La ciudadanía de nuestro país no ha terminado de salir de la pandemia del COVID y se encuentra asolada por la desorbitada subida del coste de la electricidad. El malestar es profundo, creciente y generalizado. Por ello resulta sorprendente y preocupante que el Presidente del gobierno y su equipo mantengan una tremenda pasividad, ante una realidad que se veía venir desde hace muchos meses.
El gobierno haría muy mal en desestimar las consecuencias políticas que esta situación puede producir en la opinión pública y desde luego en el electorado, aunque en principio no haya elecciones a la vista.
El Presidente tiene que salir a dar la cara y ofrecer un Plan
No sirve para nada argumentar que en otros países de nuestro entorno la evolución de los precios está experimentando también una fuerte elevación o echar la culpa sin más a la mala evolución meteorológica, como cuando en tiempos de la dictadura se hablaba de “la pertinaz sequía”. Tampoco es de recibo hacer referencia a la herencia de los gobiernos del PP, cuando tras la moción de censura, ya hace tres años que asumió el gobierno el PSOE. Ni vale escudarse en los compromisos europeos o en la legislación comunitaria, cuando se sabe que hay evidentes márgenes nacionales para regular y gestionar el sistema energético.
No soy ni de lejos un conocedor suficiente de esta materia, pero me fio y mucho, de la opinión de expertos y excelentes gestores públicos de esos que no se pasaron después al sector privado, como Jorge Fabra (al que conozco desde mediados de los años 60) y que siendo claramente progresista no es ni mucho menos un radical simplista. Jorge ha puesto de manifiesto reiteradas veces algunos de los problemas estructurales del sector energético español y de la necesidad de afrontarlos a fondo y con decisión.
Pero yo querría hacer algunas consideraciones básicamente políticas.
Históricamente desde principios del siglo XX el sector eléctrico de nuestro país ha estado en manos de unas pocas familias de la alta burguesía, con estrechos vínculos con el sector financiero y desde luego con los sectores mas conservadores y reaccionarios. El franquismo les favoreció aun más y la democracia no se ha atrevido a ir demasiado lejos en regular con criterios menos oligárquicos un sector vital para las familias y las empresas españolas. Los dueños de las eléctricas han mandado y siguen mandando mucho y además han sido astutos y generosos con sus medidas de puertas giratorias.
Es cierto que en las últimas décadas se han tomado medidas de modernización para optimizar los recursos, racionalizar el intenso proceso de absorción de pequeñas y medianas empresas, así como para regular la implantación de las centrales nucleares. Todo ello ha redundado en la mejora del suministro, poder atender las crecientes demandas de un país más desarrollado y con mayor consumo de energía y desde luego en el crecimiento de los beneficios de las grandes empresas del sector.
Siendo positiva esa modernización, es más que evidente que no es suficiente y que si bien se ha ido pensando en aumentar la oferta, no se han preocupado en la evolución de los costes para la población e incluso se han utilizado las facturas de la luz para incrementar los ingresos públicos, más fácil (y mucho más regresivo) que hacer una reforma fiscal progresiva que nos equipare a los países mas avanzados de la Unión Europea.
Es cierto que no hay soluciones milagrosas y menos aún de la noche a la mañana. En mi opinión proponer la nacionalización del sector, como desde algunos sectores de la izquierda se defiende, puede ser peor aún, al menos a corto y medio plazo. Podría producirse un abandono desordenado y un deterioro inmediato de las infraestructuras y del suministro, habría que ver cómo, cuando, cuanto y con qué se pagaría al sector privado (pues no es imaginable una expropiación sin más) y además posiblemente abriría una nueva fuente de conflictos con los gobiernos autonómicos.
De lo que se trata es de tomar la decisión política de no continuar viéndolas venir. Elaborar un plan de medidas estructurales y de abaratar costes y presentarlo al Congreso de los Diputados bajo la fórmula de Real Decreto Ley para su urgente aprobación. Un plan con propuestas a corto, medio y largo plazo. Y si el gobierno no sabe, no puede o no quiere, pues que lo diga y tendremos que buscarnos a otros gobernantes. Pero lo que ya no es de recibo es el silencio, las vaguedades, las contradicciones o los parches.
Repito yo no tengo las soluciones concretas, no me dedico a eso y no tengo responsabilidades de gobierno. Pero tengo muy claro que los políticos son elegidos para resolver los problemas de la gente. El gobierno ha dado un buen ejemplo con la gestión bastante razonable de la lucha contra la pandemia. Ahora tiene que afrontar el mayor problema que tiene la población española, las familias y las empresas. Y no puede seguir con esta pasividad. El Presidente tiene que salir a dar la cara y ofrecer un Plan.