miércoles 28/7/21

Ley de Dependencia: un poco de historia para entender mejor lo que está pasando

Reflotar la ley de dependencia no es imposible o inviable. Requiere menos del 1% del PIB y en relación con el gasto actual, en torno a 5.000 millones adicionales

En estos días se ha estado conmemorando el décimo aniversario de la aprobación de la Ley de atención a la dependencia. El Presidente Rodríguez Zapatero ha tenido un protagonismo especial al respecto. Es lógico, al fin y al cabo fue su gobierno quien presentó el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados; iniciativa legislativa de gran trascendencia que vino a cubrir parcialmente un vacío importante en nuestro sistema publico de protección social.

Dicho esto, resultan un tanto maniqueos algunos de los mensajes que se han difundido en torno a la aprobación y aplicación de esta ley. Parece como si todo el merito lo hubiera tenido el gobierno de Rodríguez Zapatero y todos los problemas de su aplicación fueran responsabilidad de los sucesivos recortes (primero del propio Rodríguez Zapatero y sobre todo después por parte del gobierno de Rajoy). Y la realidad no es exactamente así.

Para empezar hay que recordar que fueron los profesionales y responsables políticos y administrativos del INSERSO quienes ya desde la aprobación del Plan Gerontológico en 1991, pusieron de relieve la urgente necesidad de desarrollar un sistema de atención a la dependencia de carácter publico y universal, señalando el retraso que llevaba nuestro país en relación a otros estados con niveles de envejecimiento similares al nuestro.

Durante toda la década de los 90 el INSERSO no paró de realizar estudios, jornadas, seminarios, publicaciones, etc. en torno a la dependencia, contando, entre otros, con el inestimable apoyo científico del Pr. Gregorio Rodríguez Cabrero. Incluso a mediados de esa década se elaboró un proyecto de ley. Los esfuerzos de los profesionales y responsables del INSERSO no obtuvieron eco alguno ni en los dos últimos gobiernos de Felipe González, ni en el primero de José María Aznar. Es verdad que políticos como Matilde Fernández, Amalia Gómez y Manuel Pimentel compartieron la opinión del INSERSO, pero se encontraron con la negativa de los respectivos Ministros de Economía y Hacienda, asustados por los costes que ello podría tener.

La campaña del INSERSO no cayó en saco roto. Las organizaciones de personas con discapacidad (en especial el CERMI), las de pensionistas (con el Consejo Estatal de Mayores) y cada vez un mayor numero de expertos y profesionales (Colegio de Psicologos, Consejo de Trabajadores Sociales, etc. empezaron a demandar con insistencia la aprobación de un sistema de dependencia.

Los sindicatos y sobre todo CCOO, desde el principio del siglo XXI asumieron la atención a la dependencia como un objetivo fundamental de la política social. Incluso CCOO presentó una propuesta legal al respecto. El acuerdo suscrito con el segundo gobierno de Aznar en abril del 2001, contemplaba por primera vez el compromiso de negociar una ley. No se cumplió.

Los sindicatos, las ONGs, expertos y profesionales, también organizaciones feministas, siguieron dando la batalla, logrando que en las elecciones del 2004 todos los partidos recogieran ese compromiso en sus programas. Aun y así, el nuevo gobierno de Rodríguez Zapatero al principio fue bastante renuente. Afortunadamente en el IMSERSO, tras cuatro años de degradación, de nuevo volvieron las posiciones progresistas a presionar. Por fin, en el año 2005 se abrió una mesa de negociación con los sindicatos, la patronal y el gobierno.

Las negociaciones no fueron fáciles. La patronal no estaba por la labor de establecer un sistema público y universal de atención a la dependencia. El gobierno estuvo muy titubeante. Y a los sindicatos la conjunción gobierno-patronal (ayudados desde fuera de la negociación por los partidos nacionalistas y bastantes responsables de las Comunidades Autónomas) nos metió un tremendo gol al excluir la dependencia del ámbito de la Seguridad Social, como pedíamos una desde los profesionales del IMSERSO hasta los expertos pasando por las ONGs. En mi opinión los Sindicatos no fuimos lo suficientemente firmes al respecto. Y era un tema crucial, ya que de ello dependía la garantía de financiación suficiente y estable.

La negociación terminó con un Acuerdo de las tres partes, que si bien estaba un tanto desvaído en temas cruciales, permitía preparar un buen proyecto de ley y también favorecer el apoyo del PP.

El proyecto de ley supuso un avance sobre el Acuerdo tripartito, pero mantenía serios interrogantes en cuanto a la financiación, al carácter universal y gratuito del derecho, en relación a la oferta de servicios, la coordinación sociosanitaria, el papel de la iniciativa privada, etc. La tramitación parlamentaria fue igualmente conflictiva. Con los nacionalistas amenazando con futuros recursos de inconstitucionalidad, las Comunidades Autónomas poniendo pegas, la patronal del sector de servicios sociales quejándose, etc. y el Ministerio de Trabajo vacilando mas de lo necesario. Afortunadamente hubo significativos respaldos para tirar hacia delante. Además de los responsables del IMSERSO (que por cierto “engañaron” al área económica del gobierno presentando una memoria económica del proyecto de ley bastante inferior a los datos reales, para que “colase” con más facilidad), de los Sindicatos y del CERMI, hay que resaltar el apoyo firme de muchas diputadas socialistas, de l@s parlamentari@s de IU-ICV y también de ERC (que en esta ocasión dio prioridad de la mano de Joan Tarda a la cuestión social sobre la identitaria).

Algunos pusimos de relieve que la ley encerraba sensibles carencias y sobre todo ambigüedades que iban a hacer difícil su adecuado desarrollo. Lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón.

Por tanto la ley, siendo sin duda un avance muy considerable, nació con notables limitaciones. Lo que no sabíamos cuando se aprobó la ley, es que esta iba a ser una de las primeras victimas de la política de recortes. ¡Tantos años esperando la ley y cuando se aprueba coincide con el inicio de la crisis!  

Sus carencias y ambigüedades fueron un perfecto caldo de cultivo para pasar la cuchilla y realizar sucesivos recortes. Las propias insuficiencias históricas de los servicios sociales de nuestro país hubieran exigido un esfuerzo adicional y paralelo en el impulso de los servicios sociales y ha sido al revés, la escasa financiación de la dependencia encima ha drenado los insuficientes recursos de servicios sociales.

Dos apostillas finales. La responsabilidad de la desfiguración de la ley de dependencia no es solo de los gobiernos de España (Rodríguez Zapatero y sobre todo Rajoy), es también en gran medida responsabilidad de la poca voluntad política de la inmensa mayoría de los gobiernos autonómicos, incluidos los del PSOE y muy en especial Andalucía, Canarias y Murcia. Así que alguna presidenta autonómica debería echarse menos flores al respecto y mirar los datos reales de la situación en su autonomía.

Por último, reflotar la ley de dependencia no es imposible o inviable. Requiere menos del 1% del PIB y en relación con el gasto actual, en torno a 5.000 millones adicionales. Por supuesto que es dinero, no voy a hacer demagogia frívola, pero es perfectamente asumible por el conjunto de las Administraciones Públicas, máxime teniendo en cuenta los inmediatos efectos que tendría en la creación de de decenas de miles de empleos estables y por tanto en un retorno parcial a las arcas públicas en forma de impuestos y cotizaciones.

En definitiva, menos celebraciones y mas compromisos concretos de TODAS las Administraciones Públicas para desarrollar el sistema de atención a la dependencia que necesita nuestra sociedad.

Ley de Dependencia: un poco de historia para entender mejor lo que está pasando