martes. 16.07.2024

Pacto de gobierno progresista: un coste de 25.000 millones de euros

Quien más quien menos sabemos que los programas si no tienen detrás la memoria económica sirve para poco o mejor dicho sirve para generar frustración cuando se incumplen.

Después de casi 39 años de democracia, quien más quien menos sabemos que los programas, los compromisos, los documentos, los planes, incluso las leyes, etc. si no tienen detrás la memoria económica, la propuesta de financiación, dónde y cómo se van a generar los recursos y cuáles van a ser los plazos de ejecución, sirve para poco o mejor dicho sirve para generar frustración cuando se incumplen.

De ahí que resulte fundamental concretar al máximo cuánto va a costar el pacto de investidura y sobre todo cuál será la forma de pago.

Si partimos de la realidad de que el pacto va a ser difícil, que la legislatura podría no ser muy larga, que en el mejor de los casos va a haber gobierno dos terceras partes de este año y que tenemos obligaciones ya vencidas de recorte de déficit  por importe de unos 10.000 millones de euros, llegaremos a la conclusión de que habrá que afinar mucho y fijar muy bien las prioridades.

La primera papeleta que va a tener encima el nuevo gobierno es la reducción del déficit publico, que como ya he señalado se estima en unos 10.000 millones de euros, pero que puede ser algo más, en función de las sorpresas que haya dejado el Ministro Montoro en su despacho y algunas otras que pudieran aparecer en diversos gobiernos autonómicos. Es cierto que el nuevo gobierno puede tener argumentos para negociar con la Unión Europea una mayor flexibilidad en la reducción del déficit y que en lugar de 10.000-12.000 millones, se pueda quedar en 5.000-7.000 millones. Pero no olvidemos que lo que se pueda retrasar en este año, habrá que sumarlo a las reducciones de déficit de los próximos 2017 y 2018...

En segundo lugar hay que hacer frente  varias medidas urgentes de índole social: lucha contra la pobreza severa, atención a la dependencia e incremento de la cobertura de los parados de larga duración.

Los cálculos estimados en su día por CCOO para la implantación de un sistema estatal de rentas mínimas, que pudieran cubrir paulatinamente 700.000 hogares sin  ingresos, podrían tener un coste en torno a 3.000 millones de euros/año, cuando estuviera razonablemente desarrollado. A su vez la recuperación del proceso de aplicación del nuevo Sistema de atención a la Dependencia, revirtiendo los recortes establecidos en la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero y sobre todo por el gobierno de Rajoy, exigirían una aportación adicional por la Administración General del Estado en torno a los 2.000 millones de euros. Por ultimo, incrementar moderadamente la cobertura de desempleo de los parados de larga duración, podría exigir un gasto en desempleo adicional en torno a 3.000-5.000 millones de euros/ año, al menos mientras la tasa de desempleo se sitúe por encima del 12%-15%.

En tercer lugar, hay que afrontar el proceso de reversión de los recortes en educación y asistencia sanitaria, en la doble vertiente de mejora de los equipamientos y mejora de la dotación y condiciones de los profesionales. Aquí las estimaciones pueden ser diversas, en función del calendario de recuperación de los niveles de calidad y universalidad de antes de los recortes. Sin duda una cifra muy razonable y moderada podría situarse en un esfuerzo adicional en torno a 5.000-7.000 millones de euros en cada uno de los próximos años, aunque fuera de forma escalonada.

Por ultimo, resulta de una evidente urgencia, retomar la senda de crecimiento del gasto público en I+D+I, que se inició en la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, que después sufrió un severo frenazo, para terminar con un retroceso en la legislatura del PP. Incrementar un 0’5% del PIB en esta materia, imprescindible para mejorar la competitividad de nuestra economía, nos acercaría algo más a la media de los estados más desarrollados y eso requiere un gasto adicional en torno a 5.000 millones de euros, aunque también pudiera tener un proceso paulatino en dos o tres años.

En definitiva nos estamos moviendo en una horquilla de necesidades de gasto adicional entre 15.000 millones de euros y 22.000 millones de euros; la primera cifra podría ser menor en el año 2016, en función de cuando empiece a estar operativo el nuevo gobierno y la segunda cifra sería el escenario previsible para el año 2018.   

Y a ello habría que añadir a efectos de disponer de ingresos adicionales, la cuantía necesaria para cumplir la reducción del déficit que se pactaría con Bruselas, entre 5.000 millones de euros y 12.000 millones de euros.

No voy a ser tan frívolo como decir que conseguir unos ingresos adicionales totales de 20.000 millones de euros en un primer periodo y 34.000 millones de euros en una segunda fase, es calderilla. Ni mucho menos, pero es una cuantía asumible dado que estamos hablando de un crecimiento de los ingresos públicos del 2%-3% del PIB, que todavía nos colocaría claramente por debajo de la media de la Unión Europea. Sin olvidar que el gasto social propuesto se traduciría de manera inmediata en más consumo y más empleo.

Dicho esto, hay que tener presente que hay tres vías de conseguir los referidos ingresos adicionales: vía incremento de la recaudación fiscal, reducción de la maraña de subvenciones, exenciones y bonificaciones diversas y a través de revisión y reasignación de gastos.

Es evidente que la primera vía, la mas importante y eficaz, no es automática ni rápida; requeriría una reforma fiscal progresiva que habría que pactar con un amplio espectro de fuerzas políticas y que en el mejor de los casos llegaría para el año fiscal del 2017. Es cierto que antes se podrían incrementar algo los ingresos fiscales con una mayor eficacia de la Agencia Tributaria en la persecución de las diversas formas de fraude fiscal.

La revisión de exenciones y bonificaciones, subvenciones etc., que en sí tiene efectos más rápidos de ahorro de gasto fiscal, sin embargo hay que hacerlo con cuidado para evitar efectos indeseables de deslocalización de empresas o de inmersión en la economía sumergida de determinadas actividades. Estas revisiones deben ser muy bien explicadas a la opinión publica y por supuesto a los directamente afectados (empresas, autónomos, etc.) para neutralizar las campañas de diversa índole que sufriría el nuevo gobierno en el momento que empezar a retirarlas.    

Por ultimo la revisión y reasignación de gastos del ámbito público, en la que se debe distinguir aquellos gastos que hay que suprimir por “decencia democrática”, pero de escasa incidencia presupuestaria (p.e. los coches oficiales), de los gastos que realmente no son prioridades para el buen funcionamiento de las administraciones publicas, los servicios públicos de carácter social y las políticas publicas y que sí tienen un serio impacto presupuestario. La supresión o integración de organismos de las Administraciones Públicas, y no solo en la Administración General del Estado, la modernización, informatización, racionalización y optimización de servicios, o el reajuste de inversiones publicas no suficientemente justificadas, requieren sobre todo firmeza y decisión política y complicidad social. Esta revisión y reasignación de gastos, tampoco surte efectos inmediatos, pero a medio plazo supondría una mejora notable del gasto público.

Así pues nos movemos entre dos polos. Por un lado la urgencia de acometer moderadamente nuevos gastos sin incrementar el déficit y además reduciéndolo y por otro la constatación de que la financiación de los mismos requiere un calendario realista de consecución.

En definitiva el pacto progresista tiene un coste económico de alrededor de 25.000 millones de euros. Cifra que puede ser asumida por el PSOE, PODEMOS, IU, Ciudadanos y el PNV.

Cuestión distinta son otras vertientes políticas del Pacto: reforma puntual de la Constitución, reforma de la ley electoral  y lucha contra la corrupción. Pero la inmensa mayoría de nuestra sociedad lo que esta esperando es precisamente que se afronten de manera rápida los problemas sociales que les afectan en su vida cotidiana y no hay escusa que valga para no hacerlo ya.

Pacto de gobierno progresista: un coste de 25.000 millones de euros