad, de hecho ha sido siempre el detonante de confrontaciones territoriales de toda suerte, pero hay dos factores que le confieren hoy una dimensión hasta ahora inédita, la sobrepoblación del Planeta y el fenómeno de la globalización. La globalización incorpora un elemento movilizador crítico, como es la disponibilidad de información en tiempo real de lo que acontece en cualquier rincón de la Tierra. Estas habrían de ser razones más que suficientes para que cualquier Estado elevase al rango de asuntos principales de la gobernación las previsiones estratégicas para la disponibilidad de recursos hídricos, energéticos o alimentarios con cargo a medios propios.
La tendencia es secular, pero las últimas décadas han elevado a la categoría de éxodo el desplazamiento de la población de los territorios rurales del país hacia los espacios urbanos. Más aún, la España abigarrada de la franja mediterránea contrasta con las despobladas tierras del interior y del noroeste peninsular. Una enorme paradoja nos atenaza, los suelos de promisión engordan a costa de los de provisión y, en la misma medida en que estos adelgazan hasta la anemia, menguan las posibilidades de atender razonablemente las necesidades de aquellos.
Cuando el 80% del territorio pierda el escaso 20% de brazos de labor que producen buena parte de lo que demanda el 80% de consumidores que habita el otro 20% de la nación, serán muchas fuentes las que se agosten, pero la principal de ellas será la del conocimiento, uno que no se adquiere en las aulas sino en los campos, campos que habrán enterrado ya casi toda su sabiduría. ¡Qué irreflexivo derroche! ¡Qué gran error!
Llega una campaña electoral que inundará de propuestas nuestros municipios; apuesto a que, con variantes, uno de sus lemas será el de ciudades más habitables. Pues bien, sepamos que nuestras ciudades serán tanto menos habitables cuanto más deshabitados vayan quedando nuestros pueblos.
A la memoria de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 2007 Q.E.P.D.