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miércoles. 28.09.2022

Ni un minuto que perder ante el pandemónium de la deslegitimación

casado

(Casado, entre la censura y su gobierno B).

“Todos hablaban a la vez, insistentes y contradictorias sus voces, convirtiendo lo irreal en posible, luego en probable, después en hecho incontrovertible, como hace la gente al transformar sus deseos en palabras.”
William Faulkner.


Han vuelto de vacaciones y en el Partido Popular han tomado dos decisiones, en apariencia contradictorias. Han relevado a su portavoz parlamentaria y han anunciado un nuevo plan B frente a las medidas de coordinación y apoyo del gobierno a las CCAA en la actual fase de rebrotes y de una, aunque todavía parcial, trasmisión comunitaria de la pandemia.

Contradictorias, porque la sustitución de la señora Álvarez de Toledo por la señora Gamarra, les pareció a algunos medios un mensaje de moderación, aparte de la obvia recuperación de la cohesión del grupo parlamentario con la ejecutiva del PP, tras varios desencuentros tanto orgánicos como políticos.

Una moderación que parecía además necesaria y conveniente, al menos a tenor de los buenos resultados electorales de la moderación del PP en Galicia, a diferencia del fiasco del nuevo experimento constitucionalista del tándem Casado-Álvarez de Toledo- Iturgaiz en su alianza con Ciudadanos en Euskadi.

También porque hace tan solo unos días, el ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos han acordado, con un consenso inédito, lo que se ha dado en llamar un 'paquete de actuaciones coordinadas' para toda España ante el incremento de los brotes y la transmisión comunitaria, en particular CCAA como Cataluña, Aragón, Euskadi o Madrid.

Tampoco hay que olvidar que una vez finalizado el confinamiento prematuramente, más por la fuerza de la oposición y la opinión pública que de buen grado, en una precipitada desescalada; tanto el decreto de nueva normalidad como los documentos de respuesta sanitaria temprana y de apertura de curso, habían contado con el apoyo de una amplia mayoría, no solo política sino también territorial.

Sin embargo, no ha pasado ni tan siquiera una semana y el presidente del PP ha vuelto a la línea del catastrofismo y la impugnación global por supuesta inacción del gobierno de coalición y a presentarse como alternativa de gobierno al que considera un vacío de liderazgo y el descontrol de la pandemia.

Más que un programa y gobierno en la sombra al estilo anglosajón, se trata de hacer sombra y seguir cuestionando la legitimidad del gobierno.

Esta vez, una deslegitimación de ejercicio, que va desde la exageración de los tintes más dramáticos de la pandemia, en una reedición de la estrategia anticonfinamiento, hasta la atribución de toda la responsabilidad al gobierno central por omisión.

Todo ello, aderezado por una serie de descalificaciones personales de corte populista sobre los días de veraneo del presidente Sánchez, para no dejar con ello siquiera un resquicio al conocido y tóxico modelo de oposición de la extrema derecha, que ha ido del escrache virtual al aliento al escrache más personal.

Para denunciarlo, Casado ha convocado a los gobiernos del PP en las CCAA al objeto de fijar la posición común y el mando único que, a su parecer, le falta al gobierno, precisamente un día antes de la reunión de los ministerios de Sanidad, Educación y Política Territorial con sus homólogos de las comunidades autónomas, en que prácticamente se han vuelto a ratificar las medidas consensuadas desde el mes de junio.

Por eso, en la línea ya marcada con sus dirigentes autonómicos ha vuelto a echar en cara la tardanza y la falta de voluntad del gobierno central en asumir sus responsabilidades, liderando la exigencia inviable de una posición homogénea y un mando único ante la actual situación de elevada incidencia de la pandemia.

Ignorando con ello el carácter compuesto del modelo autonómico de Estado y las competencias de gestión en sus propios gobiernos de las CCAA en materia sanitaria y educativa. Olvidando también sus invectivas contra el mando único y el estado de alarma, por usurpación de competencias y autoritarismo, en el periodo de confinamiento.

Lo dicen también, sin que se les mueva un músculo de la cara, cuando después de dos meses de la aprobación de las propuestas acordadas con el gobierno central para las etapas educativas y la universidad y del denominado plan de prevención, ellos todavía no han presentado los correspondientes protocolos para la apertura de curso en sus respectivos territorios.

En definitiva, una vuelta de vacaciones en tromba a la estrategia de deslegitimación y desestabilización del Gobierno, que parecía haber abandonado en favor de la moderación desde el decreto de nueva normalidad, solo interrumpida por las breves apariciones veraniegas para afear a su vez el veraneo al presidente del Gobierno y por la retórica institucional en defensa de la monarquía de Felipe VI y contra el republicanismo, sin decir una palabra del extrañamiento del rey emérito y de sus posibles causas.

Ahora, vuelve la confrontación, si es que alguna vez se había ido, al rebufo de la moción de censura de Vox, que el PP no votará pero de cuyo contenido y a veces de cuyas formas no parecen ser capaces de distanciarse. Y con ello, parece que se rompe el espejismo de un esperado acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, así como la ficción de un acuerdo presupuestario amplio ante la situación de crisis e incertidumbre.

No es casual que Pablo Casado vuelva al plan B, que ya fue la excusa para desmarcarse del apoyo a la continuidad del estado de alarma

No es casual que Casado vuelva al plan B, que ya fue la excusa para desmarcarse del apoyo a la continuidad del estado de alarma. Ahora, para eludir la responsabilidad de sus gobiernos autonómicos y para desmarcarse de cualquier colaboración en la actual fase de control de la pandemia.

Cabe preguntarse si la estrategia de zigzag y la contradicción permanente son la esencia de la oposición 'marca Casado', o se trata por el contrario de una rectificación en razón a las nuevas circunstancias. Si inicialmente la deslegitimación de origen pareció funcional para derrocar a un gobierno frágil en medio de la tormenta de la pandemia. Y más tarde fue el giro hacia la moderación ante el final del confinamiento y la resiliencia del Gobierno. Ahora, con el nuevo curso, volvería la estrategia de confrontación al calor de la nueva ola pandémica, unida a la judicialización de la vida interna de UP y las consiguientes dificultades de la coalición de Gobierno, y sobre todo, de la compleja y difícil gestación de una mayoría presupuestaria.

En todo caso, el gobierno no tiene un minuto que perder. En relación a los rebrotes y la ola pandémica, no bastaría tan solo con el reparto de responsabilidades y el apoyo a las CCAA, es preciso avanzar con decisión en la llamada gobernanza de la pandemia, reforzando el debilitado consenso científico y también mejorando sustancialmente la transparencia, la comunicación y la participación públicas.

Si no lo estaba, hace tiempo que ya está claro que la pandemia va por barrios y por clases sociales, afectando a los más frágiles y vulnerables. El impacto sobre la ya grave desigualdad de partida está siendo notable, a pesar de los ERTE y de medidas como el ingreso mínimo vital. En este sentido, la superación de las dificultades de gestión que limitan gravemente su eficacia, deben ser una prioridad absoluta para el gobierno de izquierdas.

La vuelta a las clases y al trabajo es otro reto que no puede quedar solo en manos de las CCAA. El gobierno, aparte de la coordinación y el apoyo a las medidas de gestión autonómica en educación, sanidad o servicios sociales y de dependencia, debe hacer un ejercicio de liderazgo compartido, más allá del ámbito de sus estrictas competencias, adentrándose en el terreno inexplorado de los determinantes sociales como el empleo precario e informal, el transporte colectivo y los barrios degradados.

Por otra parte, el gobierno no se puede permitir que la lógica pluralidad política y de proyectos, se convierta ante cualquier embate en un mero cierre de filas, pero mucho menos en diferencias públicas sobre la gestión en temas tan delicados como la apertura de curso o sobre la lucha por la regeneración democrática. La legítima estrategia de defensa jurídica no puede estar reñida con la explicación pública.

El compromiso y la lealtad interna son la premisa básica para una apertura a los necesarios acuerdos transversales con el objetivo de la renovación de las instituciones y sobre todo cara al próximo presupuesto, sin el cual la legislatura se pone muy cuesta arriba.

Es cierto que la situación en Cataluña, con decisiones judiciales y unas elecciones en perspectiva no facilita el diálogo político y tampoco la recuperación inmediata de la mayoría de investidura.

Por eso hay que reforzar la estabilidad y la confianza interna en el Gobierno para hacer posibles la anunciada gobernanza y también los imprescindibles acuerdos de geometría variable que eviten el bloqueo y la degradación de la vida política y de la confianza ciudadana. Se trata de credibilidad frente a deslegitimación.

Ni un minuto que perder ante el pandemónium de la deslegitimación