Llevamos 2 años con irregularidades en la tramitación presupuestaria y el año 2018 también se va a producir un retraso en la puesta en ejecución de los presupuestos, con lo cual habrá menos gasto publico efectivo
Un estado de la magnitud y complejidad como el nuestro y en un tiempo en que los cambios se producen a gran velocidad, la vida económica y social no puede permanecer paralizada meses y meses, confiando en que factores externos (el comercio mundial, el Banco Central Europeo, la moderación de los precios energéticos o el turismo) nos resuelvan los problemas, consoliden el crecimiento económico y el saneamiento de nuestra economía.
Llevamos prácticamente dos años sin gobierno efectivo, sin intervención de los poderes públicos, sin políticas activas. Mariano Rajoy y su gobierno se dan por satisfechos con la publicación periódica del descenso del paro, del crecimiento del PIB o el control de la inflación. Escudándose en la crisis de Cataluña han retrasado la primera de las obligaciones de un gobierno, como es la elaboración de los presupuestos anuales. Llevamos 2 años con irregularidades en la tramitación presupuestaria y el año 2018 también se va a producir un retraso en la puesta en ejecución de los presupuestos, con lo cual habrá menos gasto publico efectivo. Esta barbaridad se justifica en que en el contexto político actual el PP no tendría los votos suficientes para la aprobación de los presupuestos, ya que presumiblemente el PNV no los apoyaría, dada la tensa relación existente hoy con ellos por la actuación del gobierno en Cataluña.
Mientras tanto seguimos con graves problemas de riesgo de pobreza y exclusión social, no se tramita la Iniciativa Legislativa Popular presentada CCOO y UGT para regular una prestación mínima garantizada y apoyada por la mayoría de los grupos parlamentarios; siguen sin reponerse los daños ocasionados por los recortes en el sistema sanitario, educativo y de protección al desempleo; importantes proyectos de inversiones en infraestructuras básicas están paralizados o ralentizados; la atención a la dependencia esta asfixiada; la inversión en I+D+I sigue bajo mínimos; la reforma fiscal, que debería sustentar una ampliación y mejora del gasto público, duerme olvidada; y por supuesto ni se plantea abrir la negociación de la reforma de la financiación de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales….
Una de las consecuencias más evidentes de esta parálisis publica, es que esta recuperación económica, además de acentuar la desigualdad social, esta fomentado implícitamente, que se esté volviendo a reproducir el viejo modelo económico de crecimiento que se vino abajo en la crisis del 2008. Seguimos apoyándonos de manera preferente en el turismo internacional, en la demanda interna en productos relacionados con el consumo efímero y muy en especial la hostelería y en el rebrote de la construcción y especulación inmobiliaria.
La parálisis publica resulta aún más inaceptable si tenemos en cuenta que los presupuestos y todo lo que ello conlleva debería ser un factor esencial para la reconstrucción de la confianza en Cataluña y también para evitar tensiones, ahora solapadas, en el País Vasco, así como el renacer del malestar en otras Comunidades Autónomas. Es decir, unos presupuestos del Estado que tuvieran como objetivo la recuperación de la cohesión social, serian un instrumento para ir saliendo del gravísimo trauma que ha supuesto la crisis política y social en Cataluña y sus repercusiones en el resto de España.
No podemos olvidar que la mayoría de las Comunidades Autónomas, por no decir todas, no van a presentar y aprobar sus presupuestos hasta conocer los presupuestos del Estado, por lo que la parálisis de la actividad pública puede ser general en los próximos meses.
Los nuevos presupuestos deben afrontar la inversión pública en infraestructuras del transporte ferroviario que llevan renqueando años y años sin recibir el impulso necesario: el corredor del Mediterráneo, la conexión con el País Vasco, Asturias, Extremadura, Galicia o la mejora de las redes de cercanías en las grandes capitales; inversiones que garantizarían una mayor cohesión territorial, un estímulo para la actividad económica, para el comercio nacional e internacional, para el turismo externo e interno y generarían numeroso empleo, sin alimentar la burbuja inmobiliaria, contribuyendo, además, a reducir los niveles de contaminación.
En los ámbitos de la Sanidad y Educación, además de mejorar la dotación de los equipamientos existentes, hay que garantizar la incorporación rápida y en buenas condiciones de los miles de nuevos profesionales que saldrán de las importantes ofertas de empleo público pactadas con CCOO y UGT, así como consolidar las decenas de miles de empleos precarios, que hoy son una vergüenza de las administraciones sanitarias y educativas.
La aprobación de una prestación estatal, gestionada por las Comunidades Autónomas, de renta mínima de inserción, es una evidente prioridad, ante una situación en la que los niveles de pobreza y exclusión social, especialmente en las familias monoparentales de mujeres con hijos a cargo, no se reducen en absoluto a pesar de la recuperación económica.
El sistema de atención a la dependencia, frustrado desde su inicio por la coincidencia temporal con la crisis, requiere una nueva fórmula de financiación estatal, que garantice la prioridad de los servicios profesionales y de calidad, y la universalidad efectiva de la prestación, acabando con las larguísimas listas de espera. Dicho sea de paso, esa ampliación de la financiación no tendría por qué ser elevada, se situaría en torno a los 3.000 millones de euros/año y generaría numerosos puestos de trabajo y liberaría a muchísimas mujeres cuidadoras
Para avanzar, aunque sea moderadamente, en un nuevo modelo productivo competitivo, sostenible, generador de empleo de calidad, la inversión pública en I+D+I, tiene que tener una dimensión mucho mayor y más eficaz. De lo contrario la globalización consolidara a España como un país de servicios ligados al turismo y poco más.
Si estas deberían ser las prioridades del nuevo presupuesto, hay que resaltar que estamos hablando de un crecimiento del gasto público moderado, entre el 2% y el 3% del PIB, o sea alrededor de 25.000 millones de euros para el año 2018. Cuantía que requeriría lógicamente ajustes en la actual política fiscal y que yo no quiero despreciar, porque no es calderilla, pero que sus efectos económicos, sociales y políticos serian indudables.
Estoy seguro que mucha gente en Cataluña que se ha sentido humillada o ignorada, justa o injustamente, por el gobierno de España, podría notar de manera inmediata que aspectos esenciales de su vida cotidiana empezaban a mejorar, sin necesidad de seguir en el espejismo independentista. Una razón más para presentar y aprobar urgentemente los presupuestos del año 2018.