jueves 20.02.2020

Violencia de genero: Priorizar la formación de profesionales y jóvenes

Educar en la igualdad y en la tolerancia cero hacia el machismo y el maltrato, solo puede empezar por “educar a los educadores” y así evitar esas vergonzosas e intolerables actitudes de una parte del profesorado que mira para otro lado

La violencia de genero sigue incrementando sus víctimas mortales. No hay manera de frenarla. Las reformas legislativas y las medidas políticas adoptadas para combatirla, si es que se las puede llamar así, no están dando resultados de cierta entidad. Aunque cabe la duda de cuál sería la situación si estas medidas no se hubieran aprobado.

Los partidos de la oposición al gobierno resaltan que la causa de este desastre son los recortes presupuestarios llevados a cabo por el PP en los últimos años, a lo que habría que sumar la muy insuficiente dotación en las legislaturas anteriores del PSOE. Es evidente que con más presupuesto se podrían hacer más cosas en la persecución policial y en la tutela judicial, podrían reforzarse los servicios sociales especializados y las ayudas a las mujeres maltratadas y en su caso a sus hijos. Pero desgraciadamente la violencia de genero tiene profundas raíces sociales y culturales, es un gravísimo problema estructural que hay que abordar con políticas estructurales, transversales, fundamentalmente de prevención y con horizontes que combinen el corto, el medio y largo plazo.

Y para empezar a abordar esta compleja realidad, lo primero que hay que hacer es situar ante la opinión publica de España cual es el perfil de los maltratadores, de las maltratadas, de las circunstancias sociales, económicas y culturales donde se producen el maltrato. Es posible que los organismos especializados de las Administraciones Públicas tengan mayor o menor conocimiento de esa realidad, pero la ciudadanía solo contamos con informaciones muy genéricas. Sin información muy pormenorizada es difícil diseñar medidas preventivas eficaces y también dificulta el abordar programas de actuación que más allá de sus costes presupuestarios, requieren la colaboración activa de la ciudadanía, de colectivos profesionales, de las familias y de los estudiantes.

Lo que sí parece cierto, de esa genérica información disponible, es que la violencia de genero empieza a incubarse en la niñez de la mano de los todavía muy arraigados sentimientos machistas. Un niño o un preadolescente que en su entorno vive conductas machistas, más o menos explicitas, con una carga más o menos violenta, puede ir asumiendo que “eso” es lo normal en la actitud hacia las niñas, las adolescentes y las mujeres. Si desde temprana edad percibe que despreciar, insultar, ningunear, controlar despóticamente y hasta agredir a sus hermanas, a su madre, a su abuela, etc. es normal y peor aún es símbolo de hombría, ese adolescente, ese joven o ese adulto puede reproducir esas actitudes que ha visto en su padre, en sus hermanos, en sus primos o tíos, en sus abuelos, sin que le genere especiales problemas morales.

Combatir esas actitudes en el hogar, no es tarea fácil. Exige que las victimas puedan denunciarlo sin que les acarree problemas sin fin, que cuenten para ello con el apoyo de servicios sociales especializados, con una rápida cobertura legal (policial y judicial) y con recursos temporales para llegado el caso terminar con la convivencia dañina e iniciar un nuevo proyecto de vida. Está demostrado que ese paso no es fácil de dar y a veces la demora en decidirse tiene consecuencias nefastas; por ello el papel de los familiares, amigos y vecinos, no contaminados de la tolerancia hacia el maltrato, es fundamental para poner en marcha la dinámica de intervención de los poderes públicos.

Más fácil podría ser combatir el machismo en el ámbito escolar, en toda su escala, desde la educación infantil hasta la universitaria y la formación profesional. Educar en la igualdad y en la tolerancia cero hacia el machismo y el maltrato, solo puede empezar por “educar a los educadores” y así evitar esas vergonzosas e intolerables actitudes de una parte del profesorado que mira para otro lado, que disculpa o peor aún que “ríe las gracias machistas” o que reacciona cuando ya es tarde. En la educación de los educadores hay que incluir de manera destacada la formación adecuada y suficiente para la lucha contra el machismo y el maltrato (y contra la lgtbfobia, el racismo y la xenofobia). La lucha contra el machismo y el maltrato no puede dejarse en manos del profesorado de apoyo o especializado en los centros escolares; este colectivo tiene un papel especializado de gran importancia, pero si no hay una receptividad general y profunda por parte de todo el profesorado, solo podrían ir poniendo parches o en el mejor de los casos detectando los problemas más virulentos.

En esa dirección la reforma curricular de los estudios de educación se convierte en una cuestión decisiva. Y además no tiene por qué acarrear un coste importante.

Es evidente que no podemos esperar a los resultados de esa reforma educativa de los educadores. Hay que afrontar medidas transitorias de urgencia, desde la ampliación de los orientadores y del profesorado especializado de apoyo, la generalización de protocolos de actuación para combatir la cultura machista y maltratadora, la inclusión de actividades docentes sistemáticas de explicación y defensa de los valores igualitarios, la difusión de buenas prácticas, incidiendo especialmente en la figura del tutor o tutora como responsable más directo del seguimiento de las clases….Y por supuesto todo ello en los centros públicos, los concertados y los privados.

El papel de las AMPAS es igualmente importante para generar dinámicas igualitarias y de denuncia del machismo y maltrato.

Por otra parte, el sistema sanitario, aunque ha asumido la lucha contra los malos tratos y ha definido algunos protocolos de actuación, con la actual situación de la atención primaria es difícil prevenir, detectar e intervenir en situaciones de malos tratos de forma masiva. Los profesionales sanitarios (médicos y enfermería) deberían poder atender con especial dedicación a las mujeres “diana” de posibles malos tratos y no solo cuando aparecen con moratones. La depresión en muchos casos puede ser un síntoma de alerta, pero tal y como está la atención psicológica en nuestro Sistema Nacional de Salud, con gravísima escasez de profesionales, tiene limitadas sus posibilidades de actuación eficaz en esa prevención y detección de malos tratos.

En lo que se refiere a la Administración de Justicia, a pesar de las reformas legales realizadas en los últimos 15 años, la capacidad de actuación con la inmediatez y contundencia necesaria sigue siendo muy limitada, reflejo de las carencias generales del aparato judicial. A su vez todavía son excesivos los jueces y fiscales que no tienen suficientemente asumida la prioridad de la lucha contra la violencia y el maltrato. Siguen produciéndose agresiones, incluso mortales, por no haber adoptado las medidas adecuadas de alejamiento de los agresores y/o protección eficaz de las víctimas o por una visión tolerante hacia lo que podríamos considerar síntomas de maltrato y violencia. La formación de jueces y fiscales en esta cuestión es poco más que inexistente en las facultades de derecho y posteriormente en la especialización en la carrera fiscal o judicial. Formación que, por tanto, debe ser una prioridad en el acceso a los destinos judiciales del ámbito penal y en la fiscalía.

En cuanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son evidentes la sensibilización y los cambios de actitud que se han producido desde hace unos años. Esta realidad, siendo muy positiva, no es suficiente. La formación mucho más especializada y continuada, es imprescindible para prevenir y detectar situaciones de maltrato y violencia con más eficacia y prontitud.

Por ultimo y como tantas veces he insistido, sin una red de servicios sociales, de carácter público, suficiente, especializada, ampliamente descentralizada, será más difícil prestar el apoyo cuidado a las mujeres víctimas de mal trato y violencia.

En definitiva, es posible diseñar y ejecutar una política a corto, medio y largo plazo, con medidas estructurales, transversales, en las que la formación de los diversos tipos de profesionales y del alumnado sea una prioridad política y por tanto presupuestaria. Así podremos frenar el crecimiento de las víctimas, mortales y no mortales, e ir paulatinamente reduciendo sensiblemente su número, hasta alcanzar un horizonte en el que el maltrato y la violencia queden atrás como una de las más terribles lacras de la humanidad, al igual que en el pasado se erradicó la esclavitud (o casi) y la pena de muerte (aunque no en todas partes).

Violencia de genero: Priorizar la formación de profesionales y jóvenes