Hay que aumentar el peso de la industria en nuestro tejido económico. Por muchos motivos. Para empezar, porque los países y regiones con más industria tienen menos paro
Alcoa, multinacional norteamericana del aluminio, ha anunciado el cierre de sus plantas en A Coruña y Avilés. Poco después de que otra multinacional, en este caso de energías limpias, Vestas, acabe de cerrar su empresa en León. Todo ello en el contexto de un nuevo acuerdo del sector minero.
La reacción de las instituciones gallegas, asturianas y del Gobierno central ha sido de sorpresa ante una decisión tomada sin aviso previo, sin espacio, sin tiempo y ni siquiera voluntad para la negociación.
La pregunta no es solo sobre el futuro de más de setecientos puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos, es además si nos encontramos en los prolegómenos de una tercera reconversión industrial, sin que hayamos salido todavía de la segunda, generada por la crisis financiera y la explosión de la burbuja inmobiliaria, de las que a pesar de la frágil recuperación económica seguimos arrastrando las debilidades estructurales de nuestra industria: su escasa dimensión, los altos costes energéticos y la deficiente incorporación de las innovaciones tecnológicas.
A todo ello, la única política industrial de los sucesivos gobiernos sigue siendo, desde la primera reconversión de los años 80, la que no existe ni se la espera.
La España democrática de 1978 heredó del franquismo una estructura industrial obsoleta. El PSOE procedió a una drástica reconversión limitada con contadas excepciones al recorte de capacidad industrial, el cierre de factorías y el inicio de las privatizaciones, entre otras en la industria naval y la siderurgia, que supuso la práctica desaparición de la industria pública. Más tarde, el PP abandonó toda política industrial a finales de los 90, a lomos de la burbuja inmobiliaria.
En otros países de Europa, hace tiempo que soplan otros vientos que deberían traspasar los Pirineos. Alemania moviliza su industria 4.0 con fábricas de alta conectividad. Francia ha optado por una política defensiva del empleo, con una inversión de 10.000 millones de euros para impulsar la innovación, la digitalización, la transición ecológica y la creación de semilleros industriales en las comarcas en crisis, bajo el lema de la Nueva Francia Industrial. Y hasta Theresa May resucita la política industrial británica tras decenios de liberalismo en el Reino Unido. A escala internacional, China ha puesto en marcha su Plan Made in China 2025 para convertirse en el motor mundial de la innovación.
La UE, por su parte, se ha propuesto incrementar el peso de la industria en el PIB europeo, del 16% actual al 20% en 2020. El punto de partida no es favorable en España, con excepción de algunas regiones de tradición industrial como Navarra, Euskadi, Cataluña o Asturias, esta última gravemente amenazada si prosiguen los cierres y la descarbonización exprés sin una transición energética viable y pactada.
El proceso de desindustrialización en España ha alcanzado niveles preocupantes por su impacto negativo en el empleo de calidad, los salarios y rentas, la demanda y el consumo, la I+D, el valor añadido, la productividad, el comercio, la exportación y, sobre todo porque debilita la cohesión social y el equilibrio territorial de nuestro país.
En estos momentos, la Comisión Europea diseña una estrategia negociadora defensiva frente al Brexit y frente al proteccionismo nacional preconizado por Donald Trump y los sectores populistas europeos. Apuesta “por un crecimiento inteligente, duradero e inclusivo”, basado en la integración industrial europea, la digitalización, la automatización, la garantía de suministro de energía y de materias primas, la independencia en medios propios de transporte aéreo, terrestre y marítimo, la modernización ferroviaria, la seguridad de las redes europeas de transporte y comunicación, ecosistemas de innovación, redes inteligentes, nuevas tecnologías, incluida la espacial, el apoyo financiero a las start-up y scale-up para su proyección internacional, la defensa de los intereses comerciales de exportación en un marco de reciprocidad, la lucha contra el “dumping” social, así como el apoyo a la competitividad de la industria siderúrgica europea.
La denominada Cuarta Revolución Industrial (4RI) comprende un conjunto amplio de tecnologías de naturaleza disruptiva para los procesos, productos y modelos de negocio de la industria tradicional que requieren una mejora de sus niveles de digitalización, inteligencia artificial, innovación, formación profesional evolutiva y talento.
Un pacto de Estado urgente para la Industria
Preocupados por la deriva de la industria, los sindicatos reclaman hace más de una década un Pacto de Estado por la Industria y un Marco Estratégico, la creación de un organismo gubernativo que coordine el Plan y una comisión en el Congreso que garantice su desarrollo y el marco legal. Pero como la política industrial es transversal, el Gobierno debiera profundizar en la coordinación con las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Industria y PYME, garantizando su participación en la elaboración de la Estrategia Industrial 2030, que incluya la elaboración de una nueva Ley de Industria en sustitución de la actualmente vigente de 1992.
Hay que aumentar el peso de la industria en nuestro tejido económico. Por muchos motivos. Para empezar, porque los países y regiones con más industria tienen menos paro. Además, porque los países y regiones con más industria exportan más (el 80% de las exportaciones de la UE corresponden al sector industrial). En los países y regiones con más industria se invierte más en I+D (el 80% de la inversión privada en I+D se concentra en este sector); hay más empleo de calidad (menor temporalidad); crece más la productividad (un 9% más que en el conjunto de la economía) y, por tanto, los salarios; por último, porque la renta per cápita es superior en los países o regiones industrializadas.
El Gobierno y las CCAA tienen la responsabilidad de facilitar el acceso de las empresas a los programas de ayudas y subvenciones de inversión, innovación tecnológica y expansión comercial estatales, autonómicos y europeos, estos últimos cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco Programa Operativo FEDER 2014-2020.
La amenaza de cierre de las plantas de Alcoa en Asturias y en Galicia ha vuelto a poner sobre el tapete la ausencia de una regulación clara de las inversiones industriales internacionales en España. En el marco imparable, pero también regulable, de la globalización, el capital extranjero puede actuar como catalizador de la inclusión de empresas nacionales en redes internacionales de producción. Pero no es de recibo que las transnacionales reciban millones de euros en subvenciones públicas sin que se les impongan unas obligaciones en materia de permanencia y unas condiciones de negociación con los trabajadores y con los poderes públicos en caso de rescisión, cierre o traslado de la empresa.
En los años 80, plagiando al economista de Chicago Gary Becker: “The best industrial policy is none at all”, un ministro de Industria del primer Gobierno de Felipe González hizo famosa la frase: “la mejor política industrial es la que no existe”. Hoy, sin embargo, aquella muerte anunciada resurge de sus cenizas y proclama que la mejor política industrial es la que sí existe. No es una cuestión de nostalgia. Es una cuestión de porvenir.