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jueves. 11.08.2022

La Constitución y su cumplimiento por los gobiernos

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Cuarenta años después hay quienes achacan a las insuficiencias, limitaciones y desfases de la Constitución todos o casi todos los males de la vida política, económica y social actual y exigen un nuevo texto o al menos una reforma en profundidad del mismo

El aniversario de la aprobación de nuestra Constitución ha dado lugar, una vez más, a comentarios y propuestas variopintas y que en ocasiones reflejan o que no se han leído la Constitución española o que no saben muy bien qué es y para qué sirve esta máxima norma reguladora de la convivencia democrática.

No me cansare de decir que la Constitución de 1978 fue un esfuerzo titánico para iniciar la creación de un nuevo estado democrático, progresista y solidario. Respondió a una correlación de fuerzas parlamentarias que, si bien numéricamente no era favorable a la izquierda, en aquellos momentos el pensamiento progresista iba más allá del ámbito de la izquierda, no solo en las Cortes, también en la sociedad e incluso en los medios de comunicación. Ello permitió que la UCD aceptara una redacción que en muchos artículos no encajaba con los principios del centro derecha, no en balde en la comisión redactora por parte de la UCD estaba Pérez Llorca, antiguo militante de la izquierda revolucionaria (FLP) y Herrero de Miñón, un conservador ilustrado y moderado, que ya en los primeros años 70 había tenido relaciones con dirigentes y militantes comunistas. Por parte del PSOE estaba Peces Barba, con profunda formación socialdemócrata. Miguel Roca, un nacionalista moderado, no independentista, representaba a CIU. Sole Tura era el portavoz del PCE, cuyo prestigio e influencia eran mucho mayores que los escasos 20 diputados comunistas.

Cuarenta años después hay quienes achacan a las insuficiencias, limitaciones y desfases de la Constitución todos o casi todos los males de la vida política, económica y social actual y exigen un nuevo texto o al menos una reforma en profundidad del mismo.

En mi opinión la raíz de los problemas de nuestra democracia no hay que buscarlos en la Constitución, sino en los gobiernos que se han sucedido en España desde 1978 hasta hoy, que no han querido desarrollar todo su potencial transformador y que no han dotado de los recursos económicos suficientes y adecuados para la aplicación normativa de la misma. A pesar de ello, el periodo 1979-1992 conoció una profunda transformación positiva de nuestro país, primero y brevemente con la UCD y después con las dos primeras legislaturas socialistas. También contribuyó a ese cambio el contar con un Tribunal Constitucional de talante mayoritariamente progresista, de gran valía técnica, que fue impulsando una aplicación avanzada, dando serios palos a los gobiernos, cuando realizaron interpretaciones regresivas de la Constitución. Nada que ver con el cada vez más conservador y técnicamente pobretón Tribunal Constitucional de los últimos 15 años.

Por tanto, podríamos tener una magnifica Constitución y una adulterada aplicación de la misma, si en nuestro país seguimos votando gobiernos poco dispuestos a garantizar su interpretación progresista y encima tenemos un órgano constitucional, derivado de esas mayorías parlamentarias conservadoras, que bendicen sin muchos reparos lo que proponen los gobiernos.

Por otra parte en los tiempos presentes, con una perdida en la sociedad española  de la hegemonía ideológica de los valores progresistas, con un PP cada vez más escorado hacia la derecha, con un partido como Ciudadanos que se auto considera centrista y que en muchos aspectos lo es, pero también con fuertes resabios centralistas y neoliberales, con un PSOE en el que la ideología socialdemócrata ha perdido mucha consistencia, con un nacionalismo catalán echado al monte, con una izquierda que se mueve entre el radicalismo y el escaso rigor de sus propuestas, con la inmensa mayoría de los medios de comunicación en posiciones conservadoras, no sería descartable que una reforma constitucional situara el nuevo texto legal a la derecha del actual o en el mejor de los casos mucho más desdibujado.

La izquierda política, sindical y social, cometeríamos un gravísimo error si abriéramos el melón de una amplia reforma constitucional, con cartas a los Reyes Magos y sin calibrar bien la correlación de fuerzas y las posibilidades reales para lograr consensos positivos.

Por tanto sería bueno fijar pocos pero decisivos objetivos de reforma y que en mi modesta opinión podrían ser los siguientes: reforma del Senado, reconocimiento del carácter de nación de País Vasco y Cataluña en el marco de España, constitucionalización de nuevos derechos sociales básicos como la atención a la dependencia, renta mínima de inserción y servicios sociales, el establecimiento de unos nuevos y estables criterios de financiación de las Administraciones Publicas (incluidas las Corporaciones Locales) y poco más, salvo la reforma de la reforma del art. 135.

Por supuesto son cuestiones decisivas y por ello muy complejas, sobre las que no va a ser nada fácil lograr un consenso mayoritario.

Pero, insisto, de poco servirá una reforma progresista de la Constitución, si es que se logra, si después no conseguimos gobiernos progresistas en nuestro país, que tengan voluntad y pongan medios para su aplicación.

La Constitución y su cumplimiento por los gobiernos