La economía española sigue creciendo a buen ritmo, un 0,8% en el primer trimestre de 2016, y suma ya nueve trimestres seguidos en ascenso. En tasa anual, el incremento del PIB se sitúa en el 3,4% y dobla, como a lo largo del año 2015, el crecimiento medio de la eurozona. Llevamos meses sin Gobierno y ese tiempo que nos hemos ahorrado en pomposas declaraciones atribuyéndose los buenos datos. La segunda recesión de la eurozona queda atrás y pese a los muchos nubarrones que amenazan a la economía mundial no parece que en el horizonte inmediato vuelva a presentarse, por tercera vez en esta aún inacabada crisis, el fantasma del decrecimiento.
No se nota, sin embargo, que el crecimiento económico sirva de algo a la gente que ha sido duramente golpeada por la crisis. Hay muchas dudas sobre la capacidad de los líderes políticos para resolver los graves problemas de la economía española, pero esta vez la ciudadanía sabe que el voto puede ahorrarnos otro Gobierno de Rajoy durante otros cuatro años.
Nuevas elecciones con una economía que sigue creciendo
Las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional de abril de 2016 rebajaron en unas décimas las proyecciones previas, pero siguen situando las previsiones de crecimiento de la economía española en unos notables 2,6% en 2016 y 2,3% en 2017. La economía española seguirá creciendo por encima de su potencial, que se ha reducido a causa de la crisis y las políticas de austeridad. Pero el crecimiento no arregla los problemas. Con el nuevo modelo de crecimiento que se está asentando seguirá mucha gente sin empleo y aumentará el número de personas con empleos precarios y mal remunerados. Se está consolidando una especialización inadecuada en actividades muy expuestas a la competencia exterior y de bajo valor añadido que exigen trabajos mal remunerados y con mínimos derechos. Y así se extreman las desigualdades en la distribución de la renta.
Hace falta impulsar un nuevo régimen de crecimiento que facilite la inversión y la modernización productivas, incremente la productividad global de los factores y favorezca al tiempo la mejora de la rentabilidad y de las condiciones de vida de la mayoría social. Hace falta una reforma del sistema financiero que sostenga los proyectos de inversión a largo plazo, frente a la actividad especulativa a corto, y un redespliegue del ahorro hacia inversiones intensivas en empleo que permitan la transición hacia una economía baja en carbono, impulsen la creación de empleo y contribuyan a reducir paulatinamente, sin daños productivos y sociales mayores, los graves desequilibrios de las cuentas públicas y exteriores.
Frente a un crecimiento que no soluciona los problemas, no vale un decrecimiento abstracto que tampoco permite ningún arreglo. Hay que entrar en los detalles. Y esos detalles dependen en gran parte de si se cuenta con un Gobierno y unas instituciones europeas que en lugar de ser obstáculos, como hasta ahora, sean parte de la búsqueda de soluciones: un buen Gobierno de España comprometido con los intereses de la mayoría social y dispuesto a atender las demandas y necesidades del conjunto de la ciudadanía; y otra Europa en la que sean efectivos los principios de solidaridad y cohesión.
Hay una inquietante situación del mercado global caracterizada por diferentes rasgos: demanda anémica, inversión átona, riesgos de inestabilidad financiera acentuada por la fragilidad bancaria y la volatilidad de los mercados, a las que hay que sumar el desafío climático. Y a pesar de advertir un agravamiento generalizado que afecta a todas las grandes regiones económicas del mundo, el escenario central de las previsiones del FMI sigue siendo de un crecimiento del producto mundial ligeramente por encima del 3% en 2016 y 2017, salvo casos aislados (Rusia, Brasil y otros países de América Latina) que ya están en situación de decrecimiento. No hay, por tanto, previsiones de colapso. Ni siquiera de recesión, tras incorporar en los modelos de prospección los riesgos e incertidumbres que ya están presentes, incluida la nueva oleada de recortes que nos reclama Bruselas.
Las proyecciones del FMI no son palabra de Dios y pudiera ser que la inquietante situación de la economía mundial dé al traste en próximos meses con una expansión del producto mundial y, de paso, con el diferencial de crecimiento que refleja la economía española respecto a sus socios de la eurozona, pero el escenario o la hipótesis más probable sigue siendo el de mantenimiento de la reducida expansión de la economía mundial y un mayor crecimiento de la economía española que la media de nuestros socios de la eurozona. Aunque en minoría, no son pocos los economistas de muy diferente inclinación política o escuela económica que vienen anunciando una nueva explosión de la economía mundial y la tercera recesión de la eurozona. En algún momento, otra crisis les dará la razón, pero va a ser poco probable que sea en 2016. Ni tampoco en 2017, por mucho que el factor tiempo añada sordina e incertidumbre al pronóstico de crecimiento que avalan los principales centros de prospección económica de todo el mundo.
Cuesta en los ámbitos de las izquierdas reconocer esta situación de relativa bonanza económica. Quizá porque la campaña electoral en la que estamos inmersos desde finales del año pasado contribuye a que se carguen las tintas en el dibujo de la situación socioeconómica y se presente con sombras apocalípticas, como un túnel sin salida en el que la pobreza y el paro afectan a la inmensa mayoría. El problema es que ese dibujo es demasiado burdo y no concuerda con el crecimiento del producto ni con la vida real de la mayoría. O precisando un poco más solo refleja las penurias del 30% de la población, 13,5 millones de personas afectadas en poca o gran medida por el paro, los empleos precarios, las rentas menguantes que no permiten llegar a fin de mes o pagar medicinas, hipotecas, electricidad, matrículas universitarias… y que sienten como se prolonga una situación que ya tiene mucho de insufrible.
Sin embargo, también existe otro 20% de la población española, 9 millones de personas a las que la crisis y las políticas de austeridad lejos de haber ocasionado una reducción de los ingresos de sus hogares los siguen aumentando, ya que están en condiciones de acaparar las nuevas rentas que genera el crecimiento del PIB. Y entre ambos extremos, la mitad de la población, con diversos rasguños y golpes varios, con unas unas condiciones de vida que, en lo esencial, se mantienen; pero que viven con zozobra y temor la amenaza de ser despedidos, verse obligados a emigrar, sufrir nuevos recortes en sus salarios, derechos laborales, pensiones y bienes públicos o inacabables procesos de incorporación al mercado laboral. Este dibujo, todavía muy impreciso pero más ponderado que el anterior, explica parte de los motivos por los que el PP es y seguirá siendo el 26-J el partido más votado y, por mucho que nos extrañe, el partido más trasversal en función de la adscripción social y el nivel de rentas de sus votantes. Pese a toda la corrupción que supura y a una gestión de la crisis tan errónea, injusta y desequilibrada a favor de los sectores sociales más poderosos, el PP está en condiciones, según todas las encuestas, de lograr el 26-J en torno al 30% del total de los votos emitidos y repetir como partido más votado.
Las personas interesadas en completar, colorear y precisar la intensidad y desigual distribución de los impactos sociales provocados por la crisis y las políticas de austeridad tienen a su alcance en Internet mucha información y análisis contrastables de buen nivel. Es muy recomendable, por ejemplo, consultar de primera mano la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, publicada el 24 de mayo. También, el documento “Distribución de la renta, crisis económica y políticas redistributivas” de Francisco J. Goerlich, publicado el pasado mes de abril por la Fundación BBVA. En cuanto a la previsión de los resultados del 26-J conviene empezar por conocer los de las recientes elecciones del 20-D y su distribución entre las diferentes opciones electorales por edades, sexo, tamaño de la ciudad, clase social, nivel de rentas y estudios y otras variables. Es muy ilustrativo el análisis que realiza Kiko Llaneras, “El CIS evidencia la brecha entre votantes de nuevos y viejos partidos”, en EL ESPAÑOL del pasado 8 de mayo.
Nuevas elecciones que obligarán a pactar y hacer concesiones
Lo que no fue posible tras el 20-D, ni demasiado recomendable dadas las restricciones impuestas a las alternativas que se pusieron encima de la mesa, va a ser obligatorio tras el 26-J. Las principales opciones electorales mantienen que salen a ganar el 26-J, cuando saben a ciencia cierta que ninguna tiene ninguna posibilidad de lograr la mayoría absoluta y van a verse obligados a pactar, sea para lograr una mayoría parlamentaria suficiente para gobernar o para permitir un Gobierno en minoría. La vieja política tiene las raíces muy profundas y subsiste la pretensión de no explicar con quién, con qué resultados y en qué condiciones estarían dispuestos a pactar. Especialmente en el caso del PSOE, sobre el que pivotará cualquier posibilidad de pacto, ya que tiene mayores opciones de alcanzar acuerdos a derecha o izquierda. Paradójicamente, ese mayor abanico de posibilidades de pacto ha sido trasformado por los propios dirigentes socialistas en su mayor enemigo y, sin desconsiderar la posibilidad real de un nuevo batacazo electoral, es la más importante fuente de fragilidad del PSOE: cualquier movimiento en una u otra dirección añadirá incertidumbre a su futuro, debilitará sus señas de identidad e implicará elementos de ruptura con una parte de su base electoral.
El debate y la explicación sobre las preferencias de futuros pactos eran innecesarios en un escenario marcado por el bipartidismo y la alternancia, pero ahora, con el nuevo mapa electoral, deberían ser imprescindibles. Más aún cuando, en esta ocasión, a la segunda va la vencida. No habrá más rondas ni oportunidades hasta dentro de unos años.
Esta vez, las confluencias vinculadas a Unidos Podemos tienen ciertas posibilidades, pequeñas pero no mínimas, de formar parte del Gobierno de España y ponerlo al servicio de la mayoría social. No van a poder hacerlo solos, contando exclusivamente con los votos propios. En ninguno de los escenarios posibles.
Una parte del trabajo de la campaña electoral de Unidos Podemos pasa, necesariamente, por asentar y ampliar los buenos resultados obtenidos el 20-D en las grandes ciudades, entre votantes de menos de 45 años y en los sectores sociales con relativamente altos niveles de estudio y renta, donde ya se produjo hace unos meses el sorpasso al PSOE y, cuidado, también al PP. Pero, para empujar el cambio y hacerlo posible el 26-J, hay que ampliar el reducido apoyo electoral entre los sectores sociales de baja renta (entre 600 y 1.200 euros mensuales por hogar) y en la España despoblada del interior (especialmente, en pueblos y ciudades de menos de 10.000 habitantes), donde la búsqueda de seguridad y certidumbres ha conducido mayoritariamente el voto hacia los viejos partidos que conformaron el desaparecido sistema bipartidista.
En la España despoblada, empobrecida y envejecida del interior, la tarea de esclarecer hasta qué punto la búsqueda de seguridad y estabilidad de sus habitantes es incompatible con la corrupción organizada y con las políticas de austeridad debe descansar, porque no hay mejores medios, en la presencia amable y tranquila en televisión de los principales líderes de Unidos Podemos.
En el resto del territorio, la labor cercana de la gente convencida de las posibilidades del cambio entre las personas próximas va a resultar también esencial. Es imprescindible comprender bien que la tarea primordial no es superar al PSOE en votos o en escaños, sino reforzar el rechazo a la corrupción, a los recortes y las políticas de austeridad y debilitar las opciones de los que apuestan por su continuidad a través de alianzas que incluyan a Rajoy y al PP. Sería conveniente que los buenos modos desplazaran en esa tarea de proximidad al verbalismo y a la inclinación por presentar los dilemas en términos de todo o nada. Los argumentos razonados y, cuando sea posible, el humor tienen que sustituir a la crispación, la ironía o el sarcasmo, que generan tensiones y conflictos innecesarios, dividen y alejan tanto como las acusaciones gratuitas y los exabruptos. Y lo que vale para las personas que se conocen de forma ocasional es aún más válido para las más próximas. Especialmente, entre los compañeros y compañeras que han vivido intensamente las negociaciones para lograr la confluencia y han sufrido de primera mano tensiones y desencuentros que han podido sentir como menosprecio.
Estamos a menos de un mes del 26-J. Existe la oportunidad de desplazar al PP del Gobierno de España, alejarse lo máximo posible de las políticas de austeridad que asfixian a la economía española y afectan gravemente a buena parte de la ciudadanía y proteger de forma efectiva a los sectores vulnerables y empobrecidos. Pero esa oportunidad pasa, necesariamente, por los pactos y las concesiones entre el PSOE y Unidos Podemos.
Los fundamentos de esa segunda oportunidad no se comienzan a construir el día 27 de junio, sino hoy. Y para ello son tan imprescindibles líderes templados en sus declaraciones y movimientos tácticos como la labor de miles de personas dispuestas a hacer un buen trabajo para que las reivindicaciones de la mayoría social lleguen a buen puerto, no tengamos que soportar cuatro años más a Rajoy y su tropa y las instituciones del Estado se pongan de una vez, como debería ser siempre en democracia, al servicio de la mayoría social. El objetivo vale la pena y lo mejor de todo es que esta vez se puede lograr.