La derecha española no es democrática, pues lleva en su ADN sancionar aquello que le molesta. Por el contrario, en un sistema democrático, el derecho a la protesta conlleva, por encima de cualquier otra consideración, el derecho a molestar al poder.
Debemos reconocer, eso sí, su maestría en guardar las apariencias. Concurren a elecciones, pero sin ánimo de cumplir el programa electoral. Más bien al contrario, valiéndose de ese programa como señuelo con el que timar a millones y cumplir el “trámite de las urnas”, pues, a fin de cuentas, es la forma de acceder al poder político bajo el disfraz de demócratas.
Y especialmente reveladora ha resultado la actitud de la derecha frente a los escraches, ejercicio del derecho de manifestación que los tribunales de justicia han declarado ajustados a derecho.
A la derecha le duele el derecho de manifestación
Algunas bocas cínicas de la derecha cantan loas al “sagrado derecho de manifestación” y como prueba aluden a “oiga, las cuatro mil manifestaciones habidas en Madrid”. Pero estas pamplinas de hipocresía y saliva solo buscan revestirse de una legitimidad inexistente, toda vez que aluden a protestas domesticadas, a las que resulta fácil hacer oídos sordos. En suma, manifestaciones y protestas que no cumplen su fin originario: incordiar al poder y modificar normas y políticas manifiestamente lesivas.
Por ello, la decisión de algunos colectivos de protestar en los alrededores del domicilio o del lugar de trabajo de diputados y senadores ha generado un enconado debate. La consustancial hipocresía de la derecha le impide declarar la verdad: nos molesta, y como nos molesta, lo prohibimos. Por ello han vuelto a disfrazarse de argumentos. En concreto, dos. El primero, presentar los escraches como una “forma inadmisible de coacción que coarta el derecho al voto del parlamentario”. El segundo argumento, más inconsistente todavía, presenta los escraches como una “vulneración del honor, la intimidad y la vida familiar”. Aquí, la instrumentalización de los menores ha resultado vomitiva.
En realidad, el «escrache» (ejercido de manera pacífica y sin armas) no constituye más que una variante de la libertad de expresión y del derecho de reunión y manifestación. Ambos derechos gozan de cobertura constitucional e internacional pero si lo anterior no bastara, nos encontramos ante libertades preferentes, como recuerda una dilatada jurisprudencia. Es decir, derechos que merecen una especial protección. Los poderes públicos, por consiguiente, solo pueden restringirlos de manera excepcional y con razones fundadas.
La posibilidad de que ofendan o perturben no es una de ellas y el “argumento” cuartelero de “garantizar otros derechos” resulta inadmisible, toda vez que suele tratarse de derechos subsidiarios al de manifestación o huelga.
El derecho a molestar al poder
Como ya se expuso, en un sistema que se pretenda democrático, el derecho a la protesta es, sobre todo, es el derecho a molestar al poder.
Y este alcance del derecho es aun mayor en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando la protesta procura hacer visible una situación de vulneración grave y persistente de derechos básicos. El caso de los sistemáticos abusos de la banca constituye un ejemplo diáfano. O cuando quienes la ejercen son colectivos en situación de vulnerabilidad o solidarios con estos, cuya voz se encuentra infrarrepresentada en el espacio público.
Hablamos, por tanto, de reacciones desesperadas ante políticas que, según la propia ONU y el Tribunal de Luxemburgo, han vulnerado de manera repetida derechos básicos de miles de familias. Muchas de ellas con niños, por cierto.
Y se plantean, además, una vez agotadas otras vías institucionales, ante la inacción reiterada del gobierno, el parlamento y el propio TC. Y, no menos importante, vienen impulsadas por colectivos sin fuerza para contrarrestar la constante presión que sobre las instituciones ejercen bancos y grandes promotores. Huelga aclarar que mientras se persigue sancionar con dureza a quienes protestan, las irregularidades y crímenes de bancos y grandes promotoras suelen quedar impunes. Por no hablar de la miserable labor de ganapanes de uniforme que se prestan a reprimir a las víctimas de esos colectivos.
La ley de represión ciudadana o la dictadura encubierta
Dado que a la derecha cada vez que le resulta más arduo engañar, se ha visto obligada a utilizar su arma tradicional: la represión. De ninguna otra manera puede calificarse una ley que, en lenguaje orweliano, se etiqueta de “seguridad ciudadana”.
Tras examinar el articulado solo puede entreverse un fin: amedrentar a los ciudadanos que se resistan a ser robados mediante privatizaciones, demolición de derechos, bajadas de sueldos, despidos arbitrarios, etc. En román paladino: si Vd no se deja robar, le arruinaremos mediante multas desproporcionadas y ante las que no podrá ejercer ninguna defensa eficaz.
Así, la razón por la que la actual dictadura española se vale de la vía administrativa es elemental: eludir los controles y garantías judiciales.
Lamentablemente, en la vía gubernativa, la Administración es juez y parte. Puede denegar las pruebas que proponga el denunciado (y las denegará) sin que haya lugar a amparo judicial. Una vez impuesta la sanción desproporcionada (que la impondrá) pese a las alegaciones del denunciado, tiene la potestad de ejecutar la sanción. Esto incluye embargo de cuentas corrientes, pisos, nóminas, etc.
Ante este atropello, al ciudadano solo le queda sufrir el expolio y, además, pagar unas tasas elevadas para acudir a la vía contenciosa amén de contratar abogado y procurador. Le han infligido el mal y, además, debe sufragar esos gastos. En el mejor de los casos, pasados unos años, puede ser restituido. O no. Pero la Administración está exenta del pago de costas. Le sale gratis el perjuicio, el abuso.
Es decir, con la cobertura hipócrita de una ley, se pretende inocular el terror en la ciudadanía, el pánico ante sanciones exacerbadas contra las que no cabe defensa inmediata. Se persigue, sin más, que los ciudadanos no protesten, que se dejen expoliar por los golfos de la banca, la gran patronal, la alta política… y si protestan (fuera de vías ex profeso domesticadas para resultar inoperantes) aplastarlos bajo el peso de leyes injustas y fuerzas represivas impunes.
En suma, nos encontramos ya en una dictadura que, rindiendo culto a la hipocresía consustancial de la derecha, se reviste de formas democráticas para perpetrar lo de siempre: robar al pueblo y reprimirlo cuando se queja. Solo nos resta esperar las sanciones y escuchar el ruido de botas en la escalera… les estaremos esperando, que no les quepa duda.